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Desde la Revolución Húngara de 1956, el país ha servido como ejemplo de los peligros de la reforma política en los estados unipartidistas. Tras la derrota de Viktor Orbán en las elecciones parlamentarias húngaras del mes pasado, esta lección vuelve a ser objeto de reflexión por parte de las potencias autocráticas del mundo, especialmente China.
La historia comienza hace 70 años con el «Discurso Secreto» de Nikita Khrushchev, pronunciado en una sesión a puerta cerrada del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En ese discurso, Khrushchev denunció a Stalin, condenando el culto a la personalidad de su predecesor, sus brutales purgas y su falta de preparación ante la invasión nazi.
Supuestamente pronunciado en secreto, el discurso se filtró rápidamente, causando conmoción en los países del Bloque del Este, entonces bajo el dominio del Kremlin. La idea de que Stalin, el emblema del poder absoluto, pudiera ser atacado por uno de sus propios seguidores despertó esperanzas de nuevas posibilidades políticas.
El efecto fue particularmente dramático en Hungría. Un club de debate de Budapest llamado Círculo Petőfi —en honor al poeta que ayudó a inspirar la Revolución Húngara de 1848-1849 contra el Imperio Austrohúngaro— había sido fundado en 1955 por la Liga de la Juventud Comunista como un espacio controlado para discusiones moderadas sobre reformas. Tras el discurso de Jruschov, los miembros del grupo comenzaron a plantear preguntas más radicales.
En debates que congregaron a miles de espectadores, los participantes criticaron al líder estalinista húngaro, Mátyás Rákosi, y exigieron libertad de prensa, reformas económicas, rehabilitación política y reparación para las víctimas de las purgas. Esto contribuyó a generar una amplia oposición al régimen soviético. En cuestión de meses, las protestas estudiantiles se transformaron en la Revolución Húngara de 1956, un movimiento nacional que buscaba la independencia efectiva de la Unión Soviética. Finalmente, Jruschov envió tropas para sofocar la revuelta.
El presidente del Partido Comunista de China (PCCh), Mao Zedong, observaba con creciente inquietud los acontecimientos en Budapest, dadas las incómodas similitudes entre él mismo y la versión de Stalin que Jruschov había rechazado. Preocupado de que una desilusión similar pudiera estar gestándose en China, Mao lanzó la Campaña de las Cien Flores en 1956, creando un espacio para que los ciudadanos expresaran sus quejas y sugirieran mejoras sin amenazar la legitimidad del PCCh.
Los resultados de la campaña conmocionaron a Mao. En lugar de una válvula de escape bien controlada por la que pudieran escapar las críticas y el descontento moderados, se desató una avalancha de demandas de libertad de prensa, llamamientos para que el PCCh aflojara su control sobre la vida económica y cultural, y acusaciones de privilegios arraigados.
A mediados de 1957, Mao concluyó que el experimento podría suponer un riesgo existencial para él y para el gobierno del PCCh. El resultado fue la Campaña Antiderechista, que afirmaba que algunas críticas eran «malas hierbas venenosas» en lugar de las «flores fragantes» que Mao supuestamente acogía con beneplácito. Más de 550,000 intelectuales y profesionales cayeron en las redes de la campaña; la mayoría fueron enviados a campos de trabajo y muchos se suicidaron. Sus familias cargaron con la estigmatizante etiqueta de “derechistas” durante años.
El repudio de Jruschov a Stalin había provocado una revolución en Hungría, y el experimento de liberalización de Mao había generado una crisis de legitimidad que el Presidente creía que solo podía resolverse mediante la represión masiva. La lección que Mao extrajo de estos acontecimientos fue que, bajo un régimen de partido único, cualquier apertura a la disidencia puede fácilmente desencadenar una rebelión. Los líderes autocráticos no pueden permitir la libertad intelectual garantizando al mismo tiempo que no socavará el propio sistema. Esta postura intransigente ha marcado el pensamiento del Partido Comunista Chino desde entonces, especialmente bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping.
En este contexto, la derrota de Orbán es significativa para el liderazgo chino. Tras asumir el poder en 2010, Orbán socavó sistemáticamente las instituciones democráticas del país, debilitando la independencia judicial, controlando los medios de comunicación públicos y modificando las normas electorales para afianzar las ventajas de su partido. Inspirándose en el presidente ruso Vladímir Putin, Orbán buscó consolidar su poder mediante su modelo de «democracia iliberal», que dificultó cada vez más la competencia democrática genuina.
Pero incluso bajo una democracia iliberal, sobrevivieron vestigios de una prensa independiente, y un partido de oposición unificado logró competir en las elecciones y movilizar a la sociedad civil. Al final, esto bastó para derrocar a Orbán.
Para Xi y sus subordinados, la conclusión no radica tanto en los errores de Orbán, sino en la naturaleza binaria del poder autocrático. Un régimen que permite una oposición genuina ha cedido algo que no puede recuperar. Una vez que los ciudadanos pueden destituir a sus gobernantes mediante el voto, debatir libremente con sus líderes u organizar una prensa independiente, se introduce la lógica de la rendición de cuentas en un sistema diseñado para excluirla; una vez legitimada, tiende a generar su propio impulso.
Con esta convicción, Xi ha dedicado más de una década a consolidar su poder y a purgar a sus rivales con una determinación extraordinaria. La caída de Orbán —el último episodio de un diálogo histórico entre Hungría y China que comenzó en 1956— no hará sino reforzar la convicción de Xi de que ninguna liberalización política es segura.
El autor es investigador sénior en el Centro de Relaciones entre Estados Unidos y China de la Asia Society.
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