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El público ha perdido la confianza en las universidades, y restaurarla es una tarea urgente. Esa es la conclusión a la que se llegó en un estudio muy comentado, Nuevo informe del Comité de Yale sobre la Confianza en la Educación Superior. El informe recoge la opinión generalizada en Estados Unidos, incluyendo la queja frecuente de que las universidades se han vuelto ideológicamente parciales, lo que ha alejado a los conservadores.
Pero esta narrativa omite un hecho crucial: es la derecha estadounidense la que ha socavado sistemáticamente la confianza en la educación superior. Durante décadas, los conservadores no han buscado fortalecer el pluralismo de perspectivas dentro de las universidades —una historia que los liberales crédulos aceptan con demasiada facilidad— sino aumentar su propio poder. Por eso, los partidos de extrema derecha en otras democracias han intentado emular el ejemplo estadounidense.
A primera vista, la evidencia de un sesgo ideológico parece inequívoca y profundamente alarmante. En 2024, solo el 36 por ciento de los ciudadanos estadounidenses expresó una gran confianza en la educación superior. En una encuesta de septiembre de 2025, siete de cada diez estadounidenses creían que las universidades iban por mal camino. Dado que todo el sector —incluidas las instituciones privadas más ricas— depende de la financiación y la acreditación gubernamentales, la educación superior parece estar incumpliendo el contrato social.
¿Qué significa para el público confiar en estas instituciones? Muchos científicos sociales responderían que el concepto solo importa en situaciones de incertidumbre o desconocimiento absoluto; si la situación es totalmente transparente, no hay necesidad de confianza. Si se cree que una autoridad o institución posee competencia y buena voluntad, existen buenas razones para confiar en ella.
En el caso de Estados Unidos, pocos cuestionan la competencia de quienes se dedican a la educación superior. Incluso dentro de la derecha, solo el 32 por ciento de los encuestados afirma que la educación superior no está contribuyendo adecuadamente al avance de la investigación y el conocimiento. La verdadera preocupación, entonces, parece radicar en la «buena voluntad»: se dice que los profesores imponen sus ideas de extrema izquierda a estudiantes desprevenidos e impresionables, llegando incluso a convertirlos en antipatriotas.
Este ha sido un argumento recurrente de la derecha al menos desde la década de 1950, cuando el influyente intelectual conservador William F. Buckley, Jr., publicó su famoso ataque contra su alma mater, Dios y el hombre en Yale. Afirmaciones similares fueron luego recicladas durante las posteriores oleadas de pánico moral en torno a la «corrección política» y la «conciencia social».
La evidencia de uniformidad ideológica es que, entre el profesorado, los demócratas registrados parecen superar en número a los republicanos. Se da por sentado, sin más pruebas, que todo el mundo enseña sus creencias políticas. Pero no se debe dar nada por sentado.
Además, el desequilibrio subyacente debe entenderse en el contexto de cómo ha cambiado el Partido Republicano en las últimas décadas. Incluso comparado con otros partidos de extrema derecha que operan en democracias actuales, el Partido Republicano es una excepción en lo que respecta al rechazo de la ciencia, empezando por el consenso sobre el cambio climático. ¿Deberíamos sorprendernos de que los miembros de las universidades sean menos propensos a afiliarse a un partido antiuniversitario?
Sin duda, muchos en la derecha negarían ser antiuniversitarios (aunque algunos de los partidarios republicanos de Silicon Valley parecen haber llegado a la conclusión de que la universidad simplemente frena el talento emprendedor). Lo que buscan, en realidad, es más debate y diversidad de opiniones. Pero este argumento puede interpretarse desde múltiples perspectivas. Si bien es cierto que algunos departamentos pueden mostrar una conformidad asfixiante que resulta poco acogedora para las ideas conservadoras, no es fácil encontrar muchos marxistas en los departamentos de economía.
En cualquier caso, el compromiso fundamental de la universidad reside en la libertad académica —la prerrogativa de enseñar e investigar dentro de los estándares disciplinarios reconocidos—, no en la maximización de la libertad de expresión. El objetivo no es ni reflejar la sociedad, ni presentar la mayor cantidad de perspectivas posible, ni fomentar el debate por sí mismo. La erudición, por supuesto, se nutre de la confrontación y la revisión intelectual, respaldadas por evidencia e ideas originales; pero el ideal para la educación no consiste simplemente en replicar el formato de los clubes de debate.
La derecha estadounidense ha logrado desviar el debate de la libertad académica a la libertad de expresión, utilizando esta última para socavar la primera. La autonomía de las universidades para elegir a su propio personal y estructuras institucionales se ve ahora amenazada por funcionarios estatales y donantes que insisten en una mayor diversidad de opiniones (según nuestra definición), o de lo contrario… Al parecer, la Universidad de Harvard está recaudando 10 millones de dólares para aumentar la «diversidad de opiniones», un esfuerzo que casi con toda seguridad busca congraciarse con la administración Trump y sus partidarios.
Nadie niega que las universidades deberían ser autocríticas y estar atentas a algunas de las razones de la pérdida de confianza del público. Dos ejemplos evidentes son el constante aumento de las matrículas y los misteriosos procesos de admisión que parecen estar diseñados para favorecer a los ricos (¿cómo entró Jared Kushner en Harvard?).
Cuando las tradiciones intelectuales relevantes corren el riesgo de estar infrarrepresentadas, el profesorado debe hacer todo lo posible para ayudar a los estudiantes a llegar a sus propios juicios fundamentados. Pero los rectores universitarios no deben ceder ante las narrativas falsas que la derecha ha estado difundiendo por intereses propios. Si se han doblegado ante los trumpistas de antemano, ya han incumplido con sus deberes.
El autor es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, es autor del próximo libro Street, “Palace, Square: The Architecture of Democratic Spaces” (Penguin Books, 2026).
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