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La Unidad Sindical Magisterial en el Exilio (USME), a través de un comunicado divulgado en ocasión del Día Internacional del Trabajador, alertó sobre la condición de “profunda precariedad” en la que ejercen su profesión los docentes nicaragüenses, sobre todo tras las deducciones salariales arbitrarias impuestas por la dictadura Ortega Murillo.
“En un acto que consideramos de despojo y desprecio hacia el magisterio, la dictadura Ortega y Murillo ha decidido aplicar una deducción del seis por ciento al salario docente”, denunció USME.
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Además, señaló que los docentes también asumen el uno por ciento que se les deduce de sus salarios para el sindicato oficialista de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden).
Ambas deducciones, resaltó la USME, “agravan aún más la ya crítica situación económica del sector docente”.
Docentes asumen gastos para materiales
La dictadura Ortega Murillo, desde abril pasado, según reportes de este diario, habría aplicado, y en algunos casos aumentado, una deducción de entre el dos y el 10 por ciento del salario de trabajadores del sector público, que fue retirado directamente de planilla bajo conceptos como «aporte al partido» Frente Sandinista.
Sumado a esas deducciones, según reportes de este diario, los docentes del sector público enfrentan gastos adicionales para ejercer su labor en los colegios públicos del país, donde no se les entregan sus maletines de materiales para impartir clases y mantener los exigidos murales de cada sección por efemérides mensuales.
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Los maestros deben sacar de sus ya precarios salarios para comprar materiales como marcadores, cuadernos de planificación y de asistencia, lapiceros, borradores, papelógrafos, entre otros.
Exigen eliminación de deducciones salariales arbitrarias
La Unidad Sindical resaltó que este tipo de atropellos no solo son económicos, sino también una “falta de respeto a la dignidad del trabajo docente”.
Además, exigió la eliminación inmediata de la deducción del 6 por ciento aplicada abusivamente desde la planilla, el cese de las amenazas y chantajes a su estabilidad laboral, y el cese de la persecución política y la obligatoriedad de participar en marchas partidarias ajenas a intereses magisteriales.
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“Repudiamos y denunciamos la continuidad de las prácticas abusivas que vulneran los derechos laborales del magisterio y el deterioro de su dignidad profesional. La educación es un derecho del pueblo y quienes la hacen posible merecen respeto y justicia”, remarcó la organización en el exilio.
