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A las cinco de la mañana, cuando la plaza del Pilar todavía pertenece al frío, a los camiones de limpieza y a quienes vuelven tarde o salen demasiado temprano, una fila de migrantes ya rodea parte del Ayuntamiento de Zaragoza en busca de la regularización.
Hay nicaragüenses, venezolanos, hondureños, colombianos, marroquíes, senegaleses, argelinos, pakistaníes…
Algunos llegaron desde Huesca, Teruel o Calatayud. Otros salieron de pisos compartidos en los barrios Delicias, Las Fuentes, San José o Torrero en Zaragoza, la capital de Aragón, comunidad autónoma al noreste de Madrid.
Unos cargan carpetas de plástico. Otros llevan sobres manila, pasaportes, certificados médicos, justificantes de envíos de dinero, boletos de avión y una esperanza común: conseguir los papeles antes del 30 de junio.
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Contra el tiempo
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español abrió, desde el pasado 16 de abril, una ventana para personas extranjeras que estaban en España antes del 1 de enero de 2026.
El proceso exige cinco requisitos fundamentales: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026; demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses; no registrar antecedentes penales ni en España ni en el país de origen; no contar con un permiso de residencia vigente y no representar un riesgo para la seguridad o la salud pública.
Para cumplirlos se deben presentar documentos como el pasaporte (aunque esté caducado), el empadronamiento histórico que acredite la fecha de llegada, pruebas de permanencia como informes médicos, envíos de dinero o recibos de alquile y el certificado de antecedentes penales apostillado en el país de origen.
En algunos casos también se requiere un informe de vulnerabilidad social que demuestre necesidad de apoyo humanitario. Todo el proceso debe realizarse dentro del plazo fijado, que inició el 16 de abril y termina el 30 de junio de 2026, un lapso limitado que marca la urgencia de miles de solicitantes.
Pero entre la letra del decreto y la acera del Ayuntamiento en la icónica Plaza del Pilar, hay un mundo de incertidumbre.
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Esperanza y temor en las filas
Susana García y José Ángel Contreras, ambos nicaragüenses, llegaron a la fila a las siete de la mañana. Para entonces la cola ya era de más de 200 metros y otros llevaban horas esperando.
Algunos, según contaban, habían llegado a las dos de la madrugada con sus chaquetones para el frío y algún banquito o almohadón para reposar.
“Venimos aquí porque no nos atienden los teléfonos y llevamos ya varios días perdidos y el tiempo apremia”, dijo Susana.
Ella llegó a Zaragoza hace cuatro años. Primero trabajó cuidando a una persona mayor. Después perdió ese empleo y comenzó a limpiar casas por horas, sin contrato. Cada mañana perdida en una fila para ella significa menos dinero al final de la semana.
“Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos”, dijo. “Ninguno recibimos ayuda y estamos dejando de trabajar al tener que venir aquí y encima hay gente hija de p… que se quiere meter a la brava”, se queja.
“¿Dónde saco los papeles?”
El requisito más perseguido no siempre es el certificado de empadronamiento, que acredita formalmente desde cuándo una persona habita en una comunidad española.
Para muchos migrantes es más urgente conseguir el certificado de vulnerabilidad social, una de las vías previstas para quienes no pueden acreditar contrato de trabajo ni una unidad familiar con menores o personas dependientes.
Ese certificado, que es un documento oficial y requisito imprescindible, solo lo pueden emitir las agencias de servicios sociales o una entidad colaboradora autorizada, según el decreto de regularización.
Por ejemplo: en Fundación Ozaman, entidad autorizada en Zaragosa para emitir este papel, a las 5 de la madrugada del 30 de abril habían cerca de 200 personas en espera de uno de los 75 cupos autorizados a entregar.
Muchos nicaragüenses no lo saben y tras varias horas en fila se van de espaldas cuando al llegar a la puerta de acceso, donde un oficial les pedirá enumerar los documentos que carga, se enteran que no lleva ese u otro requisito.
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Tensiones y conflictos en fila
A media mañana del miércoles 29 de abril, la fila ya tenía su propio orden social entre tensiones y conflictos.
Había quienes guardaban sitio a un acompañante que salió a buscar un baño urgente. Había quienes reclamaban por la insistencia de algunos de querer meterse a la brava en las posiciones cercanas al portón de ingreso.
No faltaban quienes desconfiaban de los recién llegados que, por estrategia o confianza, se acercaban a querer meter pláticas o preguntar cosas del proceso a gente que estaba adelante.
“No atrases la mierda y busca la fila al fondo”, grita un latinoamericano a un sujeto de aspecto europeo, posiblemente ucraniano o ruso, que trataba de sacarle palabras a una señora humilde.
También había quienes acusaban airadamente a otros de hacer trampa o querer estafar: “vete a estafar a la puta que te parió, gonorrea” le dice un hombre a un sujeto que ofrecía “cupos” para sacar los papeles por 500 euros.
Silenciosos y dudosos
También había gente que no hablaba con nadie, aferrados a una carpeta, desconfiados, sigilosos, como si de esos documentos pendiera una vida entera traducida en pruebas documentales.
Ana María Gurriel, abogada cubana y Silvio Martínez, ex estudiante de derecho nicaragüense, se movían con seguridad en las filas.
Habían comenzado a reunir papeles desde que escucharon que el proceso se abriría y contaban, según ellos, con todos y cada uno de los requisitos. Guardaban los boletos del avión con el que aterrizaron en Barajas, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca pública de Huesca, el historial médico del centro de Salud, los resguardos de dinero enviado a La Habana y Managua y otros documentos.
Viven en casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace dos años. Aun así, estaban en la cola. Habían aprendido el procedimiento leyendo los diarios locales y viendo TikTok.
El hostil mundo de las redes
Y este es ya otro territorio de esta regularización migratoria: las redes sociales.
Hay videos cortos, consejos disparatados, abogados improvisados, ofertas engañosas de regularización, talleres de capacitación para enseñar a tramitar, personas que «prestan» una dirección postal a quien pague 300 euros para empadronarse, además de las promesas de gestores que aseguran acelerar trámites «con palancas».
Llueven las ofertas dudosas y los mensajes contradictorios que circulan por WhatsApp, Facebook y TikTok.
En varias comunidades digitales de migrantes, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las autoridades mismas han advertido que la confusión en redes aumenta la ansiedad y puede llevar a errores en la presentación de solicitudes.
Para muchos en las filas el miedo no es solo quedar fuera. Es pagar a quien no deben y perder el dinero que tanto cuesta ganarse.
Españoles molestos con el caos
En Zaragoza, el Ayuntamiento centralizó las instancias y peticiones vinculadas al proceso en las oficinas de la plaza del Pilar, lo que generó largas colas desde los primeros días de la regularización.
El consistorio también implantó una doble fila para separar a quienes acudían por la regularización del resto de usuarios municipales que llegan a gestionar pagos municipales, tramitar documentos de educación u otros trámites municipales.
Dentro del edificio, según denunciaron concejales de la oposición en los medios, dos ventanillas atendían a cientos en tanto otras permanecían cerradas mientras afuera la gente esperaba durante horas.
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Afuera la escena es otra: gente cansada, niños dormidos en cochecitos, trabajadores que miraban el reloj, migrantes que habían pedido permiso en sus empleos y miradas de desaprobación de algunos transeúntes que circulan por la zona.
En redes sociales las filas y pleitos se han vuelto tema de debate y campaña de xenofobia. Para unos es la imagen de una ciudad colapsada y para otros, la prueba de una decisión humanitaria válida pero sin planificación.
Un tema que arde
El debate salió de las grandes filas y llegó a los medios y a las oficinas políticas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, del PP, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de trasladar las competencias del proceso a los ayuntamientos, sin aportar información ni recursos.
Ella denuncia “un caos”, se queja de un “efecto llamada” entre los migrantes y de una regularización vinculada, según ella, más a necesidades políticas del Ejecutivo que a las necesidades de las comunidades autónomas.
Desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez sostuvo ante los periodistas lo contrario: que el Ayuntamiento dificultaba el acceso de los migrantes al concentrar trámites y limitar la emisión de certificados en dos ventanillas.
El PSOE local también acusó al gobierno municipal de boicotear los derechos de personas vulnerables y otros atribuyen el colapso municipal a falta de previsión y la ausencia de personal a cargo.
Ayuda de última hora
Ante la lluvia de quejas, la exposición mediática y el debate, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal específico con simulador de requisitos, cita previa, atención presencial y tramitación electrónica para agilizar los trámites.
Pero esa explicación institucional llega un poco tarde para quien está de pie desde la madrugada.
Ramón Quijano, un chinandegano que viajó 78 kilómetros desde Huesca a Zaragoza, contó que salió antes del amanecer porque en su ciudad no encontraba orientación suficiente.
Él dice que lleva “casi todo” los papeles, pero tiene miedo de que su certificado de antecedentes penales no llegue apostillado a tiempo desde Nicaragua.
Lo que Quijano no entendió es que el proceso solo admite a quien presenta todos los documentos solicitados. No hay reserva para quien no tenga a mano los requisitos completos y por eso muchos regresan con el rostro desencajado después de horas perdidas en las filas.
“No me dejaron explicarle que allá nunca me van a dar un récord de policía y si acaso, va salir manchado”, dice Óscar Rodríguez, boaqueño que vino a España en 2021 después de estar dos años exiliado en Costa Rica.
Vidas en la sombra
Dice que él tiene pruebas para mostrar su exilio, pero se le olvida que este es otro trámite y no necesariamete una solicitud de asilo. Otros no tienen la forma de comprobar que llevan años viviendo en España, porque la vida irregular rara vez permite que un migrante tenga prueba de sus años en la sombra.
Quien cuidó ancianos sin contrato no tiene nóminas. Tampoco quien alquiló una habitación sin recibo no tiene contrato. Quien evitó hospitales por miedo no tiene historial médico como prueba. Y quien se mudó entre pisos compartidos nunca se empadronó. O quien pidió asilo y recibió una denegación teme equivocarse al cambiar de vía.
Por eso, en las filas, no están todos los que deberían estar. Hay gente que trabaja en granjas agrícolas en Teruel o Huesca que prefieren seguir trabajando «en negro», como le llaman al empleo informal.
Zaragoza tiene una comunidad nicaragüense numerosa y visible. Algunos cálculos comunitarios hablan de unos 20.000 nicaragüenses en la provincia o su entorno, entre empadronados, nacionalizados, solicitantes de asilo, refugiados, trabajadores con residencia y personas en situación irregular.
Aunque no todos entran en esta regularización, todos conocen a alguien que sí. El reloj corre de manera distinta para ellos y todo acabará el martes 30 de junio.
En la fila, una mujer nicaragüense revisaba incansablemente vez sus papeles. Sacaba un documento, lo miraba, lo volvía a guardar. Un hombre consultaba el teléfono y comparaba lo que decía una web oficial con lo que decía un video y él repetía: «ah pues si, ya tengo este…».
Alguien murmuró que un gestor cobraba 450 euros por presentar el expediente sin hacer fila. Otro respondió que no hacía falta abogado, pero que sin certificado digital todo era más difícil.
Una oportunidad demasiado lejana
La regularización no promete resolverle la vida a nadie. Promete apenas una autorización inicial de residencia y trabajo por un año, pero para todos los que están en fila, es más que suficiente para cambiar sus vidas.
Para Susana, esos dos meses entre este 29 de abril y ese 30 de junio, puede ser la diferencia entre seguir limpiando casas sin contrato o entrar al mercado laboral formal.
También para José Ángel significa entre depender de trabajos sueltos en Empresas de Trabajos Temporales o firmar una nómina de empleo fijo. Para Ana y Silvio, la fila significa convertir esa carpeta de papeles en una residencia y aspirar a una vida legal.
Al mediodía, siete horas después de permanecer en fila, muchos seguían afuera. Otros ya habían entrado. Varios salían sin respuestas y en silencio. Algunos de muy mal humor: “¿Y a vos qué te importa si me dan o no papeles?”, responde un hombre a este reportero.
En la plaza del Pilar los turistas levantaban sus teléfonos hacia la basílica y luego, con discreción hacia la fila. La policía y las autoridades que vigilan el proceso prohíben que se tomen fotos y videos a menos que se esté autorizado para ello, como los periodistas o gestores autorizados del Estado.
Al final de la mañana, Susana todavía no sabía si lograría completar el trámite a tiempo y ya lucía agotada. Pero seguía allí. Todo parecía lento y la espera drenaba su optimismo de la mañana.
Alud de solicitudes
No era para menos: según fuentes municipales, solo el 29 de abril el Registro Municipal recibió 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento e informes de vulnerabilidad vinculados a la regularización.
Ese mismo día, el servicio telefónico 010 atendió más de 300 llamadas por el mismo motivo, pero la fila afuera seguía enorme.
Cerca de 300 personas seguían en fila al comenzar la tarde, muchas de ellas resignadas a pasar la noche en los pasillos o junto a las puertas del edificio municipal, con abrigos, mochilas, botellas de agua, bolsas de comida y carpetas de documentos protegidas.
Algunos llevaban casi 12 horas de espera y no se movían de la zona por miedo a perder el lugar.
Una nicaragüense llegada desde Calatayud, quien pide que solo le digan «Teresa”, dijo que había pedido permiso en el trabajo de interna por ese día, pero no sabía si podría faltar otro más.
“Estoy jodida. Si me voy, pierdo el puesto; si me quedo, pierdo el trabajo”, resumió, mientras revisaba un sobre con el pasaporte, el certificado de padrón y varios justificantes médicos.
Determinación y sacrificio
Un joven venezolano, habitante de Huesca, que viajó un día antes del amanecer, contó que llevaba dos semanas intentando aclarar qué documento necesitaba para demostrar vulnerabilidad social.
“En un sitio me dicen una cosa, en otro me dicen otra. Uno no sabe si está haciendo bien el trámite o si va en contrario”, dijo.
También había familias enteras. Una pareja nicaragüense con un niño pequeño turnaba la espera: ella permanecía en la fila, él buscaba café y algo de comer. “No estamos pidiendo regalo”, dijo el hombre. “Queremos trabajar con papeles, pagar seguridad social y vivir tranquilos”.
Con el paso de las horas, los ánimos en la fila se volvían tristes o irascibles. Varios hablaban de quedarse toda la noche para ser los primeros al día siguiente. Nadie quería repetir otra jornada perdida. Nadie quería regresar a Huesca, Teruel o Calatayud con las manos vacías.
