Los reality show: la decadencia del espectáculo posdigital

La importación de formatos multimedia atraen a un nicho especifico de audiencia. El caso de La Casa de Freizer es un contenido que no debería de pasar por desapercibido en el mundo de la comunicación. Catalogarlo como solo un espacio de entretenimiento es negarse a escarbar a profundidad los rasgos de pedagogía social, el enfoque dogmático legal de Nicaragua y el fenómeno de las redes sociales. Este fenómeno catalizador del espectáculo del conflicto no solo redefine lo que nuestros jóvenes consumen, sino que pone a prueba elasticidad ética y legal de la sociedad nicaragüense que da sus primeros pasos en la hiperconectividad.

La capitalización del morbo La Casa de Freizer se erige como un monumento de la antítesis de educación informal que ejercen las redes sociales y que se transmite en vivo a través de diferentes plataformas a la ciudadanía nicaragüense, sin ningún tipo de censura o advertencia sobre el contenido que ahí se difunde e incluso exponiendo situaciones conflictivas.

Este tipo de programas excluye el valor del aprendizaje social y propone un reforzamiento de conductas disruptivas dejando atrás la resolución del conflicto mediante el diálogo y la negociación, en cambio, buscan resolver sus inconformidades por medio de la violencia verbal catártica. Se aleja completamente de lo que se considera la creación artística para enlazarse a la “estética de la transparencia bruta” sin filtros. Convirtiéndose en una parte nociva que se distribuye a la sociedad nicaragüense.

El mostrar la intimidad de las personas a través de la grabación permanente, incluso en situaciones de hipersensibilidad reproduce al espectador, en este caso jóvenes, un mensaje inequívoco: presentar la miseria emocional propia o ajena a cambio de un poco de fama a través del paralelismo ficticio que desarrollan las redes sociales. La captura de tocamientos indebidos o momentos de vulnerabilidad sin censura constituye una falla crítica en la gobernanza de datos. Una vez que ese contenido se transmite, la producción pierde el control sobre él. Ese clip vivirá para siempre en servidores de terceros, foros de pornografía o sitios de extorsión, creando un daño permanente.

Las normas de la convivencia básica son suspendidas y, en cambio, son reemplazadas a favor de la narrativa del programa. De este modo se genera un vacío ético que los educadores y padres de familia encuentran más difícil de combatir. Si llevamos este formato a un análisis más allá de los valores educativos en Nicaragua y lo ponemos en la tabla de experimentos de la comunicación social en el país, podemos plantear hallazgos importantes desde el ámbito de la producción audiovisual.

Con este estilo de formato que no son meramente nuevos en las plataformas de redes sociales, nos podemos encontrar ante la precariedad deliberada que confunde la realidad. No hay una planificación dirigida a la excelencia en la técnica ni una narrativa que explore la psicología de los personajes que participan; todo depende del comportamiento de ellos mismos y las fricciones diarias durante el periodo que permanecerán dentro de este ecosistema. La cámara no se convierte solamente en una herramienta que permite atraer a un espectador cuidadoso e imparcial, en cambio, se vuelve en un agente provocador que convierte la intimidad en una mercancía de rápida distribución y mercancía fresca para las redes sociales. Eliminando cualquier rastro de humanidad que pudiera generar compasión al espectador.

Estamos frente a un modelo de comunicación que busca el desmantelamiento del respeto básico; si el “influencer” que se comunica a través de la injuria para ganar dinero, el espectador asume la normalización de insulto que fractura la capacidad de resolución pacífica de conflictos en colegios y barrios de Nicaragua. A la sombra de las leyes hay un limbo jurídico del que poco se habla cuando este estilo de formatos importados se genera en Nicaragua.

Lo alarmante aquí era la transgresión a los límites legales; especialmente a los establecidos en el Código Penal del país (Ley 641) y la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), esta última elaborada en el contexto de persecución del Estado a medios de comunicación y disidentes. Si bien, todo se desarrolla en un entorno donde se podría percibir que las transmisiones en redes sociales habitan bajo el limbo jurídico, sin embargo, el honor es un bien que el Estado debe de proteger y que no se puede desaparecer a través de un contrato para participar en un evento como este. El uso de epítetos y conflictos que llevan a la alteración de los personajes y, posteriormente a las acusaciones sin fundamentos podrían configurar delitos catalogados como Injurias y calumnias, que se agravan por la difusión masiva a través de las plataformas de redes sociales.

Asimismo, el incentivar riñas físicas a cambio de reacciones a este tipo de contenidos incurre en una irresponsabilidad penal, pudiendo encajar perfectamente en la exposición de personas al peligro u omisión de socorro si esto se desarrolla a agresiones graves y no se brinda asistencia médica con el fin de alargar el drama y generar más vistas.

Como especialista en redes sociales y seguridad digital, mi análisis sobre producciones como La Casa de Freizer se centra en la infraestructura del riesgo. No se trata solo de lo que vemos, sino de cómo el diseño de las plataformas y la gestión de datos exacerban los peligros para los participantes y la audiencia.

La sociedad nicaragüense debemos de exigir que la libertad de creación y la evolución de las redes sociales y contenido audiovisual no sea un cheque en blanco para la ilegalidad. Con este tipo de contenido y el “visto bueno” de quienes deberían de garantizar la protección de los menores, seguiremos hipotecando la salud mental de las futuras generaciones de nuestra sociedad a cambio de un par de vistas e interacciones en redes sociales. El espectáculo no puede estar por encima de la dignidad humana.

El autor es licenciado en Comunicación Social. Periodista especializado en política y experto en Derechos Humanos.