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El año pasado, para esta misma fecha dijimos que en Nicaragua el 1 de Mayo era “un día infeliz para los trabajadores”. Nos referíamos a la falta de libertad y derechos de los trabajadores como sector laboral.
Ahora debemos ratificar que el 1 de Mayo sigue siendo un día infeliz para los trabajadores de Nicaragua, porque continúan sin libertad para organizarse sindicalmente y manifestarse de manera independiente. Sin derecho real y efectivo a negociar sus condiciones salariales y otras reivindicaciones laborales.
El derecho al trabajo en condiciones equitativas, a la remuneración salarial justa y a asociarse en sindicatos para defender sus intereses particulares, es un derecho humano de los trabajadores reconocido mundialmente desde 1948. Incluso en Nicaragua fue establecido como Ley de la República desde tres años antes, en 1945, cuando se aprobó el primer Código del Trabajo durante el gobierno del general Anastasio Somoza García, quien era un dictador, pero presumía de político liberal con sentido de justicia social.
Para entonces en Nicaragua ya existían algunos sindicatos. Se comenzaron a formar a principios de la década de 1920, pero fue a partir de 1945 cuando el derecho a la organización sindical se reconoció legalmente que el sindicalismo floreció en el país. Somoza García promovió un movimiento sindical oficialista paralelo, pero no impidió que funcionaran las otras centrales de trabajadores que eran independientes.
Fue en los años de la Revolución Sandinista de 1979 que el FSLN trató de imponer un movimiento laboral único, por medio de la Central Sandinista que creó como sindicato único. Sin embargo, no pudo impedir la existencia de otras agrupaciones laborales que, aunque en condiciones adversas, siguieron siendo independientes.
Pero ahora, con la segunda dictadura sandinista que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, la situación de los trabajadores es peor. El Estado es más totalitario, de manera que hay sindicatos y centrales sindicales, pero subordinados al Gobierno y al partido FSLN. En Nicaragua los sindicatos son, como dijera Stalin que debían ser en un Estado comunista, «correas de transmisión» del partido gobernante con la clase trabajadora. Esa aberración fue impuesta en el Estado comunista soviético —y en todos los regímenes totalitarios, como el de Nicaragua— para asegurar que los sindicatos sirvan a los intereses del Estado y al partido “de vanguardia”, en lugar de actuar como organizaciones independientes de defensa de los trabajadores.
De allí que en Nicaragua la celebración del 1 de Mayo no es para que los trabajadores muestren su músculo social y presenten sus propias demandas de reivindicaciones laborales. El 1 de Mayo es un evento más en el calendario oficialista, en el que los cabecillas de los sindicatos domesticados reafirman su adhesión incondicional a la dictadura, y alaban a las figuras personales de los dictadores.
Precisamente porque en Nicaragua no se respeta la libre organización sindical ni los derechos laborales, como tampoco la libertad gremial empresarial, fue que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que es la agencia especializada de las Naciones Unidas para las relaciones obrero-patronales-estatales— decidió a principios del año pasado investigar en el terreno la situación de Nicaragua.
La dictadura reaccionó sacando al país de la OIT. Pero esta sigue teniendo jurisdicción en Nicaragua y el recién pasado 2 de abril asignó más de 800 mil dólares para financiar la investigación de las denuncias sobre las violaciones a los derechos laborales y empresariales en Nicaragua. Es obvio que la dictadura no permitirá entrar al país a los comisionados de la OIT para que puedan realizar su trabajo in situ, pero de todas maneras ellos harán su investigación, aunque sea desde el exterior, como lo han hecho las comisiones internacionales de derechos humanos.
El régimen de Nicaragua actúa como un forajido internacional. Viola descaradamente las garantías laborales y empresariales y en general todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Y desafía el orden legal internacional.
Por eso es que el GHREN (Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua), ha pedido que se lleve al régimen de Ortega y Murillo ante la justicia internacional. Lo que se debería hacer antes de que cause más daño al pueblo nicaragüense y para que no siga intoxicando el ambiente político regional.
