La represión contra los trabajadores del Estado nicaragüense ya no es solo una práctica constante, sino un sistema que se ha vuelto más sofisticado con el tiempo, según datos del Informe de Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Hagamos Democracia.
La organización concluye que el control político sobre los trabajadores estatales ha evolucionado hacia formas más intrusivas, como la vigilancia digital y la revisión de celulares, consolidando un modelo que combina presión laboral, monitoreo permanente y control institucional bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El estudio, basado en entrevistas a 400 personas distribuidas en 40 municipios del país, expone cómo operan los mecanismos de control dentro del aparato estatal. Según el documento, no se trata de hechos aislados, sino de “la continuidad del modelo represivo” junto a “una sofisticación de sus mecanismos de control, especialmente en el ámbito digital y en la vida institucional”.
En ese contexto, la forma más extendida de presión sigue siendo la asistencia obligatoria a actividades partidarias, mencionada por el 79.8 por ciento de los encuestados en marzo de 2026. Aunque esta cifra representa una leve disminución respecto a diciembre de 2025, cuando alcanzaba el 86.9 por ciento, continúa siendo el principal mecanismo de control político dentro del Estado.
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Prácticas invasivas orteguistas en aumento
Al comparar los datos de marzo de 2026 con los de diciembre de 2025, se observa un aumento en prácticas más invasivas. La vigilancia de redes sociales pasó de 38.6 a 50.8 por ciento, mientras que la revisión de celulares aumentó de 13.1 a 30.1 por ciento. También creció la asistencia obligatoria a campos de entrenamiento militar, que subió de 25.0 a 38.3 por ciento.
Según Hagamos Democracia, estos cambios “no se trata de simples matices”, sino de transformaciones que responden a una lógica más profunda de control. El informe señala que “la vigilancia digital y la revisión de celulares muestran un régimen que avanza hacia mecanismos más intrusivos y personalizados de represión”.
Otras formas de coerción, como la intimidación y las amenazas, se mantienen en niveles altos, con 30.1 por ciento en marzo de 2026 frente a 32.4 por ciento en diciembre de 2025.
A esto se suma un entorno más amplio de control social. El 86.1 por ciento de los encuestados afirma detectar vigilancia en su comunidad. Además, el 78.1 por ciento señala conocer actos de corrupción en su municipio en los últimos tres meses. En este contexto, la participación política formal se mantiene limitada: el 74.9 por ciento de los consultados afirma no participar en ningún movimiento o partido político.
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A pesar de este escenario, el 55.5 por ciento considera que podría haber oportunidad para elecciones libres en 2027.
Crisis estructural en Nicaragua atraviesa economía y sociedad
El informe describe un deterioro sostenido en las condiciones de vida. La mayoría de los encuestados señala dificultades para cubrir sus gastos básicos, en un contexto de aumento del costo de vida, caída del empleo formal y predominio del trabajo por cuenta propia. Esta combinación configura una economía de sobrevivencia, marcada por ingresos inestables y pérdida del poder adquisitivo.
A nivel social, la migración continúa consolidándose como una salida frente a la crisis: en marzo de 2026, el 66.4 por ciento respondió que sí se iría del país si pudiera, principalmente por razones económicas y por la falta de perspectivas de cambio, un fenómeno que se mantiene como constante en la dinámica familiar y comunitaria.
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Según el documento, la gran mayoría de los encuestados tiene una percepción negativa sobre el futuro, asociada tanto a la situación económica como a la crisis sociopolítica.
En el plano institucional, los resultados muestran un Estado percibido no solo como estructura administrativa, sino como un espacio atravesado por control político, vigilancia y prácticas de corrupción a nivel local. A esto se suma una valoración crítica de los servicios públicos, especialmente en áreas como salud y educación.
