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El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN), en el informe que presentó el lunes 17 de marzo pasado ante la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, volvió a denunciar que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo practica la represión transnacional contra sus adversarios.
En el lenguaje internacional de los derechos humanos, se entiende como represión transnacional “la acción de actores estatales que trascienden sus fronteras para reprimir o sofocar la disidencia, atacando a defensores de los derechos humanos, periodistas, críticos del gobierno, activistas de la oposición, académicos y otros, en violación de sus derechos humanos”.
Según los organismos de derechos humanos, “son particularmente vulnerables a la represión transnacional, los ciudadanos o exciudadanos (o sea los condenados a la apatridia), los miembros de comunidades de la diáspora y quienes viven en el exilio. Muchos son solicitantes de asilo o refugiados en sus lugares de exilio, mientras que otros corren el riesgo de ser extraditados o de ser devueltos forzosamente”.
Es importante saber que la represión transnacional no se ejecuta solo mediante asesinatos, como el de Roberto Samcam en Costa Rica, en junio del año pasado, o atentados personales como los sufridos por Joao Maldonado, también en Costa Rica. La represión transnacional se practica igualmente mediante el asesinato reputacional, como se le llama al “proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y reputación de una persona, institución o grupo social y político”.
Ciertamente, la represión transnacional tiene diversas modalidades, incluyendo la difamación personal, las provocaciones individuales o de grupo, así como acusaciones criminales contra líderes opositores ante los tribunales de los países donde se encuentran exiliados, para presentarlos como supuestos delincuentes y desacreditarlos políticamente.
Cabe recordar al respecto, que a principios del presente año el medio digital oficial de la dictadura publicó un libelo escrito por uno de sus sicarios de prensa, en el que se amenazó con que pronto irían “con todo” contra sus adversarios exiliados, con una campaña de descrédito de opositores, periodistas críticos, disidentes y otras personas non gratas al régimen, a los que acusarían falsamente de haber cometido cualquier falta o delito, incluso aberraciones sexuales.
Aseguran los expertos en este campo que aunque la víctima demuestre en los tribunales la falsedad de la acusación, de todas maneras sufre un grave daño reputacional porque “los procesos judiciales pueden llegar a tener un enorme impacto negativo en la reputación de las personas que se ve amplificado por el poder de las nuevas tecnologías” de la propaganda y la comunicación social.
La represión transnacional mediante atentados, campañas de desprestigio personal y acusaciones criminales infundadas no se puede evitar, porque la dictadura —todas las dictaduras— cuenta con los servicios permanentes de un aparato represivo en el exterior, a fin de hacer espionaje, organizar atentados personales o montar provocaciones de cualquier clase contra los exiliados.
De manera que sin caer en la paranoia —que motiva a desconfiar enfermizamente de todo y de todos—, los exiliados tienen que estar claros de que la infiltración y la represión transnacional es una táctica antigua de todas las dictaduras para desestabilizar o controlar organizaciones y movimientos sociales o partidos políticos, mediante agentes encubiertos. Busca obtener información, manipular decisiones, sabotear desde dentro o generar desconfianza y división entre los opositores, para neutralizarlos. Y para asesinar a algunos cuando lo consideran necesario y posible.
Es prácticamente imposible evitar esa amenaza, porque responde al modo de ser y actuar de la dictadura. Sin embargo, las víctimas potenciales pueden reducirla, o neutralizarla, siempre y cuando tomen las precauciones indispensables que se conocen muy bien, gracias a la rica experiencia internacional que hay al respecto.
