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La falta de libertad religiosa en Nicaragua que volvió a marcar la Semana Santa, en medio de nuevas restricciones impuestas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desatado la condena internacional. La organización Human Rights Foundation (HRF) denunció que la prohibición de las celebraciones de Pascua y la represión contra líderes religiosos constituyen «violaciones directas a las libertades fundamentales de religión, reunión y expresión».
Desde su cuenta de X, HRF aseguró que «las democracias deben exigir el fin de estas políticas opresivas». La organización, fundada en 2005 y cuya primera oficina abrió en Nueva York, Estados Unidos, un año después, se creó con el respaldo de numerosos defensores de la libertad.
En el pronunciamiento, la organización también condenó que por tercer año consecutivo el régimen orteguista prohibió las celebraciones públicas durante la Semana Santa, incluyendo las tradicionales procesiones, acción calificada como «parte de una política de persecución contra líderes e instituciones cristianas».
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HRF insistió en que «las procesiones públicas están estrictamente prohibidas, mientras que las celebraciones dentro de las iglesias serán vigiladas de cerca por las fuerzas de seguridad del régimen».
La abogada y autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, contabilizó que 409 procesiones con la imagen de Jesús Resucitado, que salían a las calles para peregrinar en Domingo de Resurrección, fueron impedidas de salir y estuvieron vigiladas por la Policía de la dictadura orteguista, y más de 800 procesiones fueron prohibidas el Viernes Santo.
Los líderes religiosos: «Objetivos prioritarios» de persecución
La organización HRF también denunció cómo los líderes religiosos en Nicaragua han sido «objetivos prioritarios» del régimen orteguista desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, que este 2026 ya suma ocho años.
Recordó que esa persecución se intensificó «cuando brindaron apoyo a los manifestantes antigubernamentales. Al menos 260 clérigos se han visto obligados al exilio, y muchos fueron encarcelados arbitrariamente antes de ser expulsados y privados de su ciudadanía».
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Lo anterior ha sido claramente evidenciado: monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, apareció el Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, luego de ser uno de los elegidos por el papa León XIV para participar en la Adoración de la Cruz y la celebración de la Pasión del Señor.
El obispo Álvarez estuvo encarcelado durante 17 meses desde agosto de 2022 hasta su liberación y destierro al Vaticano en enero de 2024 junto a otros obispos y sacerdotes.
HRF también mencionó cómo numerosas organizaciones sin fines de lucro cristianas que prestaban servicios esenciales de apoyo social han sido clausuradas, en «una represión contra toda la sociedad civil independiente, mientras Ortega y Murillo buscan consolidar un régimen totalitario».