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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó esta semana el presupuesto para que la Comisión de Encuesta, que formó en 2025 para investigar las violaciones a los derechos laborales y empresariales en Nicaragua, comience a trabajar a lo inmediato.
La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT. Se utiliza cuando un Estado miembro está acusado de «cometer violaciones persistentes y graves, y se niega reiteradamente a ocuparse de ello». En más de cien años de historia la OIT solo ha recurrido a esta Comisión en 14 ocasiones, dos de ellas para Nicaragua, y las dos veces bajo el mandato de Daniel Ortega, la primera en 1989.
En una comunicación oficial adoptada el 31 de marzo de 2026, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó que «el trabajo de la Comisión de Encuesta comenzará sin ninguna demora adicional». El anuncio lo hizo después de fijar los honorarios de las tres integrantes y el presupuesto total de la operación. Según la resolución del Consejo, cada una de las tres expertas designadas recibirá honorarios de 350 dólares por día y le asignaron a la actividad un presupuesto total de 810,244 dólares.
La misión de la Comisión de Encuesta
La Comisión llevará a cabo una investigación institucional sobre violaciones a los derechos de los trabajadores y los empresarios bajo la dictadura Ortega Murillo. La comisión la crearon en marzo de 2025 y, formalmente, tiene un año para realizar la investigación de campo y presentar un informe.
A finales de 2023 la OIT admitió la denuncia que presentó la Organización Internacional de Empleadores (OIE) contra el régimen de Managua, al que acusó de violar los convenios 87, sobre libertad sindical; 98, sobre derecho a la sindicación y negociación colectiva; 111, sobre discriminación en el empleo; y 144, sobre la consulta tripartita. En marzo de 2025 la OIT creó la Comisión de Encuesta y durante su 354.ª reunión celebrada en junio del año pasado, el Consejo de Administración nombró a las personas que la integrarían.
Dictadura sacó al país de la OIT
Ante la decisión de la OIT de dar curso a la denuncia, el régimen Ortega Murillo reaccionó airadamente. El 28 de febrero de 2025 anunció el retiro de Nicaragua de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Acusó a ambas organizaciones de actuar «politizadamente, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo» sobre Nicaragua, según informaciones de prensa.
«Hemos notificado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) nuestra decisión soberana e irrevocable de retirarnos de esas organizaciones que no cumplen con la misión para la que fueron creadas», manifestó entonces la codictadora Rosario Murillo.
Sin embargo, la salida de Nicaragua solo puede ser efectiva después de dos años de la denuncia del tratado constitutivo de la OIT. Por tanto, si la Comisión de Encuesta presenta su informe antes del 28 de febrero de 2027, sus observaciones serían vinculantes para el país.
Las integrantes de la comisión
La Comisión de Encuesta está integrada por tres mujeres con una larga experiencia en Derecho. La presidirá la argentina Aída Kemelmajer de Carlucci. Ella fue jueza de la Corte Suprema de Mendoza, es doctora en Derecho, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba; miembro honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España; fue miembro de las comisiones para la reforma del Código Civil de Argentina (1992-1998) y ha desarrollado una extensa actividad académica en numerosas universidades.
Además de la presidenta, la Comisión tiene dos miembros: la colombiana Cristina Pardo Schlesinger, exsecretaria jurídica de la Presidencia de Colombia, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de ese país, tiene una amplia carrera como docente y ha publicado varias obras sobre derecho constitucional.
La segunda integrante es la mexicana Graciela Bensusán Areous, profesora e investigadora de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es autora de numerosas publicaciones, muchas de ellas relacionadas con el derecho del trabajo y relaciones laborales, con particular hincapié en los países y las instituciones, las organizaciones y las políticas laborales de América Latina.
Las actividades de la Comisión de Encuesta
Se cree que el grupo de expertas no podrá ingresar a Nicaragua, por lo que tendrá que realizar su trabajo desde Costa Rica, donde tendrá que reunirse con representantes de las organizaciones sindicales y empresariales nicaragüenses.
«Ellas tienen que hacer un mapeo de la gente que se ha quedado afuera del país, dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales. Tienen que hacer una radiografía que explique la coyuntura. También tienen que hablar con los representantes de la oficina regional de la OIT que también funciona en el país vecino del sur y con otros espacios y programas que trabajan en el sector, ya que su objetivo es confirmar que se están violando los convenios que menciona la queja», señaló un dirigente empresarial consultado por LA PRENSA en junio pasado.
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Desde que inició este proceso los dirigentes empresariales han explicado que, teniendo en cuenta que el régimen Ortega Murillo ha ignorado todos los llamados de la OIT es de esperarse que haga lo mismo con el informe de la Comisión de Encuesta. De ocurrir eso, la falta de respuesta oficial abrirá la puerta para que la OIT traslade el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La denuncia ante ese tribunal se sustentaría en el artículo 29 de la constitución de la OIT, que contempla dicho procedimiento y además advierte que cuando la queja llega hasta ese tribunal, la decisión que este tome sobre cualquier reclamación o cuestión es inapelable.
