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El acuerdo petrolero con Venezuela anunciado el viernes por Donald Trump es una de las medidas más polémicas que el presidente de EE.UU. ha tomado con respecto al país sudamericano.
Y eso no es poca cosa si se considera que en el último año el mandatario estadounidense estableció un bloqueo marítimo sobre Venezuela, ejecutó una operación militar para detener al entonces presidente Nicolás Maduro, para finalmente -en lugar de impulsar una transición democrática- terminar reconociendo a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como gobernante interina del país.
El 28 de agosto, Trump informó en un mensaje en Truth Social que había logrado «el mayor acuerdo petrolero de la historia», a través del cual EE.UU. habría conseguido «el control mayoritario» sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense».
La información fue confirmada poco después por Rodríguez, quien señaló que el acuerdo traerá inversiones por más de US$100.000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos US$209.000 millones.
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Inmediatamente comenzaron a hacerse públicas duras críticas y cuestionamientos procedentes de muy distintos sectores de la vida venezolana.
El economista Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y firme opositor al gobierno venezolano y a Trump, criticó en términos muy duros lo ocurrido en un mensaje dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los artífices del acuerdo.
«Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia», escribió Hausmann en X.
En el otro extremo ideológico, Rafael Ramírez, quien fue presidente de la estatal Pdvsa y ministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez, dijo que el acuerdo pasaría a la historia «por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de EE.UU.».
«Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera», escribió en X.
BBC Mundo te explica las claves para entender este acuerdo petrolero y la polémica que ha generado.
¿En qué consiste?
El acuerdo prevé entregar a EE.UU. el control mayoritario de 17 yacimientos que representan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.
Esto equivale aproximadamente al 21,5% de las reservas de Venezuela, que es el país con las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles.
A cambio, Venezuela recibiría unos US$209.000 millones en ingresos fiscales.
Partiendo de los datos anunciados inicialmente, el economista Francisco Rodríguez comparó el acuerdo con los términos en los que las petroleras internacionales explotaban el crudo venezolano durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo.
«Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas US$3,22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4,7% del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez», escribió Rodríguez la noche del viernes en X.
En un mensaje televisado la noche del sábado, la gobernante pareció acusar recibo de estas críticas, dijo que los venezolanos tenían derecho a saber más sobre el acuerdo y ofreció nuevos detalles.
Dijo que el acuerdo se suscribió por 25 años para el desarrollo de 17 campos estratégicos «con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios».
«¿Cuánto recibe Venezuela? Tomando como referencia un precio del barril de US$65 -que puede ser más, puede ser menos- los ingresos de nuestro país llegarían a un total de US$209.335 millones para el Estado venezolano», explicó.
«En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de US$19 ingresan directamente a nuestro país».
Según Rodríguez, el acuerdo buscará el desarrollo de ocho bloques verdes -aquellos en los que ya se identificó la existencia de crudo pero que no han sido desarrollados- con un cobro de regalías mínimas de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%.
Además, aseguró que Venezuela mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.
La presidenta interina justificó este acuerdo argumentando que tener las mayores reservas de petróleo del mundo no es suficiente y que hace falta «inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva» -que es lo que aportaría EE.UU.- para convertir esa riqueza en bienestar.
Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), le comentó a BBC Mundo que esa justificación es la misma que se usó en la década de 1990 con el proceso de apertura petrolera que durante décadas fue satanizado por el chavismo.
«El discurso que ella dio es básicamente el discurso de la apertura petrolera de los años 90. Es un reconocimiento de que la política nacionalista ideológica del chavismo nos hizo perder 35 años, toda una generación», critica Pacheco.
El lunes por la noche, la Casa Blanca divulgó una nota informativa en la que ofrece más detalles sobre cómo funcionará el acuerdo y de qué manera estará implicado el gobierno de EE.UU.
Según indican, el gobierno interino de Venezuela otorgó una concesión a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) para operar los 17 yacimientos.
A su vez, esta compañía entregó «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense» a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de EE.UU. una participación accionaria del 35% en su sociedad matriz, «lo que representa un valor y dividendos de hasta cientos de miles de millones para EE.UU.».
Además, según se afirma, las autoridades estadounidenses tendrán «poder de veto» sobre el nombramiento de la junta directiva de Nabep, la mayor parte de los cuales «deben ser ciudadanos estadounidenses».
«Nabep contará con auditores, abogados y asesores estadounidenses de renombre y el acuerdo del gobierno de EE.UU. con Nabep se rige por el derecho estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de EE.UU.», agrega el comunicado.
El texto de la Casa Blanca difiere del anuncio de Delcy Rodríguez en un aspecto central, pues señala que la concesión a Nabep fue otorgada por un plazo de 100 años, en lapso muy superior a los 25 años mencionados por la presidenta interina.
¿Qué gana Venezuela con este acuerdo?
A pesar de ser el país con las mayores reservas probadas de crudo, la industria petrolera venezolana está quebrada.
En poco más de 25 años, la producción de crudo del país pasó de un récord de poco más de 3 millones de barriles diarios -justo antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- a unos 500.000 barriles diarios en su peor momento en 2019, cuando se ubicó así en niveles similares a los del año 1950.
Ese deterioro es considerado como el resultado de años de desinversión, corrupción y politización vivida durante el chavismo, a los que en los últimos años se sumaron las sanciones de EE.UU.
«El chavismo dejó a Pdvsa, a la industria petrolera y a Venezuela, en general, totalmente destruida en su infraestructura, en su industria. El chavismo simplemente acabó con eso, por ideología, por corrupción, por incompetencia», le dice a BBC Mundo Ricardo Sucre, director de la firma de análisis político SmartThinkers.
Luis Pacheco estima que para que Venezuela pueda volver a producir aquellos tres millones de barriles diarios de 1998 hace falta invertir unos US$100.000 millones a lo largo de unos ocho años.
Ese es el mismo monto previsto en el acuerdo anunciado por Trump y Delcy Rodríguez y también la cifra de referencia que circuló en enero de este año cuando, poco después de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense reunió a los jefes de las principales petroleras de EE.UU. para animarlos a invertir en la recuperación de esa industria en Venezuela.
Más de seis meses después, esa inversión no parece haber empezado a materializarse aún, por lo que Pacheco considera el acuerdo reciente como un segundo esfuerzo de Trump para hacerlo realidad.
Sea como sea, existe un consenso en torno a la necesidad que tiene Venezuela de esas inversiones millonarias -con las que el país no cuenta- para recuperar y modernizar su industria petrolera.
Desde ese punto de vista, ese sería un primer beneficio en caso de llegar a materializarse.
A este se sumaría el impacto que la actividad petrolera tiene sobre la economía venezolana.
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«Si invierto US$100.000 millones en petróleo, también voy a vender más empanadas, más electricidad, más ropa, más de todo, porque eso tiene un efecto dinamizador de la economía importantísimo», apunta Luis Pacheco.
«Entonces, más allá de lo que reciba el gobierno, no es simplemente la actividad petrolera lo que interesa, sino el efecto dinamizador que tiene en todo el resto de la economía».
¿Cómo se beneficia EE.UU.?
Los 65.000 millones de barriles en reservas probadas venezolanas a los que tendría acceso EE.UU. equivalen al 141% de las reservas probadas de crudo y condensado con los que cuenta ese país y que ascendían a 46.000 millones de barriles al cierre de 2024, según la EIA.
El mismo Trump destacó este dato al anunciar el acuerdo y dijo que este «más que duplica las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, al tiempo que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un éxito extraordinario y una gran prosperidad».
En una línea similar, Marco Rubio destacó en un mensaje en X que el acuerdo con Venezuela ayuda a EE.UU. al «asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país».
En la nota informativa divulgada el lunes, la Casa Blanca afirma que Nabep le ha otorgado al Departamento de Estado el derecho a comprar «al costo de producción» un 20% de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros que opere esa empresa, así como el derecho preferente para la adquisición del 80% restante de su producción.
Según el comunicado, el primer beneficio asegura un suministro estable de petróleo a bajo costo que puede facilitar el reabastecimiento de la reserva estratégica de petróleo -que en la actualidad contiene poco menos de 300 millones de barriles de petróleo, su nivel más bajo desde 1983-, mientras que el segundo permite contar con una fuente de energía garantizada en el propio continente americano a la que se puede acudir en situaciones de emergencia.
En términos políticos, Ricardo Sucre considera que el gobierno de Trump obtiene un beneficio inmediato, pues el acuerdo le permite enviar un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que están preocupados por la inflación y por el aumento del precio del combustible desde que hace seis meses Trump decidiera emprender una guerra con Irán.
«Ahora Trump les dice a esos ciudadanos que no tienen que angustiarse por esos precios porque hay una visión a largo plazo para el suministro de recursos energéticos», dice Sucre.
Así, aunque estos son proyectos son a medio y largo plazo, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, Trump podrá enviar a los votantes el mensaje de que está tomando medidas y de que el suministro de combustible a bajo precio estará asegurado en el futuro gracias a él.
Sucre también cree que Trump logra un beneficio a largo plazo, relacionado con su visión geopolítica, pues asegura el acceso de EE.UU. al suministro de unos recursos venezolanos valiosos en el contexto de su competencia con Rusia y, sobre todo, con China.
El experto enmarca esto en la propuesta de Trump de crear el llamado Escudo de las Américas, con el cual EE.UU. busca blindar el hemisferio ante la influencia de actores externos.
¿Por qué genera tanta polémica?
Las primeras reacciones negativas ante el acuerdo se vinculan con dos cuestionamientos frecuentes a la relación entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez: la falta de transparencia y la pérdida de la soberanía de Venezuela.
El ejemplo más emblemático de ello es que el gobierno de Trump asumió desde enero el control sobre las ventas del petróleo venezolano y, hasta la fecha, los venezolanos no saben ni cuánto se ha vendido, ni cuánto dinero ha ingresado ni cómo se está usando.
Además, el acuerdo se anunció sin que hubiera ningún tipo de debate entre los venezolanos, ni siquiera en la Asamblea Nacional. Las únicas señales previas de lo que se avecinaba procedieron de filtraciones publicadas días antes por la prensa estadounidense.
Dado que el petróleo ha sido durante un siglo la sangre de la economía venezolana, no extraña que el anuncio de Trump de que EE.UU. va a tener el «control mayoritario» de yacimientos que representan 20% de las reservas venezolanas generara un escándalo.
En Venezuela, la idea de que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado tiene un arraigo de siglos y dado el rol que ha jugado el petróleo allí, los venezolanos en general consideran que ese recurso es algo que les pertenece.
El acuerdo también genera polémica debido a los datos incompletos ofrecidos inicialmente por Trump y Rodríguez, pues quienes se guiaban por los mismos llegaban a la conclusión -como hizo el economista Francisco Rodríguez- de que Venezuela iba a cobrar unos US$3,3 por cada barril, en un contexto en el que el precio del crudo de referencia WTI está por encima de los US$80.
En su mensaje del sábado en la noche, Delcy Rodríguez aclaró que el cálculo se hizo usando como referencia un precio del barril de US$65 y que Venezuela recibirá unos US$19 por cada barril.
De esos datos se deduce que el ingreso que obtendrá Venezuela será de poco más de 29% del precio lo que -según explicó Luis Pacheco a BBC Mundo- se ubica dentro del rango más bajo de lo que cobran otros países por acuerdos similares.
También ha habido polémicas derivadas de aspectos políticos. Algunos han señalado que se trata de un acuerdo muy importante que afecta intereses vitales de Venezuela y, por tanto, no podía haber sido acordado por Delcy Rodríguez, una gobernante no electa.
Esta falta de legitimidad puede dar pie a que el acuerdo sea cuestionado o renegociado en el futuro, según le dijo al diario The Financial Times el analista Imdat Oner, del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University.
Yendo aún más allá, la congresista republicana María Elvira Salazar afirmó en un comunicado que respalda el acuerdo, pero cuestiona que se haya negociado con Delcy Rodríguez.
«Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela (…) No se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura. El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad», escribió en X.
Geoff Ramsey, analista del centro de estudios Atlantic Council, destacó como la cooperación entre los gobiernos de Trump y Rodríguez puede impactar las posibilidades de que haya una transición.
«Mi preocupación es que, cuanto más invierta Estados Unidos en el statu quo, menos incentivos tendrá para seguir impulsando una transición», escribió Ramsey.
Y esa es otra de las razones por las que el acuerdo encendió alarmas, pues podría estar cementando una relación pragmática entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez que resulte demasiado conveniente como para querer trastocarla con una transición política.
Ricardo Sucre, de hecho, considera que la apuesta de Rodríguez es permanecer en el poder -al menos- hasta terminar el actual periodo constitucional en 2031.
Además, indica que no ve a Washington interesado en que Venezuela tenga elecciones antes de 2028.
«Ella (Rodríguez) no piensa irse el año que viene, ni en el 28. Yo sí creo que el chavismo y ella están pensando en hacer una elección en 2030, no antes», dice.
Considerado desde esa perspectiva, el acuerdo no estaría ayudando a avanzar en el cambio político en Venezuela, sino más bien a postergarlo, con lo que alimenta uno de los mayores temores de la oposición en Venezuela: que por alguna razón EE.UU. deje de tener interés por la transición en ese país y se pierda la oportunidad de recuperar la democracia.
El comunicado del lunes del gobierno de Trump confirmó otra información que ha generado críticas: el hecho de que se haya escogido a la empresa Nabep para explotar esos yacimientos petroleros.
Ciertamente se trata -como señaló la Casa Blanca en su comunicado- de «la segunda mayor productora privada venezolana» de petróleo, pero se trata de una empresa registrada en 2024 y, al frente de la cual, se encuentra Alejandro Betancourt.
Este empresario venezolano se hizo famoso como fundador de Derwick Associates, una empresa que durante el gobierno de Hugo Chávez obtuvo contratos eléctricos multimillonarios con Corpoelec y Pdvsa. La prensa venezolana los bautizó como los «bolichicos».
De acuerdo con el medio de investigación Armando Info, Derwick no tenía experiencia en el área y los contratos terminaron investigados en casos de corrupción.
Según estimaciones de Transparencia Venezuela, en estos contratos hubo un presunto sobreprecio de US$2.900 millones.
Jacinto Covit Guruceaga, uno de los socios de Derwick, fue acusado por las autoridades estadounidenses en 2018 en relación con un caso de lavado de millones de dólares.
Betancourt, por su parte, ha sido investigado en EE.UU. y en Europa pero, hasta la fecha, no ha sido condenado ni imputado.
Jon Sale, uno de sus abogados en EE.UU. le dijo al medio estadounidense Miami Herald que su cliente ha sido investigado durante más de 10 años en EE.UU. y en Suiza y que esas investigaciones no han llegado a ninguna parte.
Un elemento final del acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela tiene que ver con quién y cómo se administrarán los recursos procedentes de esta explotación petrolera, en caso de que se haga realidad.
«Es importante saber quién va a administrar esos recursos y para qué», plantea Luis Pacheco.
«¿Se van a poner a administrar ese dinero a los mismos que ya desperdiciaron la mayor bonanza petrolera del siglo?», agrega en referencia al momento de altos precios del barril que vivió Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
