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La oenegé Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, poner fin al estado de excepción que mantiene desde hace cuatro años por su «guerra» antipandillas y que ha dejado unos 91,000 detenidos.
Bukele implementa desde el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas miles personas sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en graves violaciones de derechos humanos en El Salvador.
«Las autoridades (salvadoreñas) deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una pronta revisión judicial y juicios justos», publicó la organización internacional en su cuenta X.
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Cuatro años de estado de excepción
Afirmó que «han pasado cuatro años» desde que el gobernante declaró el estado de emergencia y «desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91,000 personas, incluidos niños».
Varios países de América Latina quieren replicar la política de seguridad de Bukele pese a las críticas de grupos humanitarios que lo fustigan por basarse en un régimen de excepción que permite la detención de personas sin orden judicial, acusándolas de ser integrantes o cómplices de las pandillas.
Bukele, cuya respuesta a dicha ola de homicidios le granjeó su reelección inmediata a pasar la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen permitió combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
504 personas han muerto en las cárceles desde 2022
La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que en «este camino de régimen de excepción hemos tenidos una gran cantidad de violaciones a derechos humanos» y reveló que la organización ha registrado la muerte en diferentes cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 a marzo 2026.
Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria con el 98 por ciento de los casos, siendo vinculados al 75 por ciento de los atropellos los agentes de la Policía.
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Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, señaló en declaraciones a EFE que se cumplen «cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se liberen a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales».
Cadena perpetua para menores
El jueves pasado, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, aprobó a pedido del gobernante la prisión perpetua para menores de 18 años «homicidas, violadores y terroristas».
El 17 de marzo ya había aprobado la prisión perpetua a pesar de que oenegés acusaran al gobierno de cometer «crímenes de lesa humanidad» en la lucha contra la delincuencia. Antes de la reforma la pena máxima de cárcel era de 60 años.
Bukele goza de altos niveles de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.
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