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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró el miércoles a Gustavo González López ministro de la Defensa. El oficial asume el cargo tras la salida de Vladimir Padrino López.
La designación ocurre seis días después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta crítica. El 12 de marzo, los expertos Alex Neve y María Eloísa Quintero advirtieron en Ginebra que la maquinaria institucional represiva venezolana permanece intacta.
La misión denunció que funcionarios militares de alto nivel, identificados previamente como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan en el ejercicio de altos cargos. El ascenso de González López materializa los temores expresados por la comunidad internacional sobre la falta de justicia.
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Múltiples documentos de la ONU sustentan el expediente contra el nuevo titular de la Defensa, especialmente el Informe de 2020 y las actualizaciones de 2023. Las investigaciones concluyen que González López, durante su gestión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), participó en actos de tortura.
Un caso de la Operación Gedeón
La misión documentó el caso de Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 durante la denominada Operación Gedeón. Baduel relató que González López lo interrogó personalmente mientras agentes lo sometían a asfixia por inmersión y descargas eléctricas en los genitales.
En el centro de detención conocido como La Tumba, el oficial administró dinámicas de persecución psicológica. Los expertos registraron testimonios acerca de que el militar ofrecía libertades condicionales a cambio de información, mientras mantenía a los detenidos en condiciones de aislamiento prolongado.
Como ministro de Relaciones Interiores en 2015, González López dirigió las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En una incursión en la Cota 905, en Caracas, fuerzas estatales ejecutaron extrajudicialmente a 14 jóvenes.
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González López justificó la masacre en televisión nacional al declarar que habían muerto «14 maleantes» en enfrentamientos, a pesar de la ausencia de pruebas judiciales. La misión identificó este patrón como política de Estado para criminalizar a sectores populares.
Otro caso relevante involucra a un periodista detenido en Plaza Venezuela, en Caracas. Mientras agentes golpeaban al comunicador, el oficial observaba la agresión sin intervenir para sancionar a sus subordinados, limitándose a enviar mensajes ambiguos sobre las órdenes impartidas.
El sistema del «policía bueno y policía malo»
Exdetenidos describieron un sistema de «policía bueno y policía malo» en El Helicoide, sede del Sebin. Según los relatos, González López asumía el rol de mediador durante los interrogatorios, mientras otros mandos ejecutaban el daño físico para extraer confesiones forzadas.
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El nombramiento confirma la advertencia de la ONU sobre la permanencia de estructuras que violan derechos humanos. El organismo internacional advirtió que la rotación de cargos entre señalados por crímenes graves impide cualquier avance real en la transición.
Los expertos insisten en que la cadena de mando debe responder ante la justicia internacional por las violaciones sistemáticas documentadas.
