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Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública en Costa Rica asestaron un fuerte golpe a la minería ilegal en el cerro Conchuditas, en la frontera norte del suelo costarricense. Durante las últimas semanas, los agentes capturaron a un grupo de mineros ilegales y decomisaron un millonario equipo que era utilizado para la extracción del oro.
El equipo valorado en miles de dólares es conformado por siete plantas eléctricas, 10 bombas sumergibles, 10 extensiones eléctricas, dos cilindros de gas, cuatro cocinas de gas, tres rotamartillos, seis palas, seis picos y seis barras.
El Gobierno de Costa Rica, liderado por Rodrigo Chaves, desde mediados de febrero pasado denunció cómo el oro extraído mediante la minería ilegal, que afecta al territorio costarricense particularmente el sector de Las Crucitas y el cerro Conchuditas, termina siendo comercializado en Nicaragua y adquirido por empresas chinas.
60 champas destruidas y 2,000 sacos de sedimento decomisados
Como parte de las acciones contra la minería, los oficiales destruyeron unas 60 champas o tiendas improvisadas que servían de refugio a los coligalleros y confiscaron 2,000 sacos con sedimentos mineros.
Las autoridades indicaron que en el operativo también fueron destruidas 56 piletas utilizadas para procesar el sedimento extraído.
La Fuerza Pública también detuvo a tres sospechosos y les decomisaron las herramientas usadas para la minería ilegal en Las Crucitas.
Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han abordado abiertamente cómo estructuras del crimen organizado están financiando a los mineros ilegales para la extracción del oro en la frontera norte del país.
Reunión entre Nicaragua y Costa Rica
El presidente costarricense anunció el 20 de febrero que su Administración denunciaría dicha situación ante el Gobierno de Estados Unidos. En paralelo, funcionarios costarricenses de Seguridad llamaron a Nicaragua a abordar con urgencia el reforzamiento de la vigilancia en el río San Juan, desde el territorio nicaragüense, con el fin de controlar el robo de oro que sufre el territorio costarricense.
El pasado 28 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su canciller Valdrack Jaentschke y otros funcionarios, incluidos de la Policía y el Ejército, se comprometió con el Gobierno de Costa Rica a mejorar los operativos de vigilancia en la frontera entre ambos países para hacerle frente al tráfico ilegal de oro.
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En la reunión celebrada en la frontera con Costa Rica, estuvieron presentes el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco, el ministro de Seguridad de ese país, Mario Zamora y otros funcionarios del país vecino.
De acuerdo al canciller de Costa Rica, el objetivo de la reunión fue mejorar el control de vigilancia para resolver el problema de la minería ilegal a través del río San Juan, que es de jurisdicción nicaragüense. Al mismo tiempo aseguró que se trató de un «diálogo respetuoso» y que hubo interés de ambas partes para buscarle soluciones a la problemática.
El ministro costarricense de Seguridad señaló que durante el encuentro se abordaron las características del tráfico ilegal de oro en Crucitas, y cómo se está trasladando hacia Nicaragua, a través de la frontera común, el material aurífero extraído en Crucitas.
Específicamente, acordaron mejorar la coordinación de los operativos policiales, tanto del lado costarricense como nicaragüense. También, intercambiar información oportuna cuando se realicen dichos operativos, para que sean más eficaces y además, se comprometieron a designar «un punto focal» de comunicación y coordinación por cada uno de los países, así como celebrar reuniones bimensuales de seguridad fronteriza entre ambas naciones.
