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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) se estrenó este lunes 2 de marzo al otorgar sus primeras concesiones mineras para el aprovechamiento de minerales no metálicos en Ciudad Sandino y Mateare, en Managua. La empresa GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A., representada por un operador empresarial del Ejército de Nicaragua, el contador Domingo Enrique Carranza Mejía, recibió tres lotes que suman 131.51 hectáreas.
La decisión de entregar los lotes fue publicada en el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta. La empresa tiene el derecho de exclusividad para la exploración, explotación y establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales. La misma debe iniciar sus labores en un plazo no mayor de cuatro años desde que se otorgó la concesión, que tiene vigencia de 25 años.
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En febrero pasado, en medio de propuestas legislativas impulsadas por senadores estadounidenses para sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el comercio ilícito de oro, los diputados orteguistas aprobaron de forma unánime y con trámite de urgencia la «Ley para adscribir la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ)«.
La dirección pertenecía al Ministerio de Energía y Minas (MEM), dirigido por Salvador Mansell, y de esta manera pasó a control directo de la familia presidencial, a través de la procuradora Wendy Morales, una funcionaria cercana a la dictadora.
Los lotes suman 131.51 hectáreas
La solicitud de concesión de estos lotes fue presentada por Carranza el 18 de febrero pasado. La aprobación obtuvo cuatro días después, el 20 de febrero, mediante resolución firmada por Norman Henríquez Blandón, a cargo de la Dirección de Minas en la PGJ. Fue publicada este 2 de marzo en el diario oficial La Gaceta.
El primer lote, denominado «Mina Buena Vista», abarca 37.89 hectáreas y se ubica en Ciudad Sandino. El segundo, «Mina Xiloá», con superficie de 58.62 hectáreas está en Mateare, y el tercero, «Mina Xolotlán», cuenta con una extensión de 35.00 hectáreas en Ciudad Sandino.
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Basado en documentos públicos, Carranza, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, fue identificado como parte de una red empresarial de los negocios de la institución castrense en una investigación periodística, realizada por Nicaragua Investiga y Café con Voz. Es propietario de 40 acciones en Industrias Toro S.A., empresa contratada para suministrar botas militares.
También fungió como representante de la empresa constructora Obras de Ingenierías S.A. (Obrinsa), propiedad de los militares. En ese reportaje se menciona además a la notaria Juana Mercedes Calero Rocha, quien es representante de esta última constructora que recibe contratos millonarios.
GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A., la empresa beneficiada con la concesión, solicitó en dos ocasiones registrar la marca Concrenic, una de ellas ocurrió en mayo de 2018.
