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El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control de dos puertos cercanos al Canal cuya concesión, en manos de una filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings Lmtd., quedó anulada por un fallo judicial inapelable.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) «hoy tomó posesión de sus puertos y garantizará» la operatividad de las terminales Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mediante un «decreto de ocupación», dijo en una conferencia de prensa el director general de Puertos de esa institución del Estado, Max Flores.
Los puertos de Balboa y Cristóbal son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño.
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No hay expropiación de maquinaria y equipos
El decreto de ocupación «es una medida legal y legítima», y no implica una expropiación de los equipos y maquinaria de Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, explicaron tanto Flores como Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y designado por el Gobierno para coordinar la transición en los puertos.
«Esto es lo que se llama una ocupación para garantizar que la operación del puerto pueda continuar. Se reconoce que los equipos son de la empresa» PPC, sostuvo Alemán Zubieta.
La AMP, el ente del Estado responsable de los puertos en Panamá, aprobará este mismo lunes «un plan para la operación transitoria con un operador en ambas terminales» por un período «de hasta 18 meses».
APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), operarán de forma transitoria los dos puertos.
«Hemos buscado» para la administración transitoria «los operadores que tienen la carga. En el caso del Pacífico será APM Terminals y en el caso del Atlántico TiL», reveló Alemán Zubieta, un plan que será presentado este mismo lunes al gabinete de Gobierno para su aprobación, lo que se da por descontado.
Inicialmente el Gobierno panameño había informado que la operación transitoria de ambos puertos quedaría en manos de la filial de la danesa Maersk.
Esta operación transitoria se desarrollará «hasta tanto» se lleve a cabo «un proceso de selección de los operadores definitivos» para cada puerto «cuidando los mejores intereses del país», dijo por su parte Flores.
La ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz, garantizó por su parte la estabilidad laboral de los trabajadores de los dos puertos y que «no habrán despidos».
Empresa iría a arbitraje
El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, que tildó de «leonino» y de lesivo a los intereses de la nación.
PPC informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares.
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