El político opositor nicaragüense exiliado en Estados Unidos (EE. UU.), Luis Fley, presidente del partido Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), envió una carta a la Embajada de Nicaragua en Washington para informar que él y otros miembros de su organización política quieren y están dispuestos a regresar a Nicaragua. Para lo cual demandan al régimen de Managua las garantías personales y jurídicas que son indispensables.
Fley reconoce los riesgos para la seguridad personal, e incluso de sus vidas, que correrían al regresar a Nicaragua. De allí que, según declaró a LA PRENSA, apelarían a la protección de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La decisión o el interés de los miembros del FDN de regresar a Nicaragua, a pesar de la permanencia de la feroz dictadura que los ha obligado a irse del país y vivir en el exilio, se basa en su valoración de la situación política que se ha creado en la región después de los acontecimientos del 3 de enero pasado en Venezuela. Como es bien sabido, en esa fecha EE. UU. derrocó mediante un fulminante operativo militar al dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien hizo prisionero y lo llevó a Nueva York donde ahora es juzgado por los graves crímenes que se le imputan.
“Este es el momento adecuado; por los acontecimientos de Venezuela y lo que está sucediendo en Cuba creemos que los nicaragüenses que deseamos regresar a nuestra patria debemos exigir garantías de seguridad”, dijo el líder del FDN y antiguo comandante de las fuerzas contrarrevolucionarias que en los años ochenta del siglo pasado libraron la guerra contra la primera dictadura sandinista. Y que entregaron las armas sin rendirse, para respaldar el proceso político cívico y pacífico, democrático y de reconciliación nacional que se desarrolló en Nicaragua de 1990 a 2006.
Pero, aparte de la coyuntura política creada a partir del 3 enero, en la que según algunos analistas la dictadura de Nicaragua podría verse obligada a abrir espacios de participación política, lo cierto e incuestionable es que todos los nicaragüenses desterrados y exiliados tienen derecho de retornar a su país.
Las normas y sentencias judiciales mediante las cuales fueron expulsados de Nicaragua por la dictadura, que a muchos incluso los privó de su nacionalidad nicaragüense, son absolutamente ilegales y por lo consiguiente inválidas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos que, por mucho que le pese a los dictadores, es obligatorio para Nicaragua.
Todos esos compatriotas nicaragüenses tienen derecho de volver a su país y de que les sea devuelta su condición de nicaragüenses, de conformidad con el Derecho de Retorno. Este es un principio y norma del derecho internacional de derechos humanos “que garantiza a las personas el derecho a regresar a su país de origen o residencia, protegiéndolas contra el exilio forzado y permitiendo el retorno voluntario y seguro de refugiados o desplazados”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara y categórica al respecto, al disponer en su Artículo13 que “toda persona tiene derecho de regresar a su país”. Lo cual, repetimos, es ley internacional y el Estado de Nicaragua como miembro que es de las Naciones Unidas tiene la obligación de cumplirla, independientemente de quién, quiénes o qué partido gobiernen.
De manera que es justa, correcta y oportuna la demanda del señor Fley y demás miembros del partido FDN, de que el régimen les dé garantías personales y jurídicas para regresar a su país. Todas las personas que han sido expulsadas directa o indirectamente de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo también deberían reclamar expresamente su derecho de retornar al país, y apelar ante los organismos de derecho internacional y los gobiernos amigos, como el de EE. UU., para que respalden su derecho a retornar a la patria amada de la que nunca debieron ser echados; de retornar con garantías de seguridad personal y de la restitución de los derechos que les han sido conculcados, incluyendo la propia nacionalidad y los bienes que les fueron confiscados.
El derecho y la necesidad de las personas de retornar a su patria siempre ha existido, desde mucho antes de que las Naciones Unidas lo consagraran legalmente como derecho humano fundamental. Cabe recordar al respecto la antigua y emocionante costumbre de los judíos que fueron expulsados dos veces de su patria, por los imperios de Babilonia y Roma. Ellos fueron convertidos en apátridas, pero donde quiera que estuvieran en la diáspora, en cada celebración de la Pascua (Pesaj) y del Día del Perdón (Yom Kippur), al terminar sus oraciones decían y repetían: “El año que viene en Jerusalén». De esa manera expresaban su fe, esperanza y convicción de que algún día podrían regresar a su ciudad santa y su patria sagrada. Hasta que por fin pudieron regresar.
Como sin duda regresarán también a Nicaragua todos los nicaragüenses de la diáspora y los que han sido condenados por la dictadura al exilio, el destierro y la apatridia, que es un cruel, infame y aborrecible crimen de lesa humanidad.
