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El migrante nicaragüense Maycon Stiven Molina Pérez, de 23 años, originario de Nueva Segovia, fue condenado a 30 años de prisión y a 10 años de libertad supervisada —una vez que salga de prisión— por los delitos de producción y distribución de pornografía infantil, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Kelly H. Rankin, juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., impuso la sentencia en Cheyenne y ordenó al connacional pagar una restitución de no menos de 3,000 dólares por cada víctima solicitante. La sentencia fue dictada el pasado 6 de febrero.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. aseguró que Molina Pérez es un inmigrante ilegal que residía en Laramie, Wyoming.
Casi 2,700 archivos de agresión sexual
El caso contra el migrante —bajo el Caso N.º CR-25-0031 USA v. Molina Pérez— empezó el 8 de julio de 2025, según documentos judiciales, cuando la madre de un menor de edad (víctima) encontró en el teléfono (del acusado) un video donde aparece Molina Pérez agrediéndola sexualmente.
De inmediato, la mujer llamó al Departamento de Policía del Condado de Laramie y les entregó a los oficiales el teléfono Samsung Galaxy, propiedad de Molina Pérez.
Las autoridades policiales obtuvieron una orden de registro y confiscaron ropa y otros dispositivos del nicaragüense. Desde ese momento iniciaron a buscar al acusado, pero había huido a Colorado, donde fue localizado ese mismo día en horas de la tarde.
Cuando lo encontraron el sujeto tenía un iPhone en su poder, que también fue confiscado.
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«Agentes del grupo de trabajo de Delitos contra Niños en Internet de la División de Investigación Criminal de Wyoming localizaron más de 1,400 archivos de pornografía infantil en el teléfono Samsung Galaxy, incluyendo archivos de bestialidad, agresión sexual infantil y sadomasoquismo. También encontraron el video de la agresión al menor, que tuvo lugar en el domicilio del acusado», explicó el Departamento de Justicia.
Mientras que en el iPhone «se localizaron más de 1,280 archivos de imagen y varios videos, incluyendo dos videos adicionales que involucraban a la víctima».
El acusado compartía archivos de pornografía infantil a través de múltiples aplicaciones, incluidas Telegram y WhatsApp.
«Ninguna sentencia puede reparar el trauma infligido»
El fiscal federal Darin Smith aseguró que el dolor causado por los crímenes cometido por Molina Pérez «es inconmensurable, y ninguna sentencia puede reparar el trauma infligido a la víctima y a su familia».
Destacó que la sentencia dictada por el juez «envía un mensaje claro: sin importar de dónde provenga, si comete los atroces crímenes de abuso infantil, deberá responder plenamente».
También agradeció profundamente a la familia de la víctima por su valentía y a las fuerzas del orden por su «incansable labor en la búsqueda de justicia».
Asimismo, a quienes investigaron el crimen, el Departamento de Policía del Condado de Laramie y el Grupo de Trabajo DCI-ICAC. La fiscal federal adjunta Mackenzie Morrison fue la responsable del proceso.
