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Si se considera que para proteger la libertad individual es esencial limitar el poder del Estado, la siguiente tarea es explorar medios concretos para lograrlo; formas efectivas de evitar el despotismo y la arbitrariedad de los gobernantes. Sin valladares contra los abusos ninguna libertad o democracia es segura. El éxito de la democracia americana, la más estable y duradera del planeta, se ha debido precisamente a las sabias medidas que sus padres fundadores establecieron para limitar el poder. Entre las más conocidas se mencionan rutinariamente la división e independencia de los poderes —con sus respectivos pesos y contrapesos— la alternabilidad de las autoridades a través de elecciones periódicas, y una prensa totalmente libre.
El problema es que lo anterior es más fácil enunciarlo que aplicarlo. Las constituciones de casi todos los países de Latinoamérica han copiado las líneas matrices de la norteamericana, pero pocas veces han sido respetadas. Debe pues hacerse el esfuerzo de conseguir medios concretos que aseguren su acatamiento, poniendo particular énfasis en aquellos que salvaguarden la independencia de los poderes. No es fácil lograr que los magistrados del poder judicial sean completamente independientes del Ejecutivo. Tampoco que lo sean los diputados o miembros del poder electoral.
Un primer paso para superar estas dificultades es examinar quiénes eligen a los integrantes de estos poderes. Si el nombramiento y permanencia en el puesto de un magistrado o diputado es periódico y depende del presidente del país, o de una asamblea sumisa a él, difícilmente contrariará la voluntad de quien lo nombró y lo puede quitar.
En el caso concreto del poder judicial hay dos reformas que pueden contribuir a evitar dicho problema cimentando su independencia: una, que ha funcionado bastante bien en Estados Unidos, es hacer vitalicios a los magistrados. El saber que una vez nombrados no hay gobernante ni asamblea alguna que pueda quitarlos, les dota de un buen margen de independencia. Evidentemente, siempre podrá haber causales de remoción en caso de delitos graves, pero estas solo podrían ser determinados por la Corte Suprema de Justicia. El otro elemento es que su nombramiento sea producto de un colegio de electores debidamente calificados. Por ejemplo: representantes del sector privado, de las asociaciones de abogados, de los rectores universitarios y, también, de algunos delegados del Legislativo y del Ejecutivo. Esto mismo podría valer para seleccionar a quienes integren el poder o función electoral.
En el caso del poder legislativo es imperativo evitar que los candidatos a diputados sean electos en plancha por los jefes de los partidos. Por el contrario, estos deben ser electos en cada departamento o circunscripción electoral y con voto secreto. Igualmente debe permitirse la elección de diputados independientes de cualquier partido o afiliación política (la suscripción popular) y prohibir la nefasta ley de transfuguismo político que pena el no votar con el partido. Cada diputado debe votar de acuerdo con su conciencia, coincida o no con lo que dicte su partido, sin temor a perder su escaño.
Otra medida imperativa es democratizar los partidos. La sujeción de sus militantes a la voluntad del jefe o caudillo ha sido una plaga totalmente reñida con los principios democráticos. Para esto habrá que reglamentar y exigir la celebración de primarias, supervisadas por el organismo electoral, así como establecer la no reelección de la cabeza o líder del partido.
Igual principio de no reelección absoluta habrá que aplicarse al presidente de la República y limitar la de los diputados a no más de dos períodos. Esto contribuiría a evitar al político profesional que busca eternizarse en el cargo y renovaría los liderazgos nacionales. Convendría asimismo establecer por ley la obligatoriedad del presidente de la República a practicar conferencias de prensa mensuales con participación abierta de todos los medios de comunicación.
Estas y otras medidas deberían ser pensadas para asegurar también la independencia de instituciones del Estado como la Contraloría, la Procuraduría y el Banco Central. Pero habrá también que concebir otras para empoderar a la sociedad civil. Una de ellas podría ser asignar algunos escaños del Legislativo a representantes del sector privado, de las oenegés independientes, de las universidades, etc. Otra, paralela, sería promover la descentralización de los servicios estatales. Este es otro tema complejo y fascinante que habrá que tratar por separado.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
