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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó «enérgicamente» el «pronunciamiento» de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings Lmtd., anunciando un proceso de arbitraje contra el país, y advirtió que se tomarán las «decisiones correspondientes».
El inicio de ese arbitraje por parte del operador hongkonés se da después que la Corte Suprema de Justicia panameña declarase la semana pasada «inconstitucional» el contrato de concesión que poseía sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal de Panamá.
«Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central», escribió en X Mulino.
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El mandatario panameño advirtió de que «la Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes».
Esta semana, el operador hongkonés informó del comienzo de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá después de que el 29 de enero la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarase «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y PPC, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), y subsidiaria de CK Hutchison.
de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central», afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. EFE/ Bienvenido Velasco
Maersk asumirá la operación de los puertos
Un día después, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación «abierta y transparente» de la concesión.
La empresa considera que «ha incumplido el Contrato y ley aplicables», por lo que pide una «indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario», aunque no precisa la cifra.
El inicio del arbitraje se produce tras una «campaña» del Estado panameño «dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario», señala en un comunicado la compañía.
El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a PPC, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo panameño, quedando anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas en ese sentido presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores, que planteó la existencia de términos lesivos.
