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La Policía del régimen de Daniel Ortega llegó sin aviso a las casas de cooperantes españoles en Managua, les dio unos minutos para empacar “cuatro cosas” y los condujo bajo custodia policial directamente al aeropuerto, donde los obligaron a abandonar el país de forma inmediata, conoció LA PRENSA por fuentes relacionadas al caso.
De acuerdo con estas fuentes, los operativos se ejecutaron de manera simultánea y acelerada. No los llevaron a la cárcel del Chipote, sino directamente al aeropuerto, donde los forzaron a comprar sus pasajes con sus tarjetas de crédito.
A los cooperantes les quitaron los teléfonos móviles, se los revisaron y formatearon, y se les exigió salir del país en el primer vuelo disponible.
La expulsión de los cooperantes se produjo en paralelo a la expulsión del embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salva, y de su segundo, Miguel Mahiques Núñez, ordenada por el régimen el domingo.
La dictadura justificó la medida acusando a los diplomáticos de “actividades incompatibles con su estatus”, una fórmula recurrente utilizada por el gobierno de Ortega para romper relaciones diplomáticas o expulsar misiones extranjeras.
Reciprocidad
España aplicó el principio de reciprocidad y expulsó al embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Gelli, así como a otro funcionario diplomático cuya identidad no fue revelada.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español calificó públicamente la decisión del régimen nicaragüense como “injusta”, aunque evitó detallar los argumentos de fondo que Managua esgrimió para ejecutar la medida.
La crisis diplomática se desató cuando Farré Salva llevaba apenas 23 días en el cargo, tras haber presentado sus cartas credenciales al “co-canciller” Valdrack Jaentschke.
Medios españoles como ABC y The Objective informaron que la acusación del régimen se relaciona con supuestos contactos del embajador con “grupos no afines a Ortega”, en referencia a reuniones sostenidas con representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional.
En ese contexto, The Objective reportó que al menos cinco personas del área de cooperación española también fueron “detenidas y expulsadas”, una información que coincide parcialmente con los datos recabados por LA PRENSA.
Sin embargo, las fuentes consultadas indican que el número total de cooperantes expulsados sería de 8 o 9, que son los representantes de las ONG de cooperación española que todavía estaban operando dentro de Nicaragua.
Algunos de estos cooperantes expulsados no solo tienen nacionalidad española, sino también nicaragüense, y cuentan con vínculos familiares en el país.
La fuente subrayó que la expulsión de los cooperantes no habría estado motivada por ninguna acción concreta atribuible a ellos ni por la reunión que algunos mantuvieron recientemente con el embajador español en el edificio de la Embajada de España en Managua.
La reunión española
“Es cierto que esta gente tuvo una reunión con el embajador hace pocos días, pero por lo que yo sé, en esa reunión no se dijo nada especial. No hubo una manifestación contraria al Gobierno más allá de lo que siempre se había comentado en esas reuniones”, aseguró.
Para la fuente diplomática, la decisión del régimen apunta a razones más profundas y ajenas al ámbito de la cooperación. “La verdad es que las interpretaciones ahí son libres y todavía no tenemos el motivo exacto por el que ha sucedido todo lo que ha pasado estos días”, reconoció. A su juicio, “esto va más allá. Hay una represalia directa por algo que está más arriba”.
Según su interpretación, podría tratarse de un desencuentro en negociaciones de alto nivel entre ambos gobiernos. “Hay algún tipo de negociación por parte del Gobierno. Yo no sé si tiene que ver con los hijos, si tiene que ver con alguien, o con alguna salida que estaba negociando y que España, en determinado momento, se negó a aceptar, y por tanto hubo una represalia inmediata”, señaló, aunque aclaró que aún no cuenta con información concluyente.
LA PRENSA confirmó además que el coordinador de la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) se mantiene aún en Nicaragua.
“Todavía se están armado las piezas del puzzle. Hay cosas que todavía ni España acaba de entender. Están viendo, con todo lo que ha pasado en estas horas, acabar de componerlo todo y entender cuál es la motivación principal por la que Nicaragua ha tomado esta decisión”, relató la fuente consultada.
Por ahora, no hay reportes de detenciones de ciudadanos nicaragüenses vinculadas directamente a estos hechos.
“Más allá de todo lo que se cuenta en redes, que ahora es un arroz con mango, lo importante es entender si esto sale de una reunión de cooperantes o si hay algo más allá. Yo creo que sí hay algo más allá”, afirmó.
