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La Policía Nacional endureció los controles sobre los negocios en Nicaragua y ahora condiciona la renovación de permisos de operación a la instalación obligatoria de cámaras de vigilancia, una medida que propietarios consideran una nueva forma de presión y control en medio de la crisis económica.
La advertencia fue hecha por el comisionado Rafael Romero durante una reunión sostenida con dueños de bares, restaurantes, licorerías, cantinas, locales comerciales e incluso galleras, que operan en el departamento de Chinandega, a quienes les dejó claro que sin cámaras no habrá permisos.
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“El requisito para renovar matrículas o para un nuevo título tiene que ser la cámara de seguridad profesional en bares, restaurantes, locales, licorerías, cantinas. En lugares menores podríamos valorar cámaras de bujía”, afirmó el jefe policial.
Romero insistió en que la medida es un requisito indispensable. “Es un requisito sine qua non. Matriculamos, emitimos el permiso y luego lo controlamos con el sistema de confronta de patrulla para verificar que todo está correctamente instalado”, agregó, dejando claro que habrá supervisión permanente.
La página web de la Alcaldía de Managua señala que negocios como bares, restaurantes, casinos, billares, servicios de diversión y esparcimiento, pensión-hospedaje y establecimientos que vendan licor servido deben presentar resolución de la Policía Nacional, misma que dependerá de la instalación de las cámaras.
Aunque en Nicaragua no existe una ley general que obligue a todos los negocios a instalar cámaras, el régimen ha fortalecido la vigilancia a través de normativas que facultan a las autoridades a exigir grabaciones de seguridad privada y acceder a datos para investigaciones. Las empresas de seguridad privadas y las grabaciones de comercios son consideradas auxiliares de la Policía Nacional, lo que obliga a los propietarios a entregar material audiovisual cuando sea requerido por la Policía o un juez.
Las restricciones de privacidad indican que la ley prohíbe cámaras en baños y vestuarios y exige notificación en áreas laborales, pero el alcance real del monitoreo sigue creciendo hasta alcanzar una vigilancia masiva.
Dueños de locales preocupados
La medida ya está generando un impacto económico directo. Comerciantes consultados por LA PRENSA detallan que los costos de instalación son elevados para pequeños negocios. El paquete más económico, de dos cámaras, cuesta alrededor de 7,500 córdobas ya instalado, siempre que el local cuente con internet.
«Las cámaras con audio ascienden a casi 8,000 córdobas, mientras que paquetes de cuatro cámaras pueden superar los 11,700 córdobas. La instalación tarda unas seis horas y, debido a la alta demanda, se requiere cita previa. El mantenimiento debe hacerse cada seis meses y cuesta entre 2,000 y 2,500 córdobas», explicó el propietario de una empresa dedicada a este negocio.
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Otros proveedores ofrecen kits básicos desde 280 dólares por cuatro cámaras sin audio, con instalación incluida, y versiones más avanzadas que alcanzan los 400 dólares. A esto se suma el costo del internet, que puede implicar routers inalámbricos de hasta 70 dólares y recargas semanales de 500 córdobas.
Una comerciante, que pidió el anonimato, advirtió que la medida golpea a un sector ya asfixiado. “Estamos trabajando con las uñas, sobreviviendo para darles a nuestros hijos lo básico. Esto nos golpea fuerte”, afirmó.
Otro entrevistado solicitó conversar con LA PRENSA en condición de anonimato, por el temor latente de que por represalias le nieguen los permisos para operar y le cierren su negocio. «Ya estuve cotizando y casi me voy de espaldas. Hay paquetes de cámaras de entre 350 y 450 dólares, el problema no es solo la inversión inicial, sino el pago mensual del internet, esos son al menos 30 dólares mensuales ¡Es una barbaridad!», exclamó indignado.
Otra comerciante también cuestionó la efectividad del sistema. “Las cámaras no van a servir de nada si siguen indultando delincuentes. Conozco casos de robos donde identificaron al culpable gracias a una tal cámara, clarita la cara del ladrón y a los pocos días estaba libre”, denunció, señalando que la impunidad hace inútil el gasto obligatorio.
La Policía Nacional sostiene encuentros en los municipios donde informan de este requisito que aseguran ya existía, pero que este año será obligatorio. Aunque la institución defiende la medida como una acción para mejorar la seguridad, comerciantes temen que se trate de un nuevo mecanismo de control estatal que aumenta costos y reduce márgenes de ganancia.
