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En 2026 se prevé mayor represión e instrumentalización de la dictadura sandinista para con la ciudadanía desde la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según diversos analistas consultados por LA PRENSA.
En 2025, los diputados leales al régimen aprobaron 35 leyes y 29 decretos. Dentro de las leyes ratificaron una reforma a la Constitución Política que otorgó al matrimonio el poder total en el país como «co-presidentes». Los expertos dicen que los cambios sustanciales podrían continuar.
«Esto dependerá de las necesidades políticas de Rosario Murillo para consolidar su proyecto dinástico», dijo a LA PRENSA Juan Diego Barberena, Jurista constitucionalista.
Murillo ha llevado a cabo una feroz liquidación de los últimos vestigios que quedaban del sandinismo histórico y ha realizado purgas a todas las instancias, incluido el poder judicial con la renuncia de la mayoría de magistrados.
Según Barberena, Murillo podrá ir ahora por el Ejército de Nicaragua que ha sido el eslabón que ha quedado de las barridas de la codictadora.
«Puede haber una reforma que consolide desde una perspectiva constitucional, el Ejército, entre otras cuestiones», acota Barberena.
Diputados ratificarán la prohibición de doble nacionalidad
El 16 de mayo de 2025 fue aprobada en primera legislatura una reforma a la Constitución que revoca la nacionalidad nicaragüense en caso de adquirir el ciudadano una segunda nacionalidad. En 2026 esta reforma será ratificada en segunda legislatura.
Según destacaron en repetidas ocasiones los operadores sandinistas en la Asamblea, esta ley no tiene efecto retroactivo, de modo que afectará únicamente a quienes busquen otra ciudadanía al momento de entrar en vigor la reforma.
La reforma establece que la pérdida de nacionalidad nicaragüense es automática al momento de adquirir una segunda nacionalidad. Previo a la reforma, el artículo 18 de la Constitución establecía que «la calidad de nacional no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Esto ya no será el caso.
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La redacción de la reforma genera una extraña situación en tanto los ciudadanos de otros países centroamericanos todavía pueden adquirir la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia, mientras que para los nicaragüenses no se contempla excepción alguna.
«Ya lo hacían de facto. Sin juicio, sin declaratoria, sin nada que tenga algún ribete de legalidad», explicó en entrevista con LA PRENSA el economista, abogado y exdiputado nicaragüense Enrique Sáenz.
«No te extienden el pasaporte, te anulan el pasaporte, no te dejan entrar al país, no te hacen renovación de la cédula, te anulan tu derecho de identidad, y algo que en realidad es bien difícil sostenerlo a nivel internacional, porque es de facto», añadió.
A Sáenz le fue revocada su nacionalidad de forma inconstitucional el 15 de febrero de 2023 junto con otros 93 ciudadanos opositores.
En total, 452 opositores han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas, incluyendo a dos grupos, uno de 222 desterrado a Estados Unidos en 2023 y otro de 135 desterrados a Guatemala en 2024.
«Es un régimen que no se sostiene por la ley, es un régimen que no se sostiene por las instituciones, es un régimen que se sostiene únicamente y exclusivamente por su poder represivo», denunció el experto.
Diputados legislarán «a voluntad de la mafia en el poder»
Esta situación ha sido denunciada en distintos foros. La oposición ha catalogado esto como «represión transnacional».
Así, pues, Sáenz valora que el cambio únicamente tendrá el efecto de visibilizar lo que ya ocurría. «Cualquier cosa que aprueben en esto, si ya lo están haciendo, si ya lo han hecho, aquí lo determinante es la voluntad represiva de la mafia en el poder», juzgó el experto.
De modo que considera que la dictadura se encuentra en un punto en el que la ley no tiene significado alguno. Los cambios ocurren entre semana, dependiendo de los designios de la pareja dictatorial, denunció el experto y, a su ver, no existe ya la figura del legislador, no existe separación de poderes y no se puede llamar ley a lo que se dicta desde El Carmen.
«Estamos ante una dictadura sin apelativos. Una dictadura con todas sus letras. Y para una dictadura —y aquí se ha demostrado— la Constitución, las leyes, son irrelevantes», acotó.
