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Después de dos años de estancamiento, Nicaragua y Colombia reanudarán esta semana el diálogo de definición de las fronteras marítimas derivado del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de 2023. Especialistas nicaragüenses atribuyen su reactivación a intereses compartidos entre la dictadura Ortega Murillo y el gobierno de Gustavo Petro. Pero los colombianos no esperan que se consigan acuerdos.
Según informaron medios de propaganda del régimen, una delegación colombiana llegará a Managua encabezada por Olga Lucía Arenas Neira, viceministra de Relaciones Exteriores. En el grupo integrado por al menos diez funcionarios de alto nivel también vendrá, el contralmirante Hermann León Rincón, de la Armada de Colombia. El encuentro se realizará entre el 11 y el 12 de diciembre.
Las conversaciones entre Nicaragua y Colombia estaban pospuestas desde el 5 de diciembre de 2023, es decir desde hace más de dos años, según indicó a LA PRENSA en 2024, la cancillería colombiana.
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estuvieron en disputa hasta que en 2007 el tribunal de La Haya declaró la soberanía colombiana sobre el archipiélago, aunque sin definir la frontera marítima entre ambos países. En 2012, el tribunal otorgó a Nicaragua 80 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe, fallo que Colombia aseguró en su momento que no reconocería. Nicaragua pidió entonces que la Corte interviniera para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
En 2022, la Corte de La Haya resolvió que Colombia violó los derechos soberanos y de jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
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Diálogo suspendido
El 13 de julio de 2023, la CIJ falló a favor de Colombia, luego de que Nicaragua solicitara la delimitación de su plataforma continental alegando derechos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. De haberse aceptado, la jurisdicción nicaragüense se habría extendido hasta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Tras este fallo, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró el 20 de julio de 2023, que buscaría un diálogo con Ortega para negociar condiciones de pesca para el pueblo raizal, un grupo afrocaribeño originario de las islas. Horas antes, Ortega pidió a Petro acatar la sentencia de 2012, que otorgó a Nicaragua 80 mil kilómetros cuadrados de mar en el Caribe, y solicitó que los acuerdos se formalizaran mediante un decreto.
El 23 de mayo de 2024, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo afirmó que en el plazo de un año el Gobierno tendría que haber negociado un tratado con Nicaragua para aplicar las sentencias.
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Oportunidad política
En 2024, Petro y Ortega protagonizaron tensos intercambios. Ortega llamó al presidente colombiano y al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva «arrastrados», mientras que Petro respondió señalándolo como violador de derechos humanos. No obstante, en 2025 las tensiones disminuyeron, especialmente después de que Estados Unidos sancionó a Petro, lo que motivó expresiones de solidaridad hacia él por parte de Ortega.
A criterio de un especialista en relaciones internacionales consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, la reactivación del diálogo obedece a un interés político compartido entre el régimen nicaragüense y el Gobierno de Petro.
«En primer lugar, el gobierno de Petro está por finalizar su período y quiere aprovechar la afinidad ideológica con el régimen Ortega Murillo. Busca utilizar las buenas relaciones que han tenido en el pasado, que en algún momento se tensionaron, pero que desean recomponer. Si logran un acuerdo favorable, esto será útil de cara a la campaña electoral del candidato de izquierda en Colombia. Para los colombianos, han escogido el momento porque lo ven como una oportunidad que desean aprovechar», dijo el especialista.
Asimismo, el régimen Ortega Murillo también podría obtener beneficios, ya que un eventual triunfo electoral de un candidato de izquierda en Colombia evitaría que Nicaragua quedara «sola» en la región, en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos.
¿Es posible algún acuerdo?
Según el especialista, todo dependerá de que Colombia acepte la sentencia sobre la delimitación del mar territorial, las zonas marítimas y la zona económica exclusiva emitida por la CIJ en 2012. Sin embargo, señaló que las negociaciones podrían orientarse a flexibilizar ese marco mediante concesiones de explotación pesquera o de recursos, bajo el argumento de que las comunidades raizales poseen derechos históricos que no fueron plenamente considerados en la resolución.
En otras palabras, Colombia aceptaría la sentencia, pero obtendría beneficios económicos mediante concesiones otorgadas por Nicaragua, justificadas como favorables para las poblaciones de San Andrés y Providencia. Aun así —advirtió— los resultados no favorecerían los intereses nacionales de Nicaragua, sino los del régimen.
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Por su parte, el especialista en relaciones internacionales colombiano Javier Garay considera poco probable un acuerdo.
«Seguimos en las mismas condiciones: un gobierno colombiano con otras prioridades en materia de política exterior, que además ha des profesionalizado el servicio exterior y con serios problemas internos. No sé si eso sume para llegar a un acuerdo que sería mostrado como una derrota más», afirmó Garay.
