Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Luego de los señalamientos públicos contra el mexicano Elías Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en los estados de Nuevo León y Coahuila, por su presunta vinculación con una red de corrupción del empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó a Valdés Cabrera.
El 26 de noviembre se conoció que Raúl Rocha Cantú enfrenta un proceso en México por los delitos de tráfico de hidrocarburos, tráfico de armas y presunta vinculación con el crimen organizado. Valdés Cabrera es dueño de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. (SEICSA), empresa que mantiene presuntos vínculos con Rocha Cantú.
A través del Acuerdo Presidencial 201-2025, publicado de forma inusual en La Gaceta, Diario Oficial, este sábado 6 de diciembre, Ortega y Murillo dejaron sin efecto su nombramiento como cónsul honorario en Coahuila y Nuevo León, cargos que ocupaba desde el 25 de enero de 2019.
Lea además: El polémico cónsul honorario que la dictadura mantiene en dos estados mexicanos, pese a los escándalos
Polémico empresario
En los últimos seis años, distintas investigaciones periodísticas han cuestionado a la empresa SEICSA por obtener contratos millonarios de parte del Gobierno Federal de México. Además, enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos y por permitir —en marzo pasado, mientras controlaba la seguridad del puerto federal de Guaymas— el ingreso ilegal de más de dos millones de litros de diésel de contrabando.
El periodista mexicano Carlos Loret de Mola, en su noticiero matutino, informó que la empresa del entonces funcionario nicaragüense estaría vinculada a esta red de tráfico de combustible —conocido en México como huachicol— y que, además, recibió contratos gubernamentales por al menos 3 mil millones de pesos mexicanos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Según la acusación contra Rocha Cantú, uno de sus empleados buscaba armas largas para traficar y SEICSA aparece como una de las empresas que habría facilitado la obtención de dichas armas. En la misma causa judicial se indica que el armamento traficado contaba con doble matrícula, lo que facilitaba su posterior venta a grupos del crimen organizado.
El vínculo entre el cónsul nicaragüense y los cárteles
De acuerdo con información revelada por medios mexicanos, la causa penal 495/2025 sostiene que Valdés Cabrera realizó tratos de seguridad privada con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización La Unión.
El empresario mexicano Jorge Alberts Ponce —excontratista y presunto enlace entre los cárteles y el funcionario del régimen Ortega Murillo— gestionó los contratos.
En junio de este año la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ordenó esta investigación, después de denunciar públicamente el tráfico de combustible vinculado a SEICSA y exigir que se revisaran las operaciones de la empresa.
Según la causa penal —que permanece abierta—, SEICSA entregó licencias de portación de armas a integrantes de los cárteles, lo que les permite evitar detenciones en flagrancia.
Vinculado a incendio en centro de detención de migrantes
A estos supuestos delitos se suman denuncias laborales por parte de exempleados que alegan incumplimientos contractuales, así como señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunta evasión fiscal.
Si bien, estas son acusaciones graves en contra del funcionario del régimen Ortega Murillo, no es el primer escándalo al que se enfrenta su empresa de seguridad en México. En marzo de 2023, un centro del Instituto Nacional de Migración de México (INM) ubicado en Ciudad Juárez, estado fronterizo con Estados Unidos, cuya seguridad estaba en poder de la empresa SIECSA se incendió; y el incidente provocó al menos 40 fallecidos.
Lea además: Acusación contra presidente de Miss Universo salpica a cónsul de Nicaragua en México
Contratos millonarios durante el gobierno de AMLO
Las investigaciones periodísticas también señalan que SEICSA recibió cuantiosos contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2019, fecha que coincide con su nombramiento como cónsul honorario de Nicaragua.
En 2023, el medio Latinus reveló que la empresa obtuvo 130 contratos entre enero de 2019 y 2022, por más de 3 mil millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 150 millones de dólares.
Por su parte, revista Proceso, con datos actualizados de la Plataforma Nacional de Transparencia de México, documentó que los contratos con 19 entidades del Gobierno Federal alcanzan 3,915,000 pesos, es decir, más de 200 mil dólares.
