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Consideremos por un momento la fantasiosa hipótesis de que a Europa le importan sus valores. Imaginemos una Europa donde los principios tan profusamente inscritos en las banderas del proyecto europeo —el Estado de derecho, la dignidad de la persona, el compromiso con la autonomía estratégica— sean más que simples filigranas retóricas para grandes discursos en Bruselas.
Pero lo que sale de las páginas de Le Monde sobre el juez Nicolas Guillou, magistrado francés de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sería el escándalo político del siglo. Sería el tipo de asunto que derriba gobiernos y reaviva una orgullosa conciencia europea.
Pero no habitamos esa Europa. En esta Europa real, el calvario de Guillou ha sido ignorado, síntoma del descenso de nuestro continente a un estado de vasallaje indiscutible.
Desnudándolo todo, los hechos del caso son desconcertantes en extremo. Ante nosotros tenemos a un ciudadano francés. Un magistrado de renombre en la CPI, con cuya creación la diplomacia europea se esforzó por dejar atrás un pasado en el que criminales de guerra podían escudarse en la protección de sus gobiernos. Siguiendo meticulosamente los procedimientos de su institución en el ejercicio de sus funciones juramentadas, este juez autorizó órdenes de arresto contra el primer ministro y exministro de Defensa de Israel por presuntos crímenes de guerra en Gaza. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) sancionó a Guillou.
Las sanciones impuestas son una demostración magistral de la evisceración de la soberanía europea. Convierten a Guillou en un ser inexistente, no solo en Estados Unidos, sino también en su propio país, el corazón palpitante de Europa. Se le ha excluido del mundo digital global (WhatsApp, todas las aplicaciones de Google y redes sociales como Facebook e Instagram). Incluso su cuenta bancaria francesa está prácticamente inutilizable, dada la prohibición de todos los pagos que requieren la cooperación de Visa, Mastercard, American Express y el supuesto sistema europeo de mensajería interbancaria SWIFT. Por si fuera poco, cuando recientemente intentó reservar una habitación de hotel en Francia, Expedia canceló su reserva pocas horas después.
El gobierno estadounidense ha decidido sancionar —o, en esencia, destituir— a un juez europeo por ejercer sus funciones oficiales en Europa mientras trabajaba en una institución establecida por los representantes electos europeos con un gran coste y esfuerzo.
La verdadera tragedia no es que el presidente de EE. UU. esté haciendo alarde de su influencia. Es propio de los poderes hegemónicos intimidar a quienes les causan inconvenientes. La verdadera tragedia, o quizás la farsa, reside en la reacción de Europa. ¿Respondieron nuestros gobiernos con una condena unificada y rotunda? ¿Iniciaron represalias y crearon inmediatamente canales financieros y digitales europeos para proteger a su propio poder judicial y a sus ciudadanos del acoso extraterritorial? Lamentablemente, la respuesta fue un espectáculo tragicómico de aquiescencia total y absoluta.
Los bancos europeos, intimidados por la mirada severa de un funcionario del Tesoro estadounidense en Washington, se apresuraron a cerrar las cuentas de Guillou. Las empresas europeas, cuyos departamentos de cumplimiento actúan como extensiones de las autoridades estadounidenses, se niegan a prestarle servicios. Mientras tanto, las instituciones europeas —la Comisión y el Consejo— hacen la vista gorda, se lamentan y murmuran trivialidades sobre las «complejidades» de las relaciones transatlánticas. No solo no protegen a Guillou, sino que aplican activamente las sanciones estadounidenses contra su propio ciudadano.
Durante una semana en la que los líderes europeos protestaron enérgicamente por la marginación de Estados Unidos en la elaboración de un acuerdo de paz para Ucrania, su silencio sobre el trato a Guillou normalizó por completo la erosión de su autoridad. Cambiaron el desafiante y complicado proyecto de soberanía por el cómodo declive de un protectorado estadounidense. ¿De qué otra manera podría el presidente francés, Emmanuel Macron, esperar que EE. UU. interpretara su decisión de tratar el asesinato económico de un juez francés en suelo francés como nada más que un desafortunado fallo técnico o un pequeño error burocrático? ¿Acaso él y el canciller alemán, Friedrich Merz realmenten cree que sacrificar a sus ciudadanos les daría un lugar en la mesa de negociaciones sobre temas como Ucrania y Palestina, que son de importancia existencial para Europa?
No, la pesadilla kafkiana de Guillou no debería sorprendernos. Lo que debería impactarnos es el silencio que la rodea. Deberíamos indignarnos no solo por las acciones de Estados Unidos, sino también por la inacción de Europa. El caso de Guillou es una cruda metáfora de la propia Europa: una unión de estados-nación que ayudó a construir un tribunal internacional para defender sus valores, permitiendo que una potencia extranjera castigara a su propio juez por hacerlo y luego ayudó a aplicar el castigo. Esta es una unión que ha perdido su rumbo, su alma y su valentía, convirtiendo a los europeos en extras voluntarios en el teatro de nuestra propia disminución.
Cuando, dentro de unos años, casi todo el mundo afirme haberse opuesto a los crímenes de guerra de Israel en Gaza, el mundo recordará con cariño al juez Guillou. Pero también recordará a los principales políticos europeos no solo por su cobardía, sino por su indiferencia ante el simple hecho de que quienes no defienden sus propios valores se vuelven irrelevantes.
El autor fue ministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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