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Los llamados a reducir el uso de combustibles fósiles son cada vez más ineludibles. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30), se presiona a los principales productores para que comiencen a planificar la reducción gradual del petróleo, el gas y el carbón de forma justa y ordenada.
Durante décadas, las negociaciones climáticas se han centrado en objetivos de emisiones y compromisos de energía limpia, eludiendo la polémica cuestión de si los países deberían eliminar gradualmente la producción de combustibles fósiles y con qué rapidez. La COP28 marcó un hito al introducir la frase “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”, pero el progreso real ha sido lento y desigual. En la COP30, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cambiado el tono, declarando que “la Tierra ya no puede soportar el uso intensivo de combustibles fósiles” y pidiendo una hoja de ruta clara para su eliminación gradual.
Históricamente, la resistencia a una eliminación gradual ha provenido de los principales países productores y las empresas energéticas. Sin embargo, muchos gobiernos con legítimas preocupaciones por la justicia social también se muestran reacios a apoyar dicha medida, por temor a que obstaculice los esfuerzos para reducir la desigualdad y financiar los servicios esenciales.
Brasil, una potencia energética en ascenso con un vasto potencial renovable, pero también con una profunda pobreza y un próspero sector petrolero offshore, es un ejemplo paradigmático. Cuando Lula argumentó que la dependencia de los combustibles fósiles debe terminar de forma «planificada y justa», señaló que una eliminación gradual y ordenada puede impulsar el desarrollo en lugar de socavarlo.
Para Brasil, el desafío consiste en fortalecer su posición global mientras navega por su propia transición energética. El plan de Lula para un fondo nacional que destinaría parte de los ingresos petroleros de Brasil a la transición verde refleja este equilibrio: las rentas de la antigua economía se utilizarían para construir la nueva sin perjudicar a los trabajadores ni a las comunidades vulnerables.
Este enfoque tiene precedentes. El fondo soberano de inversión de Noruega, basado en décadas de ingresos petroleros, invierte fuertemente en sectores con bajas emisiones de carbono en todo el mundo y apoya iniciativas como el Fondo Amazonía. Y en el Sudeste Asiático, Timor Oriental —que depende en gran medida del petróleo y el gas— ha implementado estrategias de diversificación financiadas con los ingresos de sus propios recursos.
Estos ejemplos demuestran que canalizar los ingresos provenientes de los combustibles fósiles hacia la transición verde es factible y necesario. Durante demasiado tiempo, la idea ha sido tabú para los defensores del clima, debido al temor de que incluso hablar del dinero del petróleo pudiera legitimar la extracción continua.
Sin embargo, eludir el problema deja a los países dependientes de los recursos sin los medios para financiar sus transiciones antes de que sus ingresos disminuyan. Hasta que la financiación climática alcance la escala necesaria, los gobiernos deben apoyar transiciones energéticas equitativas y orientadas a la justicia, canalizando los ingresos provenientes de los combustibles fósiles a través de fondos soberanos de inversión bien gestionados.
La experiencia de Brasil ilustra esta tendencia. Al igual que muchos países ricos en recursos, ha dependido durante mucho tiempo de la renta petrolera para financiar programas sociales e infraestructura; entre 2011 y 2023, solo una pequeña fracción de las regalías federales se destinó a su principal fondo climático. Desde entonces, ha expandido su industria de biocombustibles, ha comenzado a desarrollar combustibles sostenibles para la aviación y ha intensificado las energías renovables, generando empleos en regiones históricamente ligadas a la extracción y demostrando que la transición energética puede reforzar, no reemplazar, la agenda de desarrollo de un país.
Las crecientes tensiones geopolíticas subrayan la urgente necesidad de diversificarse y abandonar los combustibles fósiles. Con la reorganización de las cadenas de suministro, se intensifica la competencia por el liderazgo mundial en la producción de baterías, hidrógeno verde, infraestructura sostenible y fabricación circular. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de petróleo se estabilice para 2035, incluso sin una acción climática más contundente, mientras que la OPEP prevé un crecimiento de la demanda hasta mediados de siglo. Sea cual sea el plazo exacto, las economías que retrasen la diversificación se quedarán con activos estancados una vez que disminuya el consumo global.
Ese riesgo es especialmente grave para Brasil, que ha invertido fuertemente en perforaciones en aguas profundas. Apenas unas semanas antes de la COP30, la agencia ambiental brasileña otorgó a Petrobras una licencia para perforar en la desembocadura del río Amazonas, una zona ecológicamente muy sensible. Petrobras y algunos funcionarios gubernamentales argumentan que la exploración es necesaria para la seguridad energética, mientras que grupos ambientalistas afirman que la decisión socava el liderazgo climático de Brasil.
Un plan de transición claro y bien estructurado, en lugar de una toma de decisiones ad hoc y caso por caso, podría haber evitado estas tensiones. Si Brasil desea que su liderazgo en la COP30 tenga un impacto duradero, debe garantizar que su nuevo fondo de transición sea más que simbólico. El gobierno debería aclarar la asignación de ingresos, establecer estructuras de gobernanza transparentes y fomentar la participación de la sociedad civil. Integrar el fondo en el plan de transición ecológica del país ayudaría a canalizar recursos hacia sectores generadores de empleo, como los combustibles sostenibles, las energías renovables, la industria verde y la infraestructura resiliente al clima.
A nivel internacional, Brasil debe aprovechar su presidencia de la COP30 para impulsar un enfoque cooperativo para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas, impulsada por Costa Rica y Dinamarca, ha intentado promover acciones orientadas a la oferta, pero los principales productores se han mantenido al margen. Brasil podría contribuir a superar esta brecha alentando a las partes a desarrollar directrices para una reducción ordenada y flexible de la producción de combustibles fósiles.
Estas conversaciones deben generar una hoja de ruta con criterios claros para determinar plazos realistas que reflejen las capacidades nacionales y las responsabilidades históricas, así como mecanismos que se basen en las instituciones existentes en lugar de añadir nuevas capas de burocracia. Igualmente importante, la eliminación gradual de los combustibles fósiles debe ser central en las negociaciones climáticas. Esto indicaría que el multilateralismo sigue siendo importante; que los países pueden afrontar colectivamente incluso los
En última instancia, la transición verde depende de afrontar de frente el problema de los ingresos provenientes de los combustibles fósiles. De lo contrario, la ambición climática no puede conciliarse con las realidades económicas y políticas. Brasil ha dado un paso audaz al plantear esta cuestión en la COP30 y presentar la transición como una oportunidad socioeconómica, no solo como un imperativo ecológico. El reto ahora es convertir el debate resultante en un plan coherente, tanto a nivel nacional como global.
La autora es copresidenta del Fondo Mundial para una Nueva Economía (GFNE).
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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