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Un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó por lo menos 730 agresiones contra mujeres periodistas entre marzo de 2018 y marzo de 2025. Es un terror sistemático que ha forzado el exilio de 106 de ellas, que forman parte de un total de 293 periodistas nicaragüenses que, hasta junio, decidieron hacer lo mismo para resguardar su seguridad.
Nicaragua se ha hundido en el puesto 172 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, calculado por Reporteros Sin Fronteras. Acorde con esa situación, el documento pinta un panorama desolador para las mujeres del gremio periodístico: el 59.3% de las agresiones provienen directamente del Estado, es decir, de la dictadura sandinista.
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De estas violaciones a sus derechos, 73.8% fueron catalogadas de alta gravedad en el estudio, confirmando una estrategia de «destrucción integral». Las formas más recurrentes incluyen 220 ataques a la vida, integridad y seguridad personal (30% del total), con énfasis en tortura psicológica digital y 147 violaciones a la libertad personal (20%), como detenciones arbitrarias y vigilancia que obliga a un «nomadismo forzado», es decir, mudanzas constantes con tal de evadir el hostigamiento.
Lo que distingue esta represión es su sesgo de género. Hay 85 casos de discriminación motivada por el simple hecho de ser mujer (12%), lo que incluye amenazas sexualizadas, instrumentalización de la maternidad como tortura –»Sé en qué escuela estudia tu hijo»– y un registro alarmante de violencia sexual.
La cronología de estos abusos se divide en fases determinadas, siendo la más agravada aquella de 2018. Entonces ocurrieron 318 agresiones durante el estallido social.
En este sentido, hubo después un periodo de silenciamiento entre 2019 y 2020. Entonces el exilio y la clandestinidad redujeron los casos en tanto la cantidad de periodistas activas era menor dada la represión. Un repunte en 2021 se registró con 196 ataques durante el proceso de votaciones de la dictadura, que activó la maquinaria represiva. Lo que permanece en la actualidad es algo que llaman «represión residual». Para FLED, la disminución de cifras reportada desde 2022 refleja únicamente el rígido control de la dictadura sobre el país, pero no un cese a la violencia.
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El Estado no sólo ha actuado de forma física, sino que a través de leyes como la 1042 de Ciberdelitos o la 1040 de Agentes Extranjeros. De esa forma ha ejercido violencia institucional. Por medio de este entramado legal ha clausurado más de 85 medios y 176 organizaciones feministas, desmantelando las estructuras de apoyo del movimiento.
Pero el informe destaca la configuración de nuevas “redes de sororidad” que crean «burbujas de poder» para procesar, en colectivo y desde el exilio, el trauma derivado de estos actos represivos.
Quedan desde el exilio plataformas como Volcánicas, cofundada por Ximena Castilblanco –ganadora de la Beca Gabo–, o Agenda Propia de Patricia Orozco, galardonada en España tras ser víctima de las desnacionalizaciones masivas de opositores. Son estas iniciativas las que mantienen viva la cobertura de derechos humanos, las alarmas sobre violencia machista en Nicaragua y la corrupción, en su mayoría operando desde Costa Rica y Europa.
La FLED exige al Estado cesar la persecución y derogar leyes represivas. Solicita a organismos internacionales medidas cautelares efectivas y fondos de emergencia que permitan sostener estas iniciativas periodísticas, en medio de la dificultad de acceso a fondos de la cooperación; e invita a las propias periodistas a priorizar el autocuidado.
«Aunque hombres y mujeres periodistas sufren criminalización, amenazas, vigilancia y exilio, las mujeres experimentan otras capas adicionales de violencia que se combinan con el control político, la misoginia y castigos simbólicos orientados a destruir su autonomía», , explicó Guillermo Medrano, director de la FLED.
La diferencia cuando atacan a las mujeres
El experto destacó que, mientras los periodistas varones son perseguidos principalmente por su línea editorial o acusados de «golpistas», las mujeres enfrentan violencia sexualizada, como amenazas de violación y ataques a su vida privada que involucran a hijos, parejas y padres.
El acoso digital, cargado de sexismo, se materializa en campañas que atacan el cuerpo, la maternidad, la vida íntima o incluso la «capacidad moral» para ejercer el periodismo –elementos que, como precisa el investigador, «son ausentes cuando la violencia es hacia los varones».
La instrumentalización de la maternidad emerge como un mecanismo de coerción emocional particularmente cruel, según notó el investigador, con frases explícitas cuyo fin es el desprestigio basado en estereotipos de género.
Los ofensores ridiculizan y subestima el profesionalismo o reducen el valor de las periodistas a su aspecto físico, otro un juicio que»no ocurre con el mismo grado con los varones», ya que «nunca dicen que un hombre es feo», expuso el experto.
Pero incluso dentro del mismo rubro pueden encontrarse señales de violencia que hacen eco de las dinámicas presentes en la dictadura.
«Hay una violencia económica y laboral, incluyendo en los mismos medios de comunicación desigualdad salarial, asignación de doble carga de trabajo, obstáculos para ascender y roles tradicionales para justificar despido o sobreexplotación», denunció el investigador.
Estas afloraron sobre todo en tiempos de pandemia, cuando las labores maternas en muchos casos implicaba que las periodistas recibían una carga doble.
Medrano señaló que su equipo pudo identificar a medios durante el estudio que extendieron la jornada laboral, lo que hizo que «muchas mujeres periodistas perdieron el empleo porque tenían que amamantar o atender a su familia y no podían quedarse».
Esto produjo cuando menos incomprensiones. En consecuencia, «algunos directores de medios o dueños de medios llegaban a decir que los hombres tenían mayor disposición para el trabajo», relató. Sin embargo, explica que las mujeres, en general, «viven una combinación simultánea de violencia política más violencia patriarcal, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad extrema».
