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Casi a diario aparecen titulares sobre cómo la IA está a punto de transformar la economía. Incluso si las afirmaciones de que “la IA es la nueva electricidad” resultan exageradas, debemos prepararnos para un cambio profundo. Uno de los mecanismos más poderosos y fiables para garantizar que la IA beneficie a la sociedad es también uno de los más conocidos: los impuestos.
¿Cómo sería un impuesto a la IA en la práctica? El enfoque más práctico sería centrarse en los insumos clave y las métricas más tangibles del desarrollo de la IA: energía, chips o tiempo de computación. Estados Unidos ya aplica un arancel del 15 % a las ventas de ciertos chips de IA a China, y aunque técnicamente se trata de un control a la exportación, ilustra cómo podría funcionar un impuesto a los insumos de IA. Otra alternativa ha sido modificar la forma en que gravamos el capital para tener en cuenta los cambios económicos impulsados por la IA. Esto, en esencia, sería un impuesto a la IA, pero con un alcance más amplio.
La estructura de cualquier impuesto a la IA dependería de los objetivos de los gobiernos. Pero una cosa está clara: el debate actual es mucho más sólido y urgente que cuando Bill Gates planteó la idea de un “impuesto a los robots” en 2017, propuesta que posteriormente retomaron Bernie Sanders y otros.
Por supuesto, algunos podrían preguntarse por qué deberíamos gravar la IA. La respuesta refleja dos aspectos fundamentales de los sistemas tributarios y cómo la IA está transformando la economía. En primer lugar, muchos países gravan actualmente a los trabajadores humanos con mayor intensidad que a sus potenciales competidores de IA en el mercado laboral. En el caso de Estados Unidos, aproximadamente el 85 % de los ingresos federales proviene de los impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social, mientras que el capital y las ganancias corporativas tributan mucho menos. Tecnologías como la IA se benefician de un trato preferencial en forma de generosas deducciones, bajos tipos impositivos para las empresas y exenciones fiscales.
En segundo lugar, los economistas prevén que la IA aumentará la rentabilidad financiera del capital en relación con el trabajo, incluso si no genera desempleo. La versión más extrema de esto implicaría agentes de IA capaces de diseñarse, replicarse y autogestionarse, lo que significa que el capital realizaría su propio trabajo. Con las políticas fiscales actuales, tal cambio agravaría la desigualdad y reduciría los ingresos públicos como porcentaje del PIB.
Un impuesto a la IA podría ayudar a equilibrar la balanza entre humanos y máquinas. A principios de este año, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió que la IA podría eliminar la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial y elevar el desempleo al 10-20 % en cinco años. Que estas predicciones se cumplan dependerá, en parte, de las políticas vigentes. Gravar el trabajo más que el capital inclina la balanza hacia la automatización, que reemplaza, en lugar de complementar, a los trabajadores humanos. Como mínimo, no deberíamos permitir que nuestro sistema tributario contribuya al desempleo.
Además, en un momento en que el panorama fiscal se oscurece, un impuesto a la IA podría proteger los ingresos públicos de las crisis derivadas de la tecnología. Si se produjeran despidos masivos o una ralentización de la contratación, los gobiernos que dependen de los impuestos sobre la renta y las nóminas podrían enfrentarse a crisis fiscales, incluso si posteriormente surgieran nuevos empleos adaptados a la IA.
En un plano más optimista, las políticas fiscales adecuadas, junto con un auge de la productividad impulsado por la IA, podrían ayudar a solucionar problemas fiscales estructurales. Los países ricos ya tienen dificultades para financiar la sanidad y las pensiones de sus poblaciones envejecidas, mientras que los países más pobres se enfrentan al reto inverso: educar y emplear a una gran población joven a pesar de contar con escasa base impositiva. Los ingresos generados por la IA podrían ser parte de la solución para ambos problemas.
Como alternativa, los ingresos podrían destinarse a causas relacionadas con la IA. Los impuestos con fines específicos, que reinvierten los ingresos en el sector del que provienen —como el impuesto a la gasolina en EE. UU. que financia las carreteras o el canon televisivo del Reino Unido que apoya a la BBC—, ponen de manifiesto que el objetivo es potenciar los beneficios públicos de la tecnología gravada. Un impuesto sobre la IA podría lograr el mismo propósito: financiar mejoras en la red eléctrica, tecnología educativa, formación de trabajadores, modelos de IA de código abierto, investigación sobre seguridad en IA o la protección de la salud mental.
Un impuesto sobre la IA también podría reforzar el seguro de desempleo y la formación de trabajadores desplazados, o incluso impulsar objetivos políticos más amplios en materia de IA. Por ejemplo, podría desalentar el consumo excesivo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso indebido de software de IA o las prácticas anticompetitivas, o bien fomentar la producción de nuevas energías y modelos más seguros.
Gravar la IA puede parecer una medida políticamente descabellada. Los legisladores no quieren frenar la innovación ni perder terreno en la carrera global por la IA. Sin embargo, esta reticencia podría disiparse a medida que la opinión pública tome mayor conciencia. Si “ganar” en IA significa tener personas más sanas, niños más felices, una fuerza laboral más capacitada y una ciencia más sólida —y no solo modelos más grandes o empresas más ricas—, un impuesto a la IA podría contribuir a alcanzar la victoria.
Tampoco es probable que un impuesto de este tipo frene la innovación. La IA no es una industria emergente y frágil. Se trata de una tecnología con 70 años de antigüedad que ahora cuenta con el respaldo de las mayores corporaciones del mundo, con una inversión corporativa que superará los 250,000 millones de dólares solo en 2024. Un impuesto sobre la IA podría estructurarse de forma que se garantice que no obstaculice la seguridad nacional, la competencia en el mercado ni la investigación.
En cualquier caso, las crisis pueden cambiar las opiniones rápidamente. Si se culpa a la IA del desempleo masivo o de las crisis fiscales, los cargos electos y los responsables políticos de todo el espectro ideológico querrán actuar. Es mejor preparar buenas opciones ahora que improvisar después.
Como escribió Sam Altman, CEO de OpenAI, en 2021: “El mundo cambiará tan rápida y drásticamente que se necesitará un cambio igualmente drástico en las políticas para distribuir esta riqueza y permitir que más personas puedan llevar la vida que desean”. Altman especulaba sobre el desarrollo de una inteligencia artificial general aún más avanzada, pero su observación ya es válida: las políticas deben ir al ritmo de la tecnología y anticiparse al cambio.
De una forma u otra, la IA transformará nuestras economías y sociedades. Pero los resultados no están predeterminados. Que logremos un futuro próspero para las personas y las comunidades dependerá de las políticas que elijamos. Gravar la IA no se trata de castigar la innovación, sino de garantizar que los beneficios se compartan y los riesgos se gestionen en beneficio del interés público. Cuanto antes empecemos a trabajar en ello, mejor preparados estaremos para usar la IA y crear el futuro que deseamos.
(Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor y no las de la institución que representa).
El autor es director gerente de Nuevas Fronteras en la Fundación Rockefeller.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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