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Mucho antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara al ejército y sus fuerzas de seguridad en sus fronteras y declarara la guerra a los migrantes en 2025, el dictador Daniel Ortega ya había hecho lo mismo en Nicaragua.
En noviembre de 2015, cuando una caravana de cientos de migrantes cubanos trató de avanzar de Costa Rica a Nicaragua, en su ruta hacia Estados Unidos, Ortega les cerró el tránsito con militares, policías, perros y helicópteros.
Desde esa fecha, Nicaragua endureció su postura antinmigrante con su política autonombrada “Muro de Contención” y obligó a los viajeros a arriesgarse con coyotes, rutas peligrosas y coimas.
El resultado fue trágico. Los cuerpos de los migrantes aparecían en las costas del lago Cocibolca y ríos afluentes; varios fueron asesinados, asaltados y mujeres violadas en predios desolados en la zona fronteriza de Rivas con Costa Rica y otros, como este caso trágico, fueron asesinados por los soldados y policías de la dictadura.
De ello pudo dar testimonio Mary Atanga Frinwie, una mujer africana que terminó condenada y expulsada después que vino a Nicaragua para tratar de recuperar el cuerpo de su hijo acribillado a balazos por miembros del Ejército de Nicaragua y la Policía sandinista en 2017.
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Veamos la historia
Atanga Mary Frinwie, migrante camerunesa radicada en Bruselas, llegó a Nicaragua el 4 de diciembre de 2017 con un único propósito: reclamar el cuerpo de su hijo, Mbang Atanga Azehfor, un joven microbiólogo de 23 años, asesinado a balazos por el Ejército y la Policía en un retén militar en Rivas, la madrugada del 29 de septiembre de 2017.
Su viaje fue complejo desde el inicio. Para obtener la visa nicaragüense en la Embajada de Managua en Bélgica, un trámite que normalmente toma un solo día, debió esperar dos meses de gestiones entre la Embajada de Camerún y la de Nicaragua.
Según le prometieron, al llegar a Managua tendría acceso a la información oficial sobre la muerte de su hijo, facilidades de comunicación y la asistencia de un funcionario del Gobierno que la acompañaría donde hiciera falta.
Nada de eso ocurrió. Desde que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, junto a un amigo camerunés de la familia, oficiales del Ministerio de Gobernación (Migob) y de la Policía Nacional la estaban esperando.
Ella misma lo denunció después ante LA PRENSA y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh): los funcionarios le pidieron datos personales, el lugar donde se hospedaría y su número telefónico. Mary respondió que aún no tenía hotel definido y el teléfono que traía no funcionaba con la red local.
Los oficiales insistieron en llevarla ellos mismos a un hospedaje escogido por las autoridades y le otorgaron un teléfono usado para que recibiera instrucciones.
La trasladaron a un hotel del barrio Bolonia, en Managua y desde ese momento no volvió a estar sola.
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Bajo vigilancia
Personas que se identificaban como trabajadores del Ministerio de Gobernación, y que en realidad eran policías, controlaban sus movimientos mediante llamadas constantes y con una camioneta estacionada frente al hotel, vigilando entradas y salidas.
Cinco agentes estaban a cargo del seguimiento. Eran dirigidos por un hombre que se identificó como “Julián Torres”, quien se presentaba como “diplomático” y “agente de migración”.
Más tarde, LA PRENSA confirmaría que en realidad se trataba de Patricio Reyes Ruiz, quien había sido investigador de criminalística y jefe del Departamento Anticorrupción de la Policía en 2012, antes de que esa unidad fuera desmantelada por el propio Ortega cuando estallaron denuncias de corrupción con fondos del Alba.
Mary no hablaba español. Apenas un poco de inglés. Vino acompañada por Tchamani Joseph Magloire, también camerunés, para ayudarla con los trámites y la comunicación.
Ambos quedaron desde el primer día bajo custodia de facto del Estado. Aun así, entre el 4 y el 7 de diciembre lograron reunirse con autoridades del Ministerio de Gobernación, incluida la titular, María Amelia Coronel Kinloch; el viceministro Luis Cañas y con una funcionaria de la Fiscalía.
Quisieron saber cómo había muerto Mbang. Recibieron una única explicación oficial, ambigua y genérica: “Lo mataron los coyotes en un intercambio de balazos”.
También consiguieron ir al Instituto de Medicina Legal (IML). Ahí Mary, destrozada, vio el cuerpo de su hijo, abierto por una intervención forense. Contó a LA PRENSA que el cadáver presentaba una abertura “de carnicero” y que nadie le explicó por qué.
“Abrieron a mi hijo sin preguntarme, sin mi permiso y no me explican ¿por qué? Alguien me dijo que para la autopsia, ¿pero si hicieron autopsia entonces cómo es posible que no sepan quién lo mató?”, dijo a LA PRENSA.
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Negociando el cuerpo
Un hombre agresivo y hosco, a quien los africanos identificaron en entrevista con sus abogados durante el juicio como «Cañas», les pidió 10,000 dólares para ayudarles a gestionar el cuerpo.
Ellos dijeron que no tenían ese dinero y las autoridades les informaron entonces que debía pagar 9,000 dólares y firmar un acuerdo de confidencialidad para poder llevarse el cadáver.
Ella insistía: “No tenemos esa plata y ustedes dijeron que asumirían el traslado”.
Ante la firmeza de ella, los de Gobernación se apartaron de la promesa inicial de asumir los costos del traslado y le dejaron un documento: consiga 8,200 dólares y llévese su cuerpo.
Mary explicó que no tenía esa plata y que elegía cremarlo y llevar las cenizas a Bélgica. No obtuvo respuesta.
El 7 de diciembre de 2017, tras varios días de silencio institucional, vigilancia permanente y evasivas oficiales, Mary decidió denunciar su situación públicamente ante LA PRENSA.
Luego acudió al Cenidh, donde relató que la tenían vigilada desde que bajó del avión y que se sentía acosada y amenazada.
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Terror sin filtros
Esa denuncia marcó un punto de quiebre. A partir de ese día, el cerco se volvió más agresivo.
Gonzalo Carrión, entonces abogado del Cenidh, quien llevó este caso junto al equipo jurídico de Derechos Humanos, recuerda el terror que desató la dictadura cuando la madre camerunesa denunció el caso en LA PRENSA.
En el hotel, los supuestos trabajadores de Gobernación comenzaron a impedirle salir incluso a comprar comida. La llamaban a cada instante al teléfono que le otorgaron y el personal de “limpieza” o “servicio” ingresaba a cada instante a la habitación.
La mujer narró que la mantenían prácticamente encerrada en su habitación, que la seguían en los pasillos y que la presionaban para que no hablara con la prensa ni con abogados.
Su hermano, Raymond Takwi, desde Bélgica, explicó luego a LA PRENSA lo que ella le había contado por teléfono:
“El Gobierno no quería que hablara la verdad, no quería que llevara un abogado con ella. Querían que cuando ella llegara ahí tomara el cuerpo, que se fuera sin hablar nada con nadie, sin hablar con la prensa, sin hablar con los abogados”.
El domingo 10 de diciembre fue la última vez que LA PRENSA logró hablar con Mary por WhatsApp.
La comunicación ya era complicada. Ella respondía con dificultad, rodeada de vigilancia y ruidos de interferencia se oían en la conversación.
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Desaparecida
Ese mismo día, alrededor de las 5:00 de la tarde, hombres armados y de civil la sacaron por la fuerza del hotel junto a Joseph Magloire y los trasladaron esposados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el centro de torturas del Chipote.
Desde ese momento, ambos quedaron en condición de desaparición forzada, sin notificación oficial de su detención y sin acceso a sus abogados.
Ante la falta de información sobre el paradero de los cameruneses, el abogado Salvador Lulio Marenco Contreras, del Cenidh, interpuso un recurso de exhibición personal ante la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, señalando detención ilegal, violación al derecho a la libertad de movilización y al debido proceso.
El juez ejecutor designado fue León Octavio Illescas Sánchez, quien comunicó que se presentaría en la DAJ el lunes 18 de diciembre para verificar la situación de los detenidos.
Sin embargo, antes de que ese recurso produjera efectos, el 12 de diciembre de 2017, la Policía emitió la Nota de Prensa 12-2017, con la que intentó reescribir toda la historia.
Acusada de criminal
En ese comunicado, la institución no reconocía abusos ni detención ilegal, sino que presentaba a Mary Atanga, a Joseph Tchamani Magloire y al propio Mbang Atanga Azehfor (la víctima), como integrantes de una “red criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes”.
Según esa versión, el 29 de septiembre de 2017 un carro con 13 personas a bordo habría atacado con disparos y maniobras de atropello a un retén combinado de tropas del 4 Comando Militar Regional y de la Policía, cerca del puente sobre el río Las Lajas, en la comarca La Virgen, Rivas.
El comunicado afirmaba que los militares respondieron a esa supuesta agresión y que, como resultado, murió uno de los integrantes del cártel, Mbang y fueron capturados tres traficantes, retenidos 11 migrantes africanos y ocupado un vehículo Toyota Corolla.
Enseguida venía la infamia. La Policía añadió que Mary, quien residía en Molenbeek, barrio “considerado de alto riesgo” en Bruselas, tenía vínculos delictivos con una red de coyotes internacionales. También aseguró que tanto ella como Magloire estaban “bajo investigación” por pertenecer a la supuesta banda.
La versión fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos. Martha Cranshaw, coordinadora de Nicasmigrante, señaló una incoherencia básica: “Ningún coyote anda con su hermana, como en este caso”, en referencia a que Mbang hacía el viaje acompañado por Azeh Maclaire, su hermana, como lo hacen miles de migrantes en tránsito, no guías profesionales.
Para el hermano de Mary, el giro del discurso oficial tuvo una explicación sencilla: “El Gobierno no quería que hablara la verdad… ellos querían que tomara el cuerpo y se fuera sin hablar con nadie”.
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La versión de los fusileros
En un comunicado fechado el 29 de septiembre de 2017, pero hecho público el 13 de diciembre, el Ejército de Nicaragua detalló lo siguiente: “A las 03:30 de la mañana de hoy viernes 29 de septiembre de 2017, en el puente Las Lajas, comunidad La Virgen, carretera a la ciudad de Rivas, un retén combinado de tropas del 4 Comando Militar Regional y la Policía Nacional, realizó señales de alto a dos vehículos sospechosos, estos desatendieron las mismas, realizaron disparos y trataron de atropellar al personal del retén, quienes respondieron a la agresión con sus armas de reglamento”.
Según el Ejército, de esa acción resultó muerto Mbang Atanga Azehfor, detenido un grupo de “traficantes de personas”, ocupado un vehículo Toyota Corolla y 11 migrantes africanos retenidos, mientras otro vehículo se daba a la fuga.
En juicio se supo que dos migrantes más habían resultado heridos de bala, pero no se presentó sus nombres ni su condición.
La Fiscalía respaldó esta versión en el expediente judicial, presentando a los conductores nicaragüenses como responsables de un ataque armado a las fuerzas del orden. Y a los cameruneses, incluida la madre detenida y su hijo asesinado, los presentó como líderes de una organización criminal que movía migrantes desde África hacia Estados Unidos.
Relato de los sobrevivientes
La narración de Azeh Maclaire, recogida por LA PRENSA cuando ella llegó a Honduras, contradijo esa versión punto por punto.
Contó que ella y su hermano decidieron salir de Camerún por la crisis política en ese país. Cruzaron a pie hacia Nigeria, estuvieron allí dos meses, luego volaron a Ecuador, país que no les exigía visa, y continuaron por Colombia, Panamá y Costa Rica.
Llegaron a la frontera de Peñas Blancas el 28 de septiembre. Ahí supieron que era imposible pasar formalmente a Nicaragua, pero dos hombres les ofrecieron llevarlos hasta Honduras por 500 dólares.
Junto a otros migrantes caminaron varias horas por una zona selvática hasta llegar a una carretera en la oscuridad de la madrugada.
“Dos carros ya estaban esperando por nosotros al lado de la carretera. Los dos hombres que nos pasaron por el bosque solo nos dijeron: ‘Rápido, rápido, entren’”, relató Maclaire.
El grupo se dividió entre un Toyota Corolla negro y una camioneta Nissan Pathfinder. Minutos después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, se encontraron con el retén militar y policial.
Aquí ocurrió algo. Los coyotes al parecer tenían un contacto policial a quien le pagarían 100 dólares por dejar pasar a los traficantes, pero el contacto no contaba con que esa noche sería acompañado por un componente militar.
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Ráfagas contra migrantes
En el momento, el policía les dice que no puede negociar nada, que mejor se vayan y asuman el riesgo. Los hombres continúan y más adelante encuentra el retén de los militares. Estos hicieron la señal de alto y los coyotes aceleraron.
LA PRENSA en Rivas reportó que la persecución se extendió por más de seis kilómetros, hasta que los militares lograron detener a balazos el carro negro cerca de la entrada al balneario La Galpa, sobre la Carretera Panamericana Sur. La camioneta logró escapar hacia Rivas, aunque agujereada a balazos.
Maclaire, hermana del muchacho y sobreviviente, sostuvo que los migrantes no portaban armas y que los militares abrieron fuego sin advertencia, con ráfagas dirigidas a los vehículos, y no tiros aislados a las llantas, como luego declararían los oficiales en el juicio.
Apela a Rosario Murillo
Para Mary, los hechos no podían desvincularse del patrón de impunidad contra los migrantes: “Ellos estaban cruzando. Estaban de viaje. Querían ir a Estados Unidos. Estaban cruzando el país ilegalmente, pero esa no es una razón para matar”.
En declaraciones a LA PRENSA, Mary lanzó una sospecha extrema, producto de la falta de respuestas. “Creo que lo que pasó es que el Ejército está acostumbrado a hacer estas cosas. Es mi sentimiento. No esperaban que viniera alguien a preguntar por el cuerpo. (…) Si se están comiendo a las personas o bebiendo su sangre, no puedo saberlo”.
Luego, en juicio, ella apeló a los sentimientos de madre de Rosario Murillo. “Yo llamo a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, para que me ayude”, imploró, creyendo tocar fibras sensibles. “Ella sabe el dolor de perder a un hijo. Ella es una madre. Por favor ayúdeme”.
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El proceso judicial
El caso de la muerte de Mbang se manejaba en los juzgados de Rivas bajo el asunto judicial 001876-ORR2-2017-PN.
LA PRENSA revisó los expedientes fiscales y judiciales. En ninguno de esos documentos aparecía el nombre de Atanga Mary Frinwie como acusada o sospechosa.
En ese expediente estaban acusados los nicaragüenses: Byron José Jarquín López, Kiver Martínez Sánchez y Yasser Eduardo García López, por tráfico de migrantes
Cuando secuestran a la madre camerunesa, amplían el expediente a crimen organizado y homicidio frustrado en perjuicio de cuatro efectivos del Ejército y dos policías.
La mujer de 47 años y su amigo de 52, eran —según la ampliación de la acusación oficial—, quienes trasladaban a los migrantes africanos desde Costa Rica el día de la tragedia.
Luego, el 21 de diciembre de 2017, después del comunicado policial que los presentó como supuestos cabecillas de una red internacional, el Estado dio un nuevo giro: la Fiscalía los acusó formalmente por tráfico ilegal de migrantes e incorporó esa acusación al mismo proceso de Rivas.
Ese mismo día, se gestionó el traslado de la causa desde Rivas al Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, alegando “acumulación de causas” por tratarse de hechos relacionados y por la supuesta “trascendencia nacional” del caso.
Mientras tanto, LA PRENSA comprobó que ni Mary ni Joseph aparecían en listas de delincuentes internacionales buscados por Interpol ni en bases de datos de agencias de seguridad de la Unión Europea.
Juicio fabricado y acelerado
El juicio se desarrolló en cuatro días, hasta casi la medianoche del 20 de marzo de 2018, en la sala privada del Complejo Judicial Central Managua, conocida por litigantes como “Sala 33”, donde se realizan audiencias reservadas, sin acceso a medios de comunicación y bajo fuerte resguardo policial.
Los abogados defensores relataron que a la entrada les solicitaron sus teléfonos celulares, que el acceso estaba estrictamente controlado y que el ambiente era de máxima seguridad.
La madre camerunesa, visiblemente delgada y agotada, se sentó en el banquillo de los acusados, no como víctima sino como supuesta organizadora del viaje que terminó con la muerte de su hijo.
El juez sandinista Ernesto Rodríguez Mejía, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua y conocido luego como el verdugo de los presos políticos, fue el encargado del proceso.
Al dictar el fallo de culpabilidad contra los cinco procesados sostuvo que la prueba presentada por la Fiscalía había sido “concluyente, súper abundante y provechosa”, mientras calificó de “insuficiente” la prueba de descargo.
Un policía como testigo
En el juicio, la pieza central de la acusación contra los cameruneses fue el testimonio del inspector de inteligencia, Norman Gabriel López, de la Policía Nacional.
López afirmó que, en entrevistas a otros migrantes retenidos, estos habrían mencionado los nombres “Mary” y “Joseph” como primer contacto para organizar su viaje desde África hasta Estados Unidos.
Cuando el abogado defensor Álvaro Ramírez Barrios le pidió identificar a esos migrantes, el inspector respondió: “Yo tenía sus nombres, pero no recuerdo sus nombres… no recuerdo las fechas de las entrevistas por la cantidad de trabajo… los migrantes de los que no recuerdo el nombre dijeron que Mary y Joseph son los que se encargan de trasladar a las personas desde el Congo… los migrantes no mencionaban nombres completos, solo un nombre”.
Para la defensa, esa declaración no vinculaba de manera concreta a Mary y Joseph con la organización del viaje de Mbang y los otros africanos, porque nadie de ellos era del Congo y no tenían antecedentes ni evidencias.
Ramírez lo resumió así: “Esta prueba no demostró nada, no vinculó a mis representados… mis representados más bien son víctimas, porque ella ha perdido a su hijo sin que nadie responda por su muerte. De tal manera que no se ha probado el tráfico de migrantes y debe primar la duda razonable. Es claro que este proceso es injusto”.
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Lluvia de balas
Otro punto de controversia fue la ausencia de los vehículos baleados el 29 de septiembre.
La abogada Socorro Meléndez, defensora de los nicaragüenses acusados, insistió en que esos carros eran prueba esencial para determinar la magnitud de la actuación de los uniformados.
“Me quedé con las manos atadas, pues pedí que se trajeran los vehículos, porque en la camioneta hay 40 impactos de proyectiles y en el carro más. Vinieron a declarar las supuestas víctimas y ninguno anda orificios ni heridas de bala…”, declaró
Para las defensas, la no presentación de los vehículos impedía verificar si los disparos se habían dirigido realmente a las llantas, como sostuvieron los uniformados, o si las ráfagas estuvieron orientadas a los ocupantes.
Condena y expulsión
Una antigua colaboradora de la organización MigrantesNicas (que lideraba la fenecida activista Martha Cranshaw), opina ahora desde un exilio precario en Estados Unidos que el caso contra Atanga Mary ha sido uno de los abusos de Estado más brutales que conoció contra migrantes.
En marzo de ese año fue encontrada culpable de tráfico de migrantes. En las audiencias estuvo presente Enrico Alejandro Targa Sasso, cónsul honorario de Bélgica, como observador del proceso seguido contra sus conciudadanos.
También participaron dos intérpretes para que Mary y Joseph pudieran entender los cargos y defenderse, pues no hablan español.
En la fase de debate de la pena, la fiscal Inés Miranda, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, había solicitado inicialmente cinco años de prisión para cada uno.
El abogado Ramírez, por su parte, aceptó la petición de pena mínima, pero pidió que se privilegiara la expulsión y que se tomara en cuenta el dolor de Mary.
“Pido considere la muerte del ser querido de mi defendida y se considere el convenio de la OIT sobre penas a un ciudadano de un pueblo indígena o afrodescendiente, como es el caso y se ordene la expulsión”, agregó.
Antes de que el juez se retirara a deliberar, Mary habló con voz quebrada y apeló a Murillo, otra vez. “Sé que tuve malentendido en el hotel, quiero decir que lo siento por eso, que no tenía intención de cometer ese error y cualquier mujer que haya perdido a su único hijo es como un león herido, usted debe comprenderlo vicepresidenta… Estoy pidiendo que si me pueden permitir regresar con el cuerpo de mi hijo, es todo lo que deseo…”.
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Respuesta a lo Murillo
El 13 de abril de 2018, el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua notificó las penas: dos años y seis meses de prisión y 500 días multa.
Ordenó también la suspensión de la ejecución de la pena y dispuso la expulsión del país de ambos, bajo el argumento de que eran extranjeros y de que la sanción podía cumplirse con su salida de territorio nicaragüense. Luego vinieron las protestas del 18 de abril de 2018 con las masacres estatales y el caso de la mujer se perdió entre las noticias.
Todavía al 1 de mayo de 2018, la mujer seguía en un centro de detención de migrantes en Managua. La exasistente de migrantes, que ahora recuerda el caso desde el exilio, cree que fue deportada a finales de junio sin el cuerpo de su hijo, pero con la promesa estatal de “enviarlo” una vez que se acabaran “algunos aspectos jurídicos del juicio”.
La Embajada de Bélgica costearía los trámites de traslado de las cenizas, según recuerda.
“Yo estuve en contacto con un abogado de ella en Bruselas un tiempo, pero le perdí la pista en 2020 cuando explotó la epidemia”, dice.
En principio, buscaban asesoría para demandar al Estado de Nicaragua, luego pensaban en una indemnización.
“Luego perdí mis contactos cuando salí al exilio y no volví a saber nada. Ellos querían demandar al Estado de Nicaragua, pero creo que nunca lo hicieron”, agrega.
