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Durante décadas, la comunidad internacional ha operado bajo la ilusión de que la acción climática y el desarrollo son objetivos distintos, cada uno con sus propias metas, instituciones y mecanismos de financiación. Este enfoque ha obstaculizado el progreso en ambas agendas.
Los líderes mundiales reunidos en Belém, Brasil, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) deben reconocer esta realidad y comenzar a transformar el fragmentado e ineficiente sistema de financiación climática en un marco integrado que cumpla con los objetivos tanto climáticos como de desarrollo. Al emprender este proceso, conviene considerar las principales conclusiones de Financiación climática y para el desarrollo basada en políticas: estrategias para soluciones equitativas, el próximo volumen de ensayos que edité.
Si bien lograr una arquitectura financiera global más equitativa y eficiente es un proyecto a largo plazo, los delegados de la COP30 pueden dar pasos importantes hacia adelante. En primer lugar, deben presentar un modelo replicable y escalable para la financiación climática que traduzca los compromisos en flujos predecibles, proporcione resultados medibles y permita la apropiación nacional. Esto es necesario para reducir la brecha en la financiación climática, especialmente porque los países en desarrollo necesitarán entre 5.1 y 6.8 billones de dólares hasta 2030 para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, mientras que sus necesidades de financiación para la adaptación son entre 10 y 18 veces mayores que los flujos internacionales de financiación pública.
Un buen ejemplo de este modelo es el Mecanismo para los Bosques Tropicales para Siempre, un ambicioso mecanismo de financiación mixta diseñado para movilizar grandes cantidades de capital público y privado para la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales. Si este mecanismo logra canalizar con éxito los pagos anuales a los países con bosques tropicales, demostrará cómo la financiación climática basada en resultados puede preservar la biodiversidad, apoyar los medios de vida locales y, fundamentalmente, impulsar el desarrollo.
La COP30 también debe centrarse en la eficiencia. El sistema de financiación climática no solo está subfinanciado, sino también fragmentado. Los países en desarrollo se ven obligados a gestionar un número cada vez mayor de fondos, cada uno con sus propios procedimientos y requisitos de información. Esta maraña burocrática, junto con las condiciones de cofinanciación y la escasa coordinación entre las instituciones, puede retrasar los proyectos durante años, mientras que se malgasta demasiado dinero en costes de transacción.
La raíz de esta ineficiencia reside en el costo del capital. Las inversiones verdes suelen conllevar altas tasas de interés para las economías en desarrollo. Según la Agencia Internacional de Energía, el costo de financiar la energía verde en los países en desarrollo puede ser de dos a tres veces mayor que en las economías avanzadas, lo que limita significativamente el ritmo de la transición hacia una economía baja en carbono. Esta disparidad se debe menos al riesgo del proyecto y más a sesgos estructurales, como las calificaciones crediticias soberanas que subestiman la resiliencia, la volatilidad de las monedas y el persistente sobreendeudamiento.
El G20 ha reconocido el problema y recientemente organizó un diálogo de alto nivel con la Unión Africana sobre la sostenibilidad de la deuda, el costo del capital y las reformas de financiación. El grupo debe ahora ofrecer soluciones viables: mercados de capitales locales más dinámicos y líquidos, instrumentos financieros que reduzcan el riesgo cambiario y mecanismos de mitigación de riesgos que atraigan a inversores privados en condiciones justas. Los bancos multilaterales de desarrollo, por su parte, deberían reformar sus mandatos y marcos de gestión de riesgos para proporcionar más capital, de forma más económica y rápida.
Sin embargo, aumentar la eficiencia también exige imprimir un nuevo sentido de urgencia al proceso. Para las comunidades en riesgo de desplazamiento por inundaciones y sequías, un ciclo de aprobación de un año para la financiación climática puede convertir un desastre en una catástrofe. La COP30 debe impulsar estándares de desembolso acelerados, procedimientos de acceso simplificados y otras medidas para agilizar las operaciones.
Por último, está la cuestión de la equidad. La mayor parte de los flujos de financiación climática se concentran en el G20 y se centran en la mitigación. Al mismo tiempo, los países en desarrollo se enfrentan a una deuda insostenible que ha reducido su margen fiscal y desplazado el gasto en clima y desarrollo.
Las once recomendaciones del Grupo de Expertos sobre la Deuda del secretario general de las Naciones Unidas ofrecen una hoja de ruta para abordar esta crisis silenciosa de la deuda. Las reformas propuestas abarcan tres grandes áreas: la reestructuración y modernización del sistema financiero multilateral; la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades para los países prestatarios; y el fomento de estrategias más eficaces para la gestión de la deuda. La implementación de estas recomendaciones ayudaría a los países de ingresos bajos y medios a redirigir recursos del servicio de la deuda hacia la inversión en crecimiento sostenible.
Instrumentos como los canjes de deuda por clima y deuda por naturaleza pueden complementar estos esfuerzos al garantizar que el alivio financiero esté vinculado a la protección del clima y el medio ambiente, y al generar margen fiscal para el gasto en objetivos de desarrollo. Una transición climática justa requiere financiación en condiciones favorables, que debe concebirse no como caridad, sino como una inversión compartida en la resiliencia global.
La financiación integrada es la única vía viable, ya que un gobierno que invierte en medidas climáticas, como la agricultura resiliente o el transporte ecológico, también impulsa sus objetivos de desarrollo. La arquitectura financiera global debe reflejar esta realidad.
La COP30 puede impulsar un cambio en esta dirección. Los gobiernos pueden comprometerse a incorporar la financiación climática y para el desarrollo en sus presupuestos. Las instituciones internacionales pueden empezar a simplificar las normas, armonizar los indicadores y garantizar la transparencia. Y tanto los actores públicos como los privados pueden ampliar el uso de herramientas innovadoras —desde mercados voluntarios de carbono hasta plataformas regionales de proyectos— que apoyen la transformación local.
Ningún país debería tener que elegir entre combatir la pobreza y combatir el cambio climático. Es imperativo abordar las deficiencias de la arquitectura de financiación climática. Los flujos financieros públicos siguen siendo indispensables no solo para la equidad, sino también para el apalancamiento: cada dólar invertido eficazmente puede movilizar muchos más de capital privado. El éxito de la COP30 dependerá en gran medida de su capacidad para maximizar el impacto de estos flujos en los resultados climáticos y de desarrollo.
El autor es enviado especial de la ONU para la financiación del desarrollo sostenible y copresidente del Grupo de Expertos sobre la Deuda, exministro de Inversiones de Egipto (2004-2010), exvicepresidente senior del Grupo Banco Mundial y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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