Kevin Solís. Foto: Archivo.

Policía española entrevista a Kevin Solís para entender contexto del atentado que sufrió

Solís aseguró a LA PRENSA que el presunto atentado del que fue víctima en Madrid tiene motivaciones políticas

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El excarcelado político Kevin Solís fue citado por la Policía de España para abordar su situación y el contexto de Nicaragua, a raíz del presunto atentado del que fue víctima el pasado 1 de noviembre en Madrid, según aseguró a LA PRENSA.

Según Solís, las autoridades españolas “buscan comprender el contexto general, los antecedentes y el tema del caso internacional que interpuso contra el Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. El exreo político aseguró que las autoridades judiciales no le han brindado detalles sobre el presunto autor del atentado en su contra, quien el sábado 8 de noviembre cumplió una semana en prisión.

LA PRENSA envió consultas al Juzgado de Primera Instancia Número 47, que lleva el caso de Solís, y a la Policía Nacional de España para conocer la postura oficial sobre el caso. Hasta la publicación de esta nota no han respondido a las consultas.

De acuerdo con el joven, el atentado en su contra —que afirma tuvo motivaciones políticas— estaría relacionado precisamente con el caso que presentó contra Nicaragua ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No creo que haya otro motivo. Tengo mi hipótesis, pero la policía puede estar interpretando las cosas desde ese punto de vista, ya que la aceptación del caso (ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) ocurrió en tiempo récord y marcó un precedente”, dijo.

Solís, de 26 años, relató que un individuo, ubicado a pocos metros de su vivienda y con una fotografía suya en el teléfono celular, lo apuntó con un arma de fuego.

“(El sujeto) iba a disparar hasta que un tercero gritó”, narró Solís en declaraciones anteriores.

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Le sugirieron tener abogado

El excarcelado indicó que las autoridades judiciales españolas le recomendaron contar con un abogado y “actuar con prudencia porque este caso abre un precedente muy grave”.

“No tengo mayores detalles. Por eso me han sugerido tener un abogado que me mantenga informado y defienda mis intereses, aunque hasta ahora todo lo lleva directamente la Fiscalía”, dijo Solís.

No se irá de España

Aunque en declaraciones previas aseguró que había considerado irse del país, Solís afirmó que no lo hará porque, según él, si lo hace “ellos (el régimen) gana”.

“No voy a huir, porque si me voy, ellos ganan. Y no lo permitiré. Me ha costado demasiado esfuerzo avanzar en mis estudios, y ahora que estoy por terminarlos, no voy a salir corriendo”, expresó.

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ONU documentó vigilancia en el exterior

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emplea una compleja red de vigilancia e inteligencia que involucra al Ejército, la Policía, el servicio exterior (embajadas y consulados) y agentes no estatales para perseguir a opositores y críticos fuera del país. Estas estructuras aplican medidas como el monitoreo en redes sociales e incluso la interceptación de llamadas, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).

El informe Nicaragua: Persecución más allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado el 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, señala que los agentes del régimen tienen la tarea de identificar y monitorear “amenazas” internas y externas a la dictadura.

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«Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente. La Policía Nacional, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad», detalla el informe, que subraya que la red de informantes en el exterior está integrada tanto por nicaragüenses como por personas locales.

Según el GHREN, las acciones de persecución y vigilancia transfronteriza se dirigen principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos.

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