Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
En las últimas semanas, Managua ha vivido una ola de asaltos que ha encendido las alarmas entre sus habitantes. Los videos que circulan en redes sociales muestran escenas cada vez más comunes: hombres armados que irrumpen en tiendas de celulares, atracos en barrios populares y robos en establecimientos de conveniencia.
En uno de los casos más comentados, el propietario de la tienda Celulares Nicaragua logró abatir a uno de los asaltantes que lo amenazaba con un arma de fuego.
200 detenidos por robos en Managua
La Policía Orteguista reaccionó con una operación de control que reportó 289 detenidos en todos los municipios de Managua durante octubre, la mayoría por delitos de robo con intimidación o violencia, según datos recopilados por LA PRENSA en base a los informes semanales de la institución.
Es repunte de la criminalidad no parece casual, según analistas. Detrás de este fenómeno de la criminalidad se teje una compleja trama de impunidad, decisiones políticas y el uso instrumental del aparato de seguridad pública por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una política de “perdones” y excarcelaciones masivas
A inicios de noviembre, el Ministerio del Interior anunció la liberación de mil reos comunes bajo el régimen de “convivencia familiar”. Con esta nueva tanda, el número de convictos excarcelados durante el 2025 asciende a 8,400, y en la última década ya suman más de 54 mil beneficiados, según datos oficiales.
Te puede interesar: Acusan a tres guardas de seguridad por robo a Sinsa
La autoproclamada “copresidenta” y vocera del régimen, Rosario Murillo, justifica estas medidas asegurando que “el ser humano puede cometer un error, pero tiene derecho a oportunidades”. Sin embargo, la política de excarcelaciones ha sido ampliamente cuestionada por su carácter ilegal y su trasfondo político.
Desde 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra la dictadura, organismos de derechos humanos y analistas denunciaron que el régimen utilizó esta figura para liberar a delincuentes comunes que luego fueron integrados a grupos de choque y estructuras parapoliciales. Aquellos mismos que operaron en motocicletas, armados con tubos, machetes o armas de fuego, para reprimir manifestaciones y sembrar terror en las calles.
Fuerza auxiliar del régimen
El mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, Roberto Samcam—asesinado en junio de este año— había advertido repetidamente sobre el uso de estos excarcelados como fuerza auxiliar del régimen. “La mayor cantidad de todos estos paramilitares son presos, reos comunes recién liberados”, dijo en febrero, cuando el conteo oficial de beneficiados rondaba los 42 mil.
Según Samcam, los excarcelados firmaban un compromiso para “acudir a cualquier llamado del régimen”, convirtiéndose así en piezas de intimidación al servicio de la dictadura.
También puedes leer: Excarcelarán en Nicaragua a mil presos comunes y sumarán 8.400 en lo que va del año
En 2024, la figura de la “policía voluntaria” se formalizó mediante una reforma constitucional, institucionalizando de hecho el rol de los paramilitares bajo una fachada de legalidad.
Reincidencia y delitos prevenibles
De acuerdo con los datos oficiales del propio Ministerio del Interior, el 7.18 % de los excarcelados reincide en la comisión de delitos. Puede parecer una cifra baja, pero representa más de tres mil delitos prevenibles que pudieron haberse evitado. Entre ellos figuran homicidios, femicidios y violaciones sexuales cometidas por beneficiarios de la política de convivencia familiar.
Casos como el de Kevin José González Matamoros, condenado por robo con intimidación en 2020 y liberado dos años después, muestran el costo humano de estas decisiones. En enero de 2024, González asesinó a puñaladas al joven Dereck Gómez al intentar robarle sus pertenencias. Otro caso emblemático es el de Óscar Omar Flores, con una sentencia de 35 años de prisión por asesinar a su hijastra e intentar matar a su esposa; lo liberaron en 2020 y nunca volvió a prisión.
Las irregularidades son múltiples y violan de manera abierta el artículo 60 de la Ley 473 del Régimen Penitenciario. Este prohíbe aplicar este beneficio a personas que tienen condenas por delitos graves que no admiten fianza, como homicidio, violación o robo agravado.
Pese a ello, los actos de excarcelación se transmiten por los medios de propaganda del régimen como ceremonias de reconciliación de los convictos con la sociedad.
Expertos advierten sobre la descomposición policial
Las cámaras enfocan los abrazos entre presos y familiares, mientras Murillo habla de “perdones presidenciales” y “amor cristiano”. Pero detrás del espectáculo mediático, el país se enfrenta a un recrudecimiento del delito y un sistema judicial sin independencia ni controles.
Un experto en seguridad pública, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, advierte que la ola de robos responde a factores estructurales más allá de la liberación de reos. Según su análisis, el delito de robo —en sus tres modalidades: con intimidación, con fuerza y con violencia— ha crecido entre 50 y 60 % en los últimos años.
“El robo en general ha tenido un incremento de más del 50% o casi 60%, de acuerdo a los análisis que se han hecho. Pero la liberación de reos no incide de manera determinante. El verdadero problema es la ausencia de acción policial”, explica.
El especialista sostiene que el robo es un “delito de oportunidad” que se multiplica cuando no hay patrullaje preventivo ni respuesta institucional. “La policía no está funcionando como tal. Está abocada a la seguridad del régimen, a percibir amenazas políticas y proteger a la familia Ortega-Murillo. No se dedica a la prevención ni persecución del delito común. Por eso decimos que ya no es una policía nacional, sino una policía política”, agrega.
El argumento coincide con las denuncias de víctimas de robos, que aseguran bajo anonimato que las patrullas policiales son cada vez menos visibles en zonas residenciales y barrios populares, mientras se concentran en vigilar marchas, opositores y templos religiosos.
Una policía al servicio de la familia Ortega
El analista político y exdiputado liberal Eliseo Núñez considera que el aumento de la delincuencia en Managua es resultado directo de la descomposición institucional del Estado y del uso político de la Policía como institución.
“Tiene que ver con dos cosas: una, con la mayor cantidad de delincuencia producto de las liberaciones que están haciendo por temas políticos. Pero lo segundo, y más importante, es que la Policía está siendo preparada como una contraparte del Ejército. Ya no está dedicada a resolver temas de criminalidad, sino a proteger a la familia Ortega”, explicó.
Según Núñez, Rosario Murillo ha impulsado una militarización progresiva de las fuerzas policiales, desconfiando del Ejército y creando una estructura paralela más leal al poder. Esa transformación ha dejado sin atención el crimen común y ha provocado un vacío en la seguridad ciudadana.
El resultado de estas decisiones del régimen es un país donde la población vive entre la inseguridad del delito común y la represión del Estado. En Managua, los robos en motocicleta se han vuelto más comunes, según los expertos consultados por LA PRENSA, quienes explican que podrían ser los mismos motociclistas que en 2018 atacaron a manifestantes los que hoy cometen asaltos.
Organismos de derechos humanos documentaron cómo el orteguismo distribuyó motocicletas a las fuerzas de choque para operar durante las protestas de aquel año. Muchos de esos vehículos, según denuncias, nunca los recuperaron y hoy forman parte del entramado cotidiano de la criminalidad en la capital.
Mientras tanto, el régimen sandinista sigue celebrando excarcelaciones masivas bajo el lema de la reconciliación. Y con una policía que actúa más como guardia personal de la familia Ortega-Murillo que como institución al servicio de los nicaragüenses.
