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El régimen de Daniel Ortega aplicará a partir de noviembre próximo un ajuste al salario de más de 134,000 trabajadores del sector público, el cual ascenderá hasta 7.98 por ciento, informó este mediodía la vocera de la dictadura, Rosario Murillo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplicará un 4 por ciento de ajuste general para los más de 132 mil servidores públicos, pero además adicionalmente se otorgará un aumento de 3.98 por ciento por ciento a más de 55 mil trabajadores que tienen salarios bajos dentro del gobierno.
«El Ministerio de Hacienda ha garantizado todas las gestiones correspondientes para aplicar a partir del próximo mes de noviembre, un 4 por ciento de incremento salarial a los servidores públicos que son ya 132 mil 129, mujeres y varones», explicó Murillo.
El ajuste salarial llega en momentos en que el Estado prácticamente mantiene congelada la planilla o está en proceso de reducción. Hasta agosto, solo 108,387 personas estaban empleadas en diferentes puestos públicos, incluyendo salud y educación. Esto está por debajo de los 109,561 en diciembre pasado y los 111,980 en igual mes del 2024.
Hasta agosto de este año, el salario promedio del gobierno central ascendía a 15,826.4 córdobas, por lo que el ajuste de 4 por ciento implicará la incorporación de unos 633.056 córdobas; mientras que el salario mínimo en el Estado es de 7,419.90.
Por tanto, a partir de 1 de noviembre el salario mínimo, que serían los más bajos dentro del escalafón salarial gubernamental y que recibirá un ajuste de 7.98 por ciento, aumentará a 8,012 córdobas. Es decir, este grupo de trabajadores, que rondaría los 55 mil, percibirán un ingreso adicional promedio de 592.10 córdobas.
Cabe mencionar que la masa salarial anunciada este lunes por Murillo reflejan el recorte de trabajadores que la dictadura ha venido aplicando. El año pasado, cuando se anunció un ajuste de 4 por ciento, la vocera de la dictadura dijo que el mismo beneficiaría a 169,982 servidores públicos de los cuatro poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entre ellos oficiales de la Policía Nacional y soldados del Ejército de Nicaragua.
Este año esa planilla cayó a 134,000 trabajadores servidores públicos, es decir que en un año hay una reducción de 35,982 personas fuera de la planilla pública.
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