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La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles está considerando declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales contra la inmigración.
La moción, impulsada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue sometida a votación el martes y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra.
Ahora, el borrador de esta medida se someterá a una nueva votación el 14 de octubre y, de ser aprobado, otorgaría a la Junta más facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones que han impactado al condado desde junio.
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«Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes», dijo Horvath en un comunicado.
La medida busca otorgar al condado herramientas para responder con mayor rapidez a las consecuencias de las redadas migratorias, como la posibilidad de agilizar la contratación de personal y servicios. También permitiría ampliar la asistencia financiera destinada a familias inmigrantes, así como reforzar los servicios legales disponibles.
Esta posible declaración también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas migratorias.
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En paralelo, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.
El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.