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Nicaragua fue durante los últimos 20 años un destino de viaje emergente en Centroamérica. Su narrativa turística giraba en torno a la abundancia de lagos y volcanes, al atractivo histórico de ciudades coloniales como Granada y León, y a playas como las de San Juan del Sur que recibían a surfistas de todo el mundo.
El país, aun pobre en infraestructura en comparación con Costa Rica, ofrecía experiencias de bajo costos, naturaleza virgen, playas solitarias, actividades culturales y religiosas, festivales de poesía internacionales y viajes a reservas naturales en medio de un clima de tranquilidad, seguridad y democracia.
Era tanto el atractivo del país que incluso en The New York Times lo incluyó en su lista de los “52 lugares para visitar” a inicios de este 2025, describiéndolo como una alternativa fresca y más económica frente a la industria turística de Costa Rica.
Sin embargo, toda esa publicidad se vino al suelo desde que Estados Unidos actualizó a finales de 2024 las alertas de viaje para sus ciudadanos y clasificó a Nicaragua en el nivel 3, pero con una marca difícil de ignorar: la categoría “D”.
Todo se quemó allá lejos
Durante más de una década, el sector turístico experimentó un crecimiento sostenido y revitalizó el ingreso de divisas al país.
Hoteles surgían en las zonas coloniales, cadenas de cruceros programaban escalas en Corinto y pequeños emprendimientos comunitarios se sumaban a la oferta de ecoturismo.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) reportaba que el turismo ya representaba buena fuente de divisas y creación de empleo.
Sin embargo, el espejismo se quebró en abril de 2018. Las protestas contra la reforma al Seguro Social se transformaron en un levantamiento popular contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La respuesta fue brutal: más de 350 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La represión marcó un antes y un después. En cuestión de meses, el turismo se desplomó.
Fue en ese contexto que el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a endurecer sus advertencias. A finales de 2018, Nicaragua pasó a Nivel 3 de alertas de viaje, un rótulo que significa literalmente: “Reconsiderar el viaje”.
Millones en pérdidas
“Costó millones de dólares crear esa imagen de país, se invirtió muchísima plata en lobby para obtener certificaciones, capacitación, inversiones en infraestructura y publicidad”, dice desde el exilio una empresaria de la antigua Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Según ella, esa bonanza y prestigio que venía acumulando el sector se hizo añicos desde que la dictadura de la familia Ortega Murillo decidió aplastar las protestas sociales de abril de 2018 a sangre y fuego.
“Pese a la barbaridad de la represión, aun después de 2018, el sector que estaba muy golpeado empezaba a dar señales de recuperación, pero la radicalización del régimen desde 2023 y la consecuente clasificación de alerta de viaje que hizo Estados Unidos en 2024, han golpeado severamente la imagen de país y al sector turismo”, dice la empresaria exiliada.
Según ella, pese al esfuerzo de la dictadura por intentar vender una imagen de normalidad del país, las agencias de viaje que promueven los destinos turísticos desde Estados Unidos, Europa y otros destinos, toman en cuenta las alertas estadounidenses, por el elevadísimo nivel de credibilidad de sus agencias de seguridad, que aportan los datos para que el Departamento de Estado clasifique a los países en dependencia de los niveles de riesgos detectados.
“Un turista entra a buscar noticias sobre Nicaragua y se encuentra toneladas de noticias de represión, confiscaciones, desapariciones, torturas, denuncias de crímenes de lesa humanidad y estado policial… ¿Qué crees que piense un canadiense si lee que se llevan presa a la gente y la devuelven muerta después de estar desaparecida?», reflexiona.
Nivel 3: el lugar donde Nicaragua cayó
El Nivel 3 del sistema de alertas estadounidense agrupa a países donde el viajero enfrenta riesgos graves y estructurales, según el Departamento de Estado.
La categoría no es simbólica: se basa en información recopilada por embajadas, agencias de seguridad, oficinas de inteligencia y organismos internacionales. Se actualiza cada seis meses y busca disuadir a ciudadanos estadounidenses de viajar a esos destinos, salvo en casos imprescindibles.
En esa lista se encuentran países de enorme complejidad internacional. Por ejemplo: Colombia, con regiones bajo control de disidencias armadas, cárteles del narcotráfico y terrorismo político; Turquía, donde los opositores son encarcelados y las tensiones políticas pueden derivar en represión súbita en cualquier momento.
También incluye a China, donde, en ciertas provincias, bajo leyes de seguridad nacional se permite la detención de extranjeros acusados de espionaje. Pakistán, donde los conflictos sectarios y los atentados han dejado víctimas y desplazados. Sudán del Sur, atrapado en guerras étnicas, epidemias, masacres y colapso institucional.
Desde diciembre de 2024, Nicaragua pertenece a ese grupo de países marcados como de alto riesgo.
La advertencia de viaje de Estados Unidos incluye tres razones clave: represión política, aplicación arbitraria de leyes y servicios médicos deficientes. A ello se suma un agravante: el indicador “D”, que señala el riesgo de detención injusta o desaparición forzada de extranjeros.
“Cada vez que un país cae en Nivel 3, la señal es clara: el riesgo es real y no basta con precauciones. En el caso de Nicaragua, las condiciones se han agravado por la represión y la arbitrariedad judicial”, explicó en sus redes sociales Carrie Pasquarello, directora de Global Secure Resources y gurú de seguridad para viajeros.
La marca siniestra: el indicador D
El indicador D (Detención Injusta) es uno de los sellos más graves en el sistema de alertas y Nicaragua recibió ese sello.
Aparece junto al número de nivel y advierte de un riesgo alto de que ciudadanos extranjeros sean detenidos sin causa legal, desaparezcan o se conviertan en rehenes políticos.
Nicaragua, tristemente, comparte esta marca con apenas ocho países en el mundo, seis de los cuales ostentan el nivel 4 de riesgo, el máximo límite de riesgo que literalmente aconseja “no viajar”.
Rusia (Nivel 4), según Estados Unidos, ha convertido la detención de extranjeros en arma política desde la invasión de Ucrania en 2022. Opositores internos y periodistas extranjeros han sido encarcelados por cargos de “espionaje” o “extremismo”. El caso del periodista Evan Gershkovich, detenido en 2023, evidenció esta práctica.
Irán también en Nivel 4, el régimen iraní ha encarcelado a ciudadanos con doble nacionalidad bajo acusaciones de conspiración y ha ejecutado a nacionales acusados de colaborar con los enemigos del Estado.
Según Estados Unidos, las detenciones se utilizan como ficha de negociación en disputas diplomáticas. Washington ha advertido que su capacidad consular allí es casi inexistente y este año mandó al traste la diplomacia al bombardear instalaciones nucleares y bases militares junto a Israel.
Entre dictaduras, invasores, narcos y golpistas
China, en Nivel 3, mantiene leyes de seguridad nacional que permiten la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros. Viajeros han sido arrestados bajo acusaciones de “subversión” o por actividades tan simples como entrevistas con activistas locales.
El indicador “D” refleja la desconfianza de Washington en el sistema judicial chino.
En Nivel 4, Venezuela es señalada por detenciones arbitrarias de opositores, persecución a extranjeros y un sistema judicial subordinado a la dictadura de Nicolás Maduro. Washington ha denunciado la ausencia de garantías procesales y el uso del aparato de inteligencia como herramienta de represión.
Estados Unidos ha añadido las acusaciones de narcotráfico a Venezuela, ha aumentado la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, ha desplegado un arsenal de guerra cerca de Caracas y ha destruido lanchas salidas de ese país supuestamente cargadas de cocaína.
Belarús, una dictadura aliada de Rusia, figura en Nivel 4, con denuncias de detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y opositores, además del uso de rehenes extranjeros como peones a favor de Rusia en disputas diplomáticas.
Tras el golpe militar de 2021, Myanmar cayó en el caos de la guerra civil. Se ubica en Nivel 4 por desapariciones forzadas, ejecuciones, masacres, represión brutal de protestas y un Estado que desapareció bajo control castrense.
En Nivel 4, figura Corea del Norte, el país más aislado del mundo. Los extranjeros han sido detenidos por motivos tan banales como retirar un cartel en un hotel. Estados Unidos directamente prohíbe a sus ciudadanos viajar ahí sin permisos especiales.
“Enemigos de la humanidad”
Nicaragua, aunque aún en Nivel 3, comparte con todos los regímenes anteriores el estigma de la detención injusta y la represión general. Organismos internacionales han documentado desapariciones de presos políticos y la muerte de reos bajo custodia estatal.
La posibilidad de que extranjeros sean víctimas de este patrón convierte a Nicaragua en un destino “radioactivo” para la seguridad de los visitantes estadounidenses, según el Departamento de Estado y la propia Embajada de Estados Unidos en Managua.
“Cuando se enciende la alerta D, los viajeros deben asumir que pueden convertirse en moneda de cambio. En esos países, el pasaporte estadounidense deja de ser un escudo”, advirtió Gene Petrino, cofundador de Survival Response LLC a la cadena de noticias Telemundo, al analizar la actualización de Estados Unidos a las alertas de viaje en septiembre pasado, donde Nicaragua, de nuevo, fue incluida en Nivel 3 y categoría “D”.
La clasificación al país viene con discurso y otras acciones. En febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, definió al régimen nicaragüense como un “enemigo de la humanidad”.
El republicano acusó al régimen de Ortega y Murillo de aliarse con Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y Cuba para socavar la estabilidad regional.
“El gobierno de Ortega Murillo ha privado al pueblo de sus libertades fundamentales y constituye un enemigo de la humanidad”, declaró en Guatemala, durante su gira por Centroamérica.
Desde entonces Estados Unidos aplicó aranceles a las exportaciones de Nicaragua, canceló visas, emitió duros informes de derechos humanos y clasificó al país en los ratings más bajo de lucha contra la trata de personas, libertad religiosa, libertad de prensa, lucha contra las drogas…
Turismo en dictadura
El turismo en Nicaragua ha atravesado en las últimas dos décadas un ciclo de auge y caída marcado por la política del régimen Ortega-Murillo, que convirtió a la industria en pieza clave de su plan económico y, posteriormente, en tapadera para el tráfico irregular de migrantes.
En 2007, el país recibió 749,184 turistas que generaron ingresos por 249.1 millones de dólares.
La infraestructura disponible sumaba 380 establecimientos de alojamiento, con 5,889 habitaciones, 9,787 camas y más de 27,000 mesas de servicio, según datos oficiales.
Ese mismo año, los cinco Centros Turísticos administrados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), La Boquita, Pochomil, El Trapiche, Xiloá y Granada, atendieron a más de 727,000 visitantes.
A la par, la Ley de Incentivos Turísticos (Ley 306), consensuada con los empresarios, atrajo inversiones por 5.5 millones de dólares en 28 proyectos, consolidando la actividad como motor económico emergente.
Tras una década en la que el turismo fue priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en alianza con empresarios privados, Nicaragua vivió su mejor momento en 2017.
Ese año, el país recibió 1,787,260 visitantes, con un crecimiento del 138.6 % en comparación con 2007. Los ingresos alcanzaron los 840.5 millones de dólares, un 237.4 % más que al inicio del período.
La crisis política y la represión desatada por la dictadura a partir de 2018 provocaron un desplome de más del 63 % en la llegada de turistas.
Hoteles, restaurantes y turoperadores reportaron pérdidas millonarias. Desde entonces, el sector no logró recuperar la estabilidad.
La dictadura, en su guerra contra todos, anuló a las cámaras de turismo, erradicó el sistema de venta de boletos aéreos, persiguió a los empresarios y confiscó sus propiedades, arrasando con hoteles, fincas y playas de uso turístico, incluyendo la apropiación de más de 18,000 kilómetros cuadrados de franja fronteriza con todo tipo de empredimientos turísticos.
Migración maquillada
A partir de 2021, el régimen intentó maquillar el negocio de la migración irregular bajo las cifras de turismo.
Bajo la apariencia de un repunte turístico, abrió un “puente migratorio internacional” que permitió la llegada masiva de viajeros de distintas regiones del mundo con destino final en Estados Unidos.
El flujo fue registrado oficialmente como turismo, aunque en realidad respondía a redes de tráfico humano, según las investigaciones y análisis de LA PRENSA y expertos internacionales.
La estrategia se derrumbó desde finales de 2023 cuando Estados Unidos sancionó a aerolíneas y ejecutivos vinculados a la ruta Nicaragua-EE. UU., reduciendo drásticamente los ingresos derivados de esta actividad.
Según la Cuenta Satélite de Turismo divulgada por el Banco Central de Nicaragua, en 2024 ingresaron apenas 510.8 millones de dólares por turismo, frente a los 739.2 millones del año anterior.
El número de visitantes también cayó en más de 100,000, al pasar de 1.21 millones en 2023 a 1.09 millones en 2024.
El repunte de 2023, con un crecimiento del 28.9 % y un aumento de ingresos del 24.1 % respecto a 2022, se explica, nuevamente, por la contabilización de migrantes irregulares como turistas.
Para la empresaria de turismo exiliada, desde 2018 la narrativa de país acogedor se disolvió.
De una imagen-país de “tierra de lagos y volcanes” se pasó a “tierra de detenciones y desapariciones”. Un cambio que no solo afecta al turismo, sino a la identidad internacional del país considerado amigable y acogedor, se queja.
“Lo más triste —dice la empresaria desde su exilio— es que Nicaragua siempre fue hospitalaria. Pero hoy, por culpa de este régimen, nuestro nombre está junto al de Afganistán. Allá talibanes de turbantes y en Nicaragua paramilitares con capuchas”.
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Narrativa sandinista destruida por EE. UU.
El politólogo Félix Maradiaga, profesor en la Universidad de Virginia, considera que la reciente clasificación de Estados Unidos a Nicaragua en el Nivel 3 y con la etiqueta “D” destruye la narrativa oficial de paz y normalidad que impulsa la dictadura de Ortega y Murillo.
Según Maradiaga, “bajo Ortega, la ley dejó de proteger para convertirse en arma”. Con esta designación, explica, el mensaje internacional es claro: en Nicaragua “no hay garantías mínimas” y la frontera entre partido, gobierno y aparato coercitivo se ha borrado.
El indicador “D” (Wrongful Detention), creado en 2022, señala que el propio gobierno representa un riesgo de detención indebida de ciudadanos estadounidenses, muchas veces por motivos políticos o de represalia, explica Maradiaga.
«Esta alerta es la traducción consular de una realidad autoritaria sostenida por informes independientes y por la experiencia de decenas de miles de nicaragüenses exiliados, despojados o silenciados”, analiza.
Maradiaga explica que aunque las alertas de viaje no son sanciones, “comunican al mercado que un gobierno usa la detención arbitraria como herramienta”, lo que ahuyenta inversionistas, patrocinadores y operadores de viajes educativos o religiosos.
