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El mes de agosto es, hasta hoy, el de mayor presión que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplicado contra la dictadura de Nicaragua, de acuerdo a datos públicos y al análisis de un exfuncionario diplomático experto en Relaciones Internacionales.
«Sin mucha publicidad ni discursos, la administración Trump ha conectado cinco acciones consecutivas que no deben verse de modo aislado, sino como parte de una política exterior consolidada», dijo desde el exilio este exfuncionario de Cancillería de Nicaragua.
De acuerdo con su análisis, las acciones de Washington han sido dirigidas estratégicamente a debilitar al régimen en materia económica, turismo y captacion de divisas, capacidad de articular un discurso de normalidad y bases para futuras sanciones o demandas.
El arancel del 18 % a las exportaciones
La primera acción contra la dictadura de Nicaragua se aplicó el 7 de agosto, cuando entró en vigor un arancel del 18 % sobre las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos, según la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 31 de julio.
La medida se enmarca en la política de “tarifas recíprocas” aplicada desde abril y representa el golpe comercial más severo contra un país centroamericano.
Durante tres meses, Washington mantuvo abierta la posibilidad de negociación; sin embargo, el régimen Ortega Murillo rechazó cualquier acercamiento. El resultado es que Nicaragua se convirtió en el único país de la región en recibir la tarifa más alta dentro de este esquema.
El exfuncionario diplomático nicaragüense en el exilio, señaló que “las decisiones de Trump en agosto tienen una connotación profunda: están dirigidas a golpear el turismo de Nicaragua, las exportaciones, su capacidad de buscar financiamiento internacional por violador de derechos humanos, y a abrir la puerta a juicios, demandas y sanciones por confiscaciones masivas”.
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El informe anual de derechos humanos 2024
El 12 de agosto, el Departamento de Estado presentó su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2024, en el que calificó a Nicaragua como el país con peor récord de violaciones en Centroamérica y América Latina.
El documento denunció ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, represión religiosa, censura a periodistas y el control arbitrario de documentos migratorios contra opositores y sus familias.
La evaluación oficial ubica a Nicaragua al nivel de regímenes autoritarios como Venezuela y Corea del Norte, y advierte que la represión ha traspasado fronteras mediante persecución a exiliados.
Alerta de viaje en categoría “D”
El 19 de agosto, Estados Unidos elevó a Nicaragua a la categoría “D” en su escala de alertas de viaje, un nivel reservado a países de alto riesgo por detención arbitraria e injusta de ciudadanos estadounidenses.
El comunicado oficial incluyó a Nicaragua junto a Afganistán, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
Según el Departamento de Estado, las autoridades nicaragüenses, apoyadas por civiles armados conocidos como “policías voluntarios”, vigilan, interrogan o expulsan a visitantes por motivos políticos.
“Esto incluye el simple contacto con ciudadanos nicaragüenses o comentarios sobre política”, señaló la advertencia. El texto recuerda que estadounidenses han sido sometidos a detenciones prolongadas por motivaciones arbitrarias o políticas, en procesos judiciales que no cumplen estándares mínimos de transparencia.
Denuncia de desapariciones forzadas como tortura
El 20 de agosto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció la práctica sistemática de desapariciones forzadas en Nicaragua desde 2018, calificándola como crimen de lesa humanidad.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución exigió al régimen que revele el paradero de al menos 20 nicaragüenses desaparecidos desde 2024, entre ellos madres de familia, ancianos y un pastor evangélico.
“Sus familiares merecen saber ahora mismo dónde se encuentran, y no sufrir la victimización secundaria de una cruel dictadura”, subrayó el comunicado.
Este pronunciamiento llegó apenas ocho días después del informe anual de derechos humanos, reforzando la percepción de una ofensiva diplomática coordinada contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificados por expertos de Naciones Unidas como autores de crímenes de lesa humanidad.
Ley fronteriza y advertencia a inversionistas
El 6 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que declara como “territorio fronterizo” todo el espacio dentro de un radio de 15 kilómetros desde las fronteras internacionales. El área equivale a unos 18,000 km², similar al tamaño del estado de Massachusetts en EE. UU.
La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir o comprar propiedades en el país.
En un comunicado del 21 de agosto, recordó que la norma permite confiscaciones y restricciones a la transferencia o venta de propiedades, señalando que en Nicaragua los derechos de propiedad “son inestables y las leyes se aplican de manera arbitraria”.
El mensaje instó a quienes hayan sufrido confiscaciones a enviar denuncias al correo [email protected], con el fin de recopilar datos para informes oficiales al Congreso.
Para el exfuncionario de Cancillería, Washington prepara una base documental que derivará en sanciones más agresivas, posiblemente legisladas por el Congreso bajo la administración Trump.
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Doble discurso y contradicciones
Las acciones de agosto acabaron con la efímera reacción festiva del aparato de propaganda sandinista, que en junio celebró en sus medios y redes un comunicado de prensa de Estados Unidos que justificaba el fin de un estado migratorio bajo la excusa de que Nicaragua había avanzado en desarrollo económico y otras áreas.
A finales de junio, el Departamento de Estado ya había calificado al país como “peligroso para viajar”, pero dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses, bajo el argumento de que Nicaragua es “líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.
A partir de ese comunicado, la dictadura promovió en redes sociales y medios de comunicación bajo control de la familia Ortega-Murillo un discurso de «nuevas victorias», promoción de postales turísticos y mensajes nacionalistas.
Presión contra dictadura de Nicaragua viene en combo
Las cinco acciones de Washington en agosto de 2025 —los aranceles del 18 %, el informe de derechos humanos, la alerta de viaje, la denuncia de desapariciones forzadas y la advertencia sobre confiscaciones— representan un mes de máxima presión contra la dictadura Ortega-Murillo.
En palabras del exfuncionario diplomático exiliado, las cinco acciones de Washington en agosto de 2025: “marcan un antes y un después. Estados Unidos está moviendo sus fichas para golpear a Nicaragua en tres frentes: economía, turismo y derechos humanos. El régimen está más expuesto que nunca en el escenario internacional”.
Para el sociólogo nicaragüense Freddy Quezada, las acciones de Trump contra el régimen sandinista no deben verse aisladas de otras acciones contra el bloque Cuba-Venezuela.
“Las potencias tienen sus ritmos, calendarios y agendas y casi nunca coinciden con los deseos individuales o los de otros países”, explicó. “Por lo común, las potencias no operan país por país. Su mirada siempre es regional, hemisférica. Me parece que Trump no tiene enfoque por país, sino por bloque, por cluster”, agregó Quezada.
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Golpe al bloque Cuba-Venezuela-Nicaragua
En esa lógica, Estados Unidos ha intensificado de forma paralela sus acciones contra La Habana y Caracas. El 30 de junio de 2025, Trump relanzó una política más dura hacia Cuba, restableciendo la designación de la isla como Estado patrocinador del terrorismo y reforzando sanciones sobre remesas, turismo y empresas militares.
En el caso de Venezuela, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, envió destructores al Caribe en operaciones contra el narcotráfico y declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.
Además, impuso un arancel del 25 % a países que importan crudo venezolano, dentro de una estrategia económica más amplia.
Quezada concluye que estas medidas revelan que Washington maneja un mapa geopolítico por bloques, “con banderitas de colores para definir quiénes se acercan o alejan de ellos”.
«Departamento de Estado está haciendo su trabajo»
El opositor nicaragüense en el exilio Luciano García, considera que la ofensiva de agosto de la administración Trump contra el régimen de Daniel Ortega responde a una estrategia cuidadosamente diseñada desde la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado.
“Me da la impresión de que le están dando una fortaleza mayor a esa oficina para que pueda sacar a luz todo lo que he venido comentando durante todos estos años: los abusos y atropellos en Nicaragua”, señaló García.
A su juicio, Washington estaría alineando sus acciones con las aplicadas a Venezuela y Cuba, en un plan hemisférico para presionar una transición política en Managua.
“Creo que una vez caída la dictadura en Venezuela, la siguiente sea la de Nicaragua. Por eso están sacando esto de manera previsora y bien fundamentada sobre los abusos de derechos humanos”, explicó.
El opositor concluyó que la administración Trump ha optado por un diseño de presión internacional “muy bien fundamentado y beligerante”, que parte de la documentación acumulada durante años sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
