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El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó recientemente su informe sobre la trata de personas, manteniendo a Nicaragua en el nivel número 3, el más bajo de su escalafón, por no cumplir con los estándares mínimos para disminuir este flagelo, ni tener esfuerzos significativos para hacerlo.
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, «el gobierno continuó minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua, lo que obstaculizó los esfuerzos para informar y educar al público y hacer cumplir su ley contra la trata».
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«El gobierno no identificó a ninguna víctima de trata y tampoco informó si enjuició o condenó a ningún traficante; los servicios de protección del gobierno siguieron siendo inadecuados, y el gobierno socavó la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para prestar servicios», reza el informe.
Añade que el régimen «no informó de los esfuerzos para abordar el problema de la mayor vulnerabilidad ante este flagelo en las comunidades de las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua».
Consecuencias que ya no hacen mella en el régimen
Según el informe, los países que se encuentren en el índice tres, pueden estar sujetos a ciertas restricciones en la asistencia extranjera. Además, el presidente estadounidense puede decidir retener la financiación para la participación de funcionarios o empleados del gobierno en programas de intercambio educativo y cultural en el caso de ciertos países de nivel 3.
Estas restricciones tienen un efecto mínimo o nulo para el régimen ya que el financiamiento de proyectos o la asistencia ede parte de Estados Unidos es inexistente. En el año 2024 Nicaragua se encontraba también en el nivel 3.
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El presidente estadounidense también puede determinar instruir a los EE. UU. y al director Ejecutivo de cada Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional votar en contra y utilizarán su mejor esfuerzo para denegar cualquier préstamo u otros usos de los fondos de las instituciones a un país designado de Nivel 3 para la mayoría de los fines (excepto para la asistencia humanitaria, relacionada con el comercio y cierta asistencia relacionada con el desarrollo). Estas medidas también tienen un efecto casinulo ya que Estados Unidos rara vez las implementa y, de nuevo, la dependencia del régimen de estos financiamientos es muy baja.
Las restricciones de asistencia aplicables se aplican para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre de 2025.
