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Estados Unidos acusó a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) de Nicaragua de tejer un sistema de abusos contra las empresas que importan e indicó que esta se ha vuelto más agresiva en su afán de recaudar impuestos, mediante la duda de valor de las mercancías que intentan ingresar al mercado nacional, lo que ocasiona retrasos y pérdidas.
En Nicaragua las empresas tienen miedo a denunciar los abusos de la DGA, pero el Informe de Estimación del Comercio Nacional, divulgado por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) revela el calvario que estas están viviendo en las aduanas.
«La Dirección General de Aduanas (DGA) de Nicaragua se ha vuelto cada vez más agresiva al cuestionar el valor declarado y el origen de las importaciones. Esto puede resultar en que los importadores tengan que pagar sumas sustanciales en concepto de aranceles no pagados y multas asociadas para la liberación de los envíos», expresa.
Y añade: «Las empresas informan que los funcionarios aduaneros nicaragüenses suelen retrasar las inspecciones aduaneras e imponer multas arbitrarias por pequeños errores de documentación, como errores tipográficos. Estas multas pueden superar el valor de los envíos. Los exportadores estadounidenses informan que casi todos los envíos están sujetos a inspección física. Algunas empresas han expresado su preocupación de que los funcionarios aduaneros puedan someter los envíos a un escrutinio adicional por motivos políticos».
Tal ha sido la agresividad que a partir de 2019, la DGA comenzó a solicitar pruebas adicionales del país de origen para diversos tipos de productos que previamente se habían establecido como originarios en virtud del Cafta-DR, exigiendo a los importadores que completaran un cuestionario exhaustivo para obtener información detallada sobre los productos.
«Varias empresas han reportado que la información solicitada incluye datos comerciales confidenciales y secretos comerciales que no son pertinentes para la determinación de la regla de origen. Las empresas han intentado proporcionar pruebas de origen a la DGA sin divulgar secretos comerciales mediante visitas a plantas de producción y entrevistas con el personal», indica.
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Ante la propuesta de las empresas, la DGA ha rechazado estas propuestas con mayor frecuencia y, en múltiples casos, cuando los importadores no completaron el cuestionario, ha iniciado procesos administrativos para eliminar el trato preferencial bajo el DR-Cafta y ha solicitado aranceles retroactivos para períodos completos durante los cuales el producto se importó con trato preferencial.
«El mayor escrutinio por parte de la DGA de las pruebas de origen de las importaciones ha provocado retrasos en las aduanas y multas arbitrarias para las empresas. En varios casos, la DGA también impuso una multa adicional que duplicó el monto adeudado. Algunos importadores han indicado que prefieren pagar inmediatamente los impuestos y aranceles como si las mercancías no fueran elegibles para el trato preferencial bajo el Cafta-DR, en lugar de involucrarse en litigios largos y costosos», detalla.
Exportadores estadounidenses «han reportado que la DGA ha ignorado o rechazado la documentación de origen de varios productos proporcionada por el gobierno estadounidense o agencias gubernamentales locales como prueba de origen para muchos productos agrícolas. Las empresas argumentan que, en muchos casos, incluso completar los cuestionarios adicionales y cumplir con las solicitudes de documentación adicional de la DGA no ha resultado en la aprobación de una solicitud de trato preferencial», revela el informe.
El Minsa, otro calvario
También el Ministerio de Salud se ha convertido en otro cuello de botella para las empresas, incluidas las estadounidenses. Según el reporte, «la industria estadounidense ha expresado su preocupación por la complejidad y arbitrariedad del registro de productos alimenticios en Nicaragua. El Ministerio de Salud de Nicaragua exige un certificado de libre venta para el registro de productos.
El problema es que «Estados Unidos no emite estos certificados a nivel nacional y no están disponibles de manera uniforme para los exportadores estadounidenses. En algunos casos, las empresas estadounidenses han cumplido con el requisito presentando documentos emitidos por algunos estados, autoridades gubernamentales locales u organizaciones comerciales de EE. UU. Sin embargo, no todos los fabricantes estadounidenses se encuentran en jurisdicciones o están afiliados a instituciones que emiten dichos documentos y, por lo tanto, algunos no pueden obtener la aprobación para vender en el mercado nicaragüense».
«Las empresas alimentarias estadounidenses han expresado su preocupación por la Ley 842 (2013), que exige que todos los productos alimenticios procesados lleven una fecha de caducidad. Las autoridades nicaragüenses han interpretado en ocasiones las fechas de caducidad, que indican la calidad o frescura de los alimentos en lugar de su seguridad, como fechas de vencimiento, y han destruido productos que exceden dichas fechas», detalla.
También los importadores nicaragüenses de productos estadounidenses se han quejado de que la ley impone costos a los importadores de alimentos, especialmente para productos que no suelen tener fecha de caducidad.
«Los importadores nicaragüenses siguen trabajando con los proveedores para incluir las fechas de caducidad en la etiqueta traducida al español, según lo exige el Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Productos Alimenticios Preenvasados », agrega.
Además los exportadores estadounidenses han enfrentado múltiples rechazos de contenedores desde 2021 como resultado de la interpretación nicaragüense del Reglamento Técnico Centroamericano para carne fresca, refrigerada y congelada. Entre los países centroamericanos que aplican el reglamento, solo Nicaragua exige un umbral del 20 por ciento para la presencia de Salmonella en pollo crudo. Además, Nicaragua aplica una norma de «tolerancia cero» para Salmonella y Escherichia coli (E. coli) genérica en la carne cruda de cerdo. La mayoría de los envíos rechazados por Nicaragua han sido aprobados.
