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Como exprisionero político me toca duro conocer de la muerte de un prisionero político porque hubo tiempos en prisión que me sentí muy mal de salud y sentía que poco a poco la vida se me escapaba, mientras mi salud física y mental se deterioraba.
Es más, fui testigo por 3 días del suplicio de cómo la vida se le estaba escapando a mi compañero de celda, el general en retiro Hugo Torres Jiménez, a quien el 17 de diciembre de 2021 trasladaron al Hospital Roberto Huembes; nunca más volvería a verlo, porque falleció en el hospital el 12 de febrero de 2022 y me enteré de su muerte estando preso en el Chipote.
Torres fue trasladado al hospital y atendido tardíamente de una grave enfermedad de la que fui testigo los últimos días que estuvo en el Chipote, la dictadura mantuvo un estricto secreto sobre su estado de salud, hasta que entregó su cadáver a su familia.
El pasado lunes 25 de agosto se conoció en los medios que el preso político Mauricio Alonso Petri, quien había sido capturado y desaparecido en una redada represiva el 18 de julio en Carazo y que no padecía de ninguna enfermedad letal, fue entregado muerto a su familia quien fue llamada para reconocer el cadáver sin especificar las causas de su fallecimiento y bajo una orden terminante de que procedieran a un entierro express en Jinotepe.
Mis sinceras condolencias a la familia de este opositor cuyo crimen no puede ser catalogado de otra forma que un crimen de Estado que debe ser investigado y los responsables llevados ante la justicia para que respondan por sus acciones.
La muerte del opositor se suma trágicamente a la de otros 4 presos políticos que han fallecido en custodia policial de la dictadura: el general en retiro Hugo Torres, el general en retiro y fundador el Ejército sandinista, Humberto Ortega Saavedra; Santos Flores quien denunció el abuso sexual del dictador Daniel Ortega a su hermana en el 2013 y falleció en La Modelo, y Eddy Montes Praslin, asesinado a balazos también en La Modelo el 16 de mayo de 2019. Montes estaba condenado a 32 años por supuesto “terrorismo”.
El medio Confidencial detalla en esta semana que al menos cinco ex presos políticos fallecieron poco tiempo después de haber sido liberados, posiblemente por no haber recibido en prisión una atención adecuada o no haber sido trasladados a tiempo a un centro hospitalario.
Estos son: José Modesto Solís Aguilar, excarcelado en condición de agonía, falleció en la casa de sus familiares tres meses después de haber sido trasladado el 21 de diciembre de 2023. Nunca fue acusado ni hubo un juicio en su contra.
Carolina Gutiérrez, primera presa política transgénero. Estuvo detenida 10 meses en La Modelo donde fue torturada psicológicamente por su identidad sexual. Falleció de leucemia el 23 de abril de 2023.
Tomás Maldonado, exmilitar, fallecido en Carazo dos años después de su excarcelación. Lo encarcelaron el 2 de agosto de 2018. Su “delito” fue ir a orar por los jóvenes que estaban en los tranques de Carazo.
Michael Healy. Fallecido por un infarto en Panamá a casi un año de su excarcelación y destierro, mientras trataba de rehacer su vida en el exilio.
Rogelio Cruz Calderón. Preso político en dos ocasiones, de 2018 a 2019 y del 2019 al 9 de febrero de 2023, excarcelado con el grupo de los 222 expatriados. Denunció vejámenes que había sufrido en prisión. En abril de este año lo encontraron muerto en su apartamento en San Francisco, California, en circunstancias aún no esclarecidas.
El medio Confidencial detalla además cuatro casos de reos de conciencia que fueron excarcelados con graves problemas de salud: Marcos Antonio Sánchez, Donald Margarito Alvarenga, Justo Rodríguez y Eliseo Castro Rodríguez, todos excarcelados, pero con graves padecimientos de salud.
Para concluir, retomo el editorial de LA PRENSA del pasado martes: “La muerte de una persona presa política, cuya vida e integridad física están bajo la responsabilidad de las autoridades gubernamentales es un crimen de Estado si ocurre por asesinato, ejecución sumaria o por torturas y malos tratos, falta de atención médica cuando la necesita con urgencia, o simplemente por negligencia criminal. Es un crimen que la ley internacional manda a castigar severamente, pero en las dictaduras se comete impunemente”.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”
