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Padre e hijo ocupan ahora dos sillas ministeriales dentro de la dictadura de Daniel Ortega, luego que este ordenara la destitución vía retiro del titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, ficha del exasesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, quien está tras las rejas después de caer en desgracia ante el régimen.
A través del acuerdo presidencial 123-2025, Ortega ordenó el retiro por jubilación de Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine en el cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público, a quien agradeció por sus servicios. Para esto, orientó que se dejara sin efecto el acuerdo presidencial 24-2025, mediante el cual se había colocado a Gallardo.
En su lugar, Ortega —quien cada vez tiene menos aliados aún dentro de su estructura partidaria—, nombró a Óscar Danilo Mojica Aguirre, hijo del titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el general en retiro, Óscar Mojica Obregón. El nombramiento de Mojica Aguirre es una violación a la ley que prohíbe el nepotismo dentro del Gobierno.
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La Ley 348, Ley de Probidad de los Servidores Públicos establece en el artículo 8, inciso C, que “en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias, no se podrá recaer nombramiento en personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento, y en su caso, con la persona de donde hubiera emanado esta autoridad”.
En junio del 2019, el mayor general en retiro Mojica Obregón, padre del nuevo titular de Hacienda, fue sancionado por Estados Unidos por administrar «una parte significativa de las finanzas oficiales y personales del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, incluyendo inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros».
Además fue señalado de «promover la estrategia del régimen de Ortega de «exilio, cárcel o muerte» para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de encarcelados, obligados al exilio o desplazados internos».
Por su parte, Gallardo, quien sustituyó a Iván Acosta y que fue sorpresivamente destituido tras 12 años en el cargo, en la década de los ochenta lideró un equipo de abogados que elaboró cerca de 250 mil escrituras de propiedades que formaron parte de la Piñata y que fueron transferidas a nombre del Frente Sandinistas. Estos bienes luego fueron traspasados a nombre directo de Bayardo Arce y Daniel Ortega, según explicó a LA PRENSA una fuente.
«El comité de ética del Frente Sandinista en aquel entonces, que era presidido por José Pasos Marciaq se negó a investigar eso, que varios militantes denunciamos en su momento», dijo la fuente.
De hecho, Gallardo, quien ya fungía en años anteriores dentro de las estructuras de Hacienda, antes de asumir como titular de Hacienda se había convertido en un presta firma ante la imposibilidad de Acosta de firmar documentos por las sanciones de Estados Unidos.
El miércoles, el economista y desterrado político, Juan Sebastián Chamorro, en su cuenta X había adelantado la salida de Gallardo y en su lugar pusieron a Mojica Aguirre, a quien calificó como una ficha clave del régimen. “El Jr. estuvo en Credicoop y Caruna. Es ficha. Golpe a Ovidio (Reyes, titular del Banco Central de Nicaragua)”, detalló.
Caruna fue señalada por Estados Unidos como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional, fue designada por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo, S.A. En esta cooperativa se manejó gran parte de los 5,000 millones de dólares que Ortega recibió de la cooperación de Venezuela y cuyo destino actualmente se desconoce.
También fue gerente de Bancorp, el banco sancionado por Estados Unidos y que se vio forzado a disolverse por servir como vehículo de sostén financiero de la dictadura donde también estuvieron los recursos venezolanos.
En tanto, Arce se encuentra actualmente detenido, señalado por la dictadura de Ortega de haber cometido transacciones ilegales. «La Procuraduría General de la República conoció de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas del Señor Bayardo Arce Castaño, que no cumplían ni cumplen con lo establecido en nuestro marco legal», explicó el régimen en un inusual comunicado, luego que se filtrara a los medios independientes que Arce estaba custodiado por agentes policiales.
Cabe mencionar que las supuestas investigaciones que la dictadura emprendió contra Arce se tratarían de una pasada de cuentas por razones aún no conocidas, tomando en cuenta que desde hace varios años el asesor económico ha sido señalado de corrupción y el régimen siempre guardó silencio sobre los señalamientos.
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Bruno Gallardo, extitular de Hacienda
