Los líderes de los países que integran la llamada Alianza Bolivariana (Alba), incluyendo a Daniel Ortega de Nicaragua, se reunieron en línea este miércoles 20 de agosto para aprobar una declaración de respaldo a la narcodictadura venezolana que encabeza Nicolás Maduro.
La declaración fue aprobada un día después de que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) proclamó oficialmente que está preparado para “usar todo su poder” contra los cárteles de narcotraficantes, detener “el flujo de drogas” hacia su país” y “llevar los responsables ante la justicia”.
Previamente, EE. UU. había aumentado a 50 millones de dólares la recompensa a quienes faciliten de cualquier manera la captura de Maduro.
Al mismo tiempo, EE. UU. movilizó hacia aguas cercanas a Venezuela la más poderosa fuerza militar desde la invasión a Panamá en 1989. Esta fuerza militar incluye tres grandes destructores, numerosos aviones de combate, varios submarinos equipados con las armas de precisión más modernas y precisas y más de 4 mil soldados.
El Gobierno de EE. UU. no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado, lo califica como líder de una organización criminal (el Cártel de los Soles), que actúa en coordinación con otros cárteles internacionales como el de Sinaloa y el Tren de Aragua, para llevar la droga a territorio estadounidense. Por tanto EE. UU. se considera legitimado para actuar incluso militarmente contra los cabecillas de los cárteles, lo que no significaría actuar contra el gobierno de otro Estado soberano.
Sin embargo, según Maduro y sus aliados del grupo Alba, se trata de un ardid o invención maliciosa del Gobierno de EE. UU. para justificar la “agresión” contra Venezuela. Y denuncian que se trata de una amenaza a toda la América Latina y el Caribe, particularmente a los países que tienen también gobiernos revolucionarios, como Cuba y Nicaragua.
La declaración de EE. UU. de que Maduro no es un jefe de Estado, se basa en que este perdió la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Pero no admitió la victoria de la oposición, desconoció la soberanía del pueblo venezolano y se aferró al poder que detenta hasta ahora de manera ilegítima. Como un usurpador que por tanto no tiene el reconocimiento de la comunidad democrática internacional.
Por otra parte, la acusación de EE. UU. contra Maduro de que es cabecilla de una organización criminal se funda al parecer en evidencias facilitadas a las autoridades estadounidenses por altos oficiales militares venezolanos que desertaron y se refugiaron en EE. UU.
Además, investigaciones de la ONG independiente Transparencia Venezuela mostraron que sólo en el año 2024 el narcotráfico generó ingresos líquidos por más de 8,200 millones de dólares. Y destacó Transparencia Venezuela la participación en ese gran negocio del Cártel de los Soles, “una organización criminal en la que participan altos cargos del establishment de poder de Maduro y que ha convertido a Venezuela en un territorio estratégico de actuación para las redes del narcotráfico”.
Para concluir, cabe mencionar que La Nación, de Argentina, en un editorial titulado Venezuela, ¿narcoestado?, publicado este jueves 21 de agosto, advierte que el narcotráfico en Venezuela “no es solo un problema de seguridad o crimen organizado: es una política de Estado que genera miles de millones de dólares para las mafias que controlan el país y que lo han convertido en un instrumento del Estado para sobrevivir. Mientras el régimen de Maduro continúe en el poder este delito transnacional seguirá expandiéndose”.
