Los “Museos de la Revolución”, que la dictadura mandó a alzar en todos los municipios del país, siguen drenando el precario presupuesto que reciben las municipalidades para responder a necesidades de la población en relación con las mejoras de infraestructura, caminos, acceso a agua, drenaje, educación, recreación, entre otras.
En el Sistema de Contrataciones Electrónicas Administrativas (Siscae), según un análisis realizado por LA PRENSA a las compras divulgadas en lo que va de 2025, al menos 18 comunas reportaron gastos relacionados con mejoras de infraestructura, remodelaciones, compras de muebles y otros elementos para los “Museos de la Revolución”.
Algunas de las comunas que siguen reportando gastos en dichos museos, inaugurados hace menos de tres años, fueron: San Juan de Limay, Rancho Grande, Ocotal, San Isidro, San Dionisio, San Francisco, Villa Nueva, Ciudad Antigua, Sébaco, San Carlos, Catarina, Acoyapa, Dolores, Belén, Bonanza, Chinandega y Masatepe.
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La dictadura Ortega-Murillo, en 2023, reveló que tenía como meta instalar 156 Museos de la Revolución. Hasta junio de ese año, según publicaciones de medios oficialistas, se habían instalado 150, siendo los últimos inaugurados los de San Pedro de Lóvago, Moyogalpa, La Trinidad y San Juan de Río Coco.
Museos replican discursos de Ortega y Murillo
En algunos de los museos, según fotografías divulgadas por esas comunas y por medios oficialistas, se exhiben armas que se usaron durante la Revolución Sandinista, casquillos, álbumes fotográficos, ropa utilizada por los guerrilleros, fotografías del triunfo y algunas biografías de figuras del Frente Sandinista.
Adicional a eso, el orteguismo aprovecha esos espacios para fomentar su discurso de odio contra quienes han protestado en su contra. En algunos de los museos se instalan rótulos con frases como: “No pudieron ni podrán”, que ha sido usada de forma sistemática por la dictadora Rosario Murillo para quienes han protestado contra su dictadura desde 2018; y también exhiben fotografías en alabanza a la gestión de los dictadores desde 2007 que retomaron el poder.
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La mayoría de las mejoras en las que gastaron esas 18 comunas se realizaron este año previo o durante el mes de julio, antes de la conmemoración del 46 aniversario de la Revolución Sandinista. Sin embargo, ninguna de esas municipalidades divulgó las actas de adjudicación, pese a que ubicaron los procesos de compras como ejecutados o adjudicados.
Las comunas ocultaron los montos que desembolsaron por esas contrataciones o compras, a qué proveedores se benefició con estas y qué compraron o contrataron finalmente con esos procesos.
Alcaldías violentan principios de transparencia y control
Un experto en contrataciones públicas, consultado por LA PRENSA de forma anónima, explicó que dichas municipalidades, al ocultar toda la información relacionada con la adjudicación, violentan “principios de publicidad, debido proceso, control y transparencia”.
La violación a ese tipo de regulación que se establece legalmente para las contrataciones públicas ocurre mientras la dictadura Ortega-Murillo, a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha asegurado que fiscalizará la gestión pública y buscará evitar la corrupción.
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“Las resoluciones de adjudicación tienen una fuerza legal administrativa, son documentos a través de los cuales la administración pública da a conocer cuál es su decisión en relación con un acto administrativo; en este caso, es una convocatoria a un proceso de compra. La Ley es clara en que, cuando se trate de compras, debe publicarse esa información porque tiene varios efectos”, apuntó el especialista en contrataciones consultado por LA PRENSA.
Señaló que las municipalidades, al no publicar esos documentos, generan efectos negativos en relación con la rendición de cuentas y en cuanto a que los implicados tengan “conocimiento directo sobre cuál fue la decisión de la administración, y por transparencia también, porque todo este tipo de actuaciones, según la ley, deben ser transparentadas. Porque es la decisión de la administración, y el debido proceso se estaría violentando, porque si no seguís el cumplimiento de esta norma legal, estás transgrediendo el marco normativo; entonces, estás incumpliendo lo que se ha fijado como el camino correcto a seguir”.
Al ocultar las resoluciones de adjudicación, apuntó el experto, las comunas también afectan el «control, porque las resoluciones de adjudicación y otros documentos que la ley manda a publicar son importantes para la rendición de cuentas, el control —entiéndase control de órganos de fiscalización y también el control ciudadano— para saber qué se está comprando, a quién se le está comprando, cuándo se le está comprando, por qué monto se le está comprando y cuál fue la valoración para elegir a ese proveedor».
Necesidades de la población desplazadas por «órdenes de arriba»
El experto resaltó que obras como los Museos de la Revolución, alzados con fondos municipales, no obedecen a necesidades ulteriores de la población, contrario a lo que establecen los principios que deben cumplir las compras públicas.
«Las compras son el mecanismo a través del cual se satisfacen necesidades, porque se entiende que es una necesidad que tiene la localidad. Ahora, si nos ponemos a pensar cuáles son las necesidades a nivel municipal que van desde mejoramiento de infraestructura, centros de salud, agua potable, basura, van a surgir una serie de necesidades y ni siquiera en las primeras 20 estaría la necesidad de un museo sobre la Revolución… y, en ese sentido, se distorsiona todo el tema de las compras públicas para satisfacer las necesidades ulteriores», señaló.
Consideró que ese tipo de proyectos, que se hacen para cumplir «órdenes de arriba», muestran «la instrumentalización de las compras públicas como instrumento para pagar réditos políticos, tener prácticas clientelares y obedecer a una orientación centralizada, desde arriba, que transgrede completamente lo que ya sabemos que no existe, que es la autonomía municipal».
