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Carlos Ramón González, exfuncionario de alto perfil del gobierno de Gustavo Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua el pasado 21 de mayo de 2025, según documentos publicados por el medio de comunicación Noticias RCN.
González, quien enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, habría recibido apoyo de la Embajada de Colombia en Managua para regularizar su estatus migratorio, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno colombiano.
¿Quién es?
Carlos Ramón González, de nacionalidad colombiana, es un político y abogado con una larga trayectoria en el Partido Verde, colectividad que ayudó a fundar y financiar antes de integrarse al gobierno de Gustavo Petro en 2022.
Durante su carrera, ocupó dos cargos clave: director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde gestionó la logística y el presupuesto de la Casa de Nariño, y director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un puesto estratégico en la seguridad del Estado.
Su influencia en el gobierno Petro lo convirtió en una figura de confianza, hasta que su nombre quedó vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD.
El caso UNGRD y los cargos
La Fiscalía General de la Nación imputó a González por su presunta participación en el desvío de 4,000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la investigación, estos recursos fueron utilizados para pagar sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name (3,000 millones de pesos), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (1,000 millones de pesos), con el objetivo de garantizar el apoyo a las reformas legislativas del gobierno Petro.
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Los fondos habrían salido de contratos inflados, particularmente uno relacionado con la maquinaria pesada para abastecer de agua a la zona de La Guajira.
El 3 de julio de 2025, el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó la captura de González, argumentando un riesgo de fuga debido a su posición social, recursos económicos y antecedentes de viajes internacionales. Según publicaciones de diversos medios de comunicación colombianos.
Sin embargo, González ya se encontraba en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, según información de Noticias RCN.
Gestiones diplomáticas
Documentos obtenidos por Noticias RCN revelan que el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que González fue imputado, la Embajada de Colombia en Managua solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua la renovación de su residencia, refiriéndose a él como “compañero”.
Esta gestión ha levantado sospechas sobre una posible intervención del gobierno colombiano para facilitar la permanencia de González en el extranjero.
El presidente Gustavo Petro y la exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, han negado cualquier involucramiento. Petro afirmó en su cuenta de X que “el gobierno no ha solicitado privilegios para nadie”, mientras que Sarabia aseguró no haber tenido conocimiento de los trámites.
Sin embargo, la cercanía de González con el Partido Verde, al que pertenecía el exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz (quien asumió como senador en febrero de 2025), ha alimentado las especulaciones sobre influencias políticas en el caso.
Ubicación y solicitud a Interpol
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, confirmó que González participaba en las audiencias del caso UNGRD de manera virtual desde Nicaragua, utilizando una dirección IP local.
La Fiscalía giró una solicitud de circular roja ante Interpol para su localización y captura, pero hasta el 14 de agosto de 2025, no ha recibido respuesta de la organización internacional, lo que ha generado críticas por la demora.
