En febrero de 2025 la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó una nueva Constitución nacional —encubierta como reforma constitucional parcial—, con la que confirmó la deriva dinástica y totalitaria por la que conduce al país. Después, ese mamotreto constitucional ha sido reformado irregularmente dos veces en menos de seis meses, demostrando la inconsistencia del régimen con su propia narrativa jurídica sinuosa.
El recién pasado 6 de agosto, la Asamblea Nacional de la dictadura aprobó otra reforma constitucional, esta vez de los artículos 159 y 160. Esta reforma fue para desaparecer al Ministerio Público fusionándolo en la Procuraduría General de Justicia.
Esto no ha sido un ajuste técnico y mucho menos una modernización institucional. Por el contrario, es un golpe final directo a la columna vertebral del sistema de justicia penal que quedaba al menos en teoría, como es la independencia del órgano acusador.
Antes del restablecimiento de la dictadura, el Ministerio Público tenía autonomía orgánica, funcional y administrativa, y en general respondía únicamente a la Constitución y las leyes. Con el restablecimiento de la dictadura se socavó la integridad de dicha institución, y ahora, con la nueva reforma se concentran en la Procuraduría las funciones que antes ejercía el Ministerio Público. Lo cual se justifica, como es propio de los revolucionarios marxistas, con un trillado lenguaje ideológico que caricaturiza su misión jurídica.
Expresiones como “profundo compromiso revolucionario y patriótico”, “conquistas de la Revolución” y “principios políticos” aparecen en el texto de esta reforma constitucional, sellando el sometimiento de la función acusadora a la narrativa oficial de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cuando una Constitución se llena de consignas políticas, el derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en su herramienta. De esa manera la Procuraduría ha dejado de ser garante de la legalidad para convertirse en guardiana de la lealtad política a la dictadura. En Nicaragua la justicia no tiene como referente el respeto a la ley, sino la obligatoria adhesión a los que están en el poder.
También la nueva reforma ha ampliado de manera ambigua y peligrosa las atribuciones de la Procuraduría, para perseguir no sólo delitos penales sino cualquier acto que la dictadura considera lesivo a los “intereses supremos del Estado y del pueblo” o al “patrimonio político y jurídico del pueblo nicaragüense”. Con esos términos cualquier persona puede ser convertida en enemigo público.
En realidad, con la nueva reforma la dictadura Ortega-Murillo termina de desmontar la institucionalidad democrática en el ámbito de la justicia e institucionaliza el Estado represivo con apariencia de legalidad. El derecho dejó de ser un escudo protector para la ciudadanía y se convirtió en arma al servicio del poder. Al desaparecer el Ministerio Público como órgano autónomo y ser subsumido en una Procuraduría ideologizada y subordinada al Ejecutivo, se termina de consolidar un modelo de “justicia” al servicio del poder político. Se concentra en el Gobierno el monopolio de la acción penal y se elimina uno de los últimos mecanismos formales de control sobre su actuación, institucionalizando de manera definitiva la represión a nivel constitucional.
Vista con una óptica jurídica normal, moderna y decente, esta reforma es una flagrante violación del principio de imparcialidad consagrado en tratados internacionales, que establecen que toda autoridad judicial o fiscal debe actuar sin favoritismos, presiones ni sesgos ideológicos. Al contrario, el modelo establecido en Nicaragua de subordinación directa de la justicia al poder político es esencialmente totalitario y por tanto incompatible con los estándares internacionales.
En Nicaragua se ha impuesto definitivamente el aberrante concepto marxista-leninista, de que el derecho es la voluntad de la clase social dominante o del partido político que está en el poder, convertida en ley. En las condiciones de Nicaragua es la voluntad hecha ley de los dos codictadores que se sostienen en el poder mediante la represión política, social, económica, judicial, policial y militar.
Por supuesto que este sistema político y legal totalitario tendrá que ser abolido por completo, sin dejar ningún vestigio más que el mal recuerdo, cuando Nicaragua vuelva a ser un país republicano y democrático.
