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La abogada nicaragüense y presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), Anexa Alfred, manifestó que este 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas, el mensaje para las comunidades originarias de Nicaragua es seguir resistiendo ante las violaciones de sus derechos de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Alfred, la primera indígena nicaragüense en ocupar la presidencia en el mecanismo especializado en pueblos indígenas de la ONU, recordó que Nicaragua alguna vez fue un referente regional por la promulgación de un marco legal de protección a los territorios comunales. En 2002, el país aprobó la «Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz», lo que lo convirtió en el primer país centroamericano con una legislación específica sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas del Caribe.
Pero «hoy en día Nicaragua no solo ha retrocedido en el reconocimiento de los derechos colectivos, también ha faltado a sus compromisos internacionales en materia de pueblos indígenas», dijo la defensora de los pueblos originarios.
Alfred recordó que Nicaragua es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, un tratado internacional que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, reconociendo sus culturas, tierras, recursos naturales y participación en el desarrollo que les afecta. El Estado nicaragüense ratificó este tratado en 2010.
Aun así, la abogada y presidenta aseguró que los territorios indígenas han sido invadidos históricamente por colonos ante la indiferencia de los diferentes gobiernos, pero particularmente el actual régimen Ortega Murillo ha escalado en la incursión ilegal de los territorios comunales, precisamente días antes de la conmemoración internacional de los pueblos indígenas .
Comunidades indígenas a las puerta del desalojo
La Asamblea Nacional aprobó el pasado cinco de agosto la nueva Ley de Territorio Fronterizo, que establece la nacionalización de los primeros 15 kilómetros desde la frontera de Nicaragua hacia el interior del país, lo que perjudicará a al menos 100 comunidades de las 304 que forman parte de los 23 territorios indígenas con titulación otorgada por el Estado de Nicaragua.
Los expertos han advertido que esta ley puede servirle a la dictadura como base legal para el despojo de tierras indígenas registradas mediante procesos de titulación, incluso en zonas protegidas. Algunos de estos territorios en el norte son Li Lamni Tasbaika Kum, con 26 comunidades; Wangki Li Aubra, con 18; Axas Tingni, con tres; y Wangki Maya, con 21. En el sur está Rama y Kriol con nueve comunidades.
Organizaciones nacionales y nicaragüenses en el exilio, han registrado que la mayor parte de las incursiones a territorios comunales son realizados por colonos armados que buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.
“Según los datos del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, de 2015 a la fecha han sido asesinados unos 40 indígenas, 47 más han sido heridos, 44 secuestrados y cuatro desaparecidos en casos relacionados con invasiones de tierras”, dijo Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
Invasión oficial de la Reserva Indio Maíz
Y hace una semana, el régimen Ortega Murillo oficializó la entrega de más de 100,000 hectáreas a la empresa minera china Thomas Metal, en propiedades donde están asentadas comunidades de la etnia indigena Rama-creole. Los lotes concesionados para la explotación minera están ubicados en el departamento de Río San Juan, sureste del país, que forma parte del sistema de áreas protegidas de la Reserva de Biosfera de Río San Juan, un territorio donde existe gran diversidad y riqueza natural. Concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal en los lotes La Mónica, El Castillo y La Guinea, en el departamento de Río San Juan.
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Particularmente las dos últimas concesiones en los lotes El Castillo y La Guinea, son propiedades ubicadas dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, un área protegida que tiene una categoría nacional muy restrictiva, donde se supone que sólo pueden habitar comunidades indígenas.
En mayo de este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura, reformó la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, para permitir la exploración y explotación de los recursos naturales con fines económicos dentro de las zonas antes protegidas y desplazando la consulta pública libre e informada a las comunidades indígenas.
El ambientalista y biólogo Amaru Ruiz que las próximas reformas modifiquen la Ley del Régimen de Propiedad Comunal (Ley 445) y la Ley Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley 28), para «legalizar» la entrega de concesiones mineras en áreas protegidas.
Diputados indígenas presos
La dictadura Ortega Murillo además mantiene preso desde hace casi dos años al diputado y líder indigena Brooklyn Rivera Byan y a su diputada suplente, tambien indigena, Elizabeth Nancy Henríquez James. Ambos son indígenas de la etnia miskita del Caribe Norte del país, líderes del partido Yatama, primera organización política indigena de Nicaragua, que además fue cancelada por el régimen orteguista tras el arresto de los diputados.
Rivera y Henríquez fueron encarcelados por denunciar la invasión de los colonos en los territorios indígenas, el saqueo y la destrucción de sus comunidades en la Región de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Luchar y resistir
La defensora de los derechos indígenas manifestó que aunque la población indígena nicaragüense no tenga nada que celebrar en su día internacional –reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994-, esta fecha debe servir para recordar la lucha y la resistencia de los pueblos originarios.
«Podemos ver que los cambios en la normativa nicaragüense son contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, quedando en evidencia que más allá de avanzar, conmemorar o celebrar este día, lo que queda más bien es seguir resistiendo, demandando o luchando por el respeto efectivo a los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas», dijo Anexa.
Por su parte, para la dictadura Ortega Murillo el «Día Internacional de los Pueblos Indígenas» es otra fecha que agrega a la lista de actividades conmemorativas de cada día, orientando actividades culturales en los municipios y publicaciones en las redes sociales de todas las instituciones públicas.
La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura, publicó en la víspera del día de los pueblos indígenas, que en 2007 aprobaron un «decreto legislativo que declara el nueve de agosto como Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Nicaragua, estableciendo que el Ministerio de Educación promoverá y desarrollará en coordinación con los pueblos indígenas, actividades educativas, culturales y artísticas que revitalicen su identidad y valores».
«Vemos cómo se usan elementos culturales para poder decir que se respetan o se promueven las costumbres indígenas, pero de una manera que más bien ofende la cultura de los pueblos puesto que estos son elementos sagrados de los pueblos y que hoy vemos cómo la dictadura sandinista de Ortega y Murillo más bien los manosea», dijo Alfred.
