El martes 5 de agosto la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó una nueva ley de territorio fronterizo, que por su sentido totalitario y los daños que podría causarles a muchos nicaragüenses, incluyendo a las comunidades indígenas, ha infundido mucha preocupación pública.
La nueva Ley de Territorio Fronterizo (Ley 749), amplía la zona especial de seguridad a una distancia de 15 kilómetros, a partir de las fronteras convencionales. Eso significa nacionalizar o estatizar más de 18,000 kilómetros de territorio nacional adyacente a las fronteras con Costa Rica en el sur y con Honduras en el norte.
No tenemos información precisa sobre la cantidad de gente que vive en ese extenso territorio, cuyas propiedades han sido expropiadas de un plumazo y podríamos decir que prácticamente confiscadas, si consideramos la naturaleza rapaz y absolutista de la dictadura que sufre Nicaragua.
Según información de LA PRENSA, en ese territorio fronterizo que ha sido expropiado “hay plantaciones de café, naranjas y palma africana, granjas acuícolas, pastizales, negocios turísticos, reservas ecológicas, casas de habitación y otras propiedades”. Y agrega que la susodicha nueva ley “es tan escueta que no le aclara a los afectados si pueden seguir usufructuando esos bienes o si tendrán que pagar una renta al Estado para seguir ocupándolos”.
En la oposición política y mediática del exilio se hacen diversas conjeturas acerca de las razones de la dictadura para imponer esta ley draconiana. Sin embargo, al parecer la principal es la paranoia de los codictadores que los hace imaginar la existencia de poderosos enemigos externos acechándolos al otro lado de las fronteras, para en cualquier momento atacarlos y tratar de derrocarlos.
En realidad, como también informó LA PRENSA este jueves 7 de agosto, desde mucho antes de la rebelión democrática nacional y la crisis sociopolítica de 2018, la dictadura ya había mostrado su intención de declarar como zona de seguridad nacional esa enorme cantidad de territorio fronterizo, y que pasara a ser propiedad del Estado.
Lo quiso hacer desde cuando tenía la alianza con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la cúpula empresarial participaba en la elaboración y aprobación de leyes, particularmente las relacionadas con temas de interés económico y empresarial.
La dictadura pretendió que en la Ley de Régimen de Fronteras que fue dictada en diciembre de 2010 se establecieran los 15 kilómetros de territorio fronterizo como propiedad del Estado. Sin embargo, el Cosep se opuso, negoció con la dictadura y logró que la franja territorial para la seguridad fronteriza fuera reducida a 5 kilómetros. Además, logró que aquella ley contuviera normas específicas y claras para la protección de los derechos de propiedad dentro de los territorios fronterizos.
La nueva ley fronteriza no contiene ninguna disposición para proteger los derechos de los propietarios de viviendas, tierras, plantaciones y otros establecimientos productivos en los territorios adyacentes a las fronteras.
Veremos si en el reglamento de la nueva ley incluyen por lo menos algunas de las garantías que negoció el Cosep y estaban en la legislación que ha sido derogada.
