Comentamos ayer en este espacio editorial las profundas reflexiones sobre el perdón que hizo el obispo nicaragüense exiliado, Rolando Álvarez, en una catequesis que dictó en el Jubileo Mundial de los Jóvenes que se realizó la semana pasada en Roma.
Cabe agregar ahora que el perdón no sustituye a la justicia. No la sustituye en la doctrina cristiana, pero tampoco en el derecho común. El perdón propicia la justicia, y puede complementarla, pero no puede sustituirla.
En realidad, el perdón y la justicia están relacionados, pero al mismo tiempo son distintos. El perdón es la actitud personal de alguien que recibió un agravio, un ultraje físico o moral, o que ha sido víctima de una injusticia, pero perdona a su ofensor y no le guarda resentimiento ni rencor. En tanto que la justicia es la reparación del daño recibido y el castigo merecido que se impone al hechor del agravio, daño o injusticia.
Según los expertos, el perdón es una decisión de la persona motivada por convicciones religiosas o humanistas. Y la justicia es la aplicación de normas legales de castigo para quienes las merecen, a fin de garantizar la reparación moral y material de los daños infligidos por unas personas a otras y la convivencia social segura.
Coincidiendo con lo dicho en Roma por monseñor Rolando Álvarez, el capellán de prisiones neozelandés Jim Consedine, coautor del libro Justicia restaurativa: Sanando los efectos del crimen, reconoce que “el perdón es probablemente la virtud humana más difícil de practicar. Sin embargo, sigue siendo fundamental para cualquier proceso restaurativo duradero, personal o colectivo, aunque su importancia a menudo se subestima y se ignora. A primera vista, a veces parece injusto intentarlo, dado el dolor causado por una injusticia. Pero practicar el perdón es fundamental para una vida sana”.
En el mismo sentido cabe recordar que el papa Juan Pablo II, quien visitó dos veces Nicaragua y su memoria es muy grata para el pueblo católico nicaragüense, en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz de 1993 aseguró que “no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin perdón”.
En Nicaragua, cada persona que ha sufrido agravios y graves daños morales, jurídicos y materiales de parte de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es libre de perdonar o no a sus ofensores y verdugos. Nadie los puede obligar a hacer lo uno o lo otro. Pero seguramente tienen razón quienes dicen que, aunque las víctimas perdonen o no lo que han sufrido, de todas maneras cuando llegue el momento propicio se tendrá que hacer justicia.
Hacer justicia, dicen los expertos jurídicos democráticos, es indispensable para compensar a las víctimas y garantizar, o al menos procurar, la no repetición. Es decir, que no vuelva a haber dictaduras de ningún signo ideológico, de izquierda o derecha, que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos y cualquier otra clase de abusos del poder político, y de nadie más, contra la gente.
La justicia tendrá que ser impartida por jueces probos, profesionales, imparciales y ecuánimes, que respeten, como debe de ser, el derecho al debido proceso de los acusados, que dicten sentencias fundadas en pruebas irrefutables y sin ánimo de revancha, sólo con la voluntad de hacer justicia en el verdadero sentido de la palabra.
Cuando cayó la dictadura somocista, en 1979, no hubo justicia. Lo que hizo la “justicia revolucionaria” de los “tribunales populares” de los sandinistas fue pasarle la cuenta a culpables e inocentes de los crímenes cometidos por la dictadura anterior. Y no podía ser de otra manera porque su verdadero objetivo era implantar una nueva dictadura.
Se conoce que ahora hay evidencias y pruebas suficientes, reunidas por comisiones internacionales de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y muchos otros de menor categoría cometidos por la dictadura sandinista contra muchos nicaragüenses. Esas evidencias y pruebas, y las que se siguen acumulando, tendrán que ser valoradas objetivamente y verificadas cuidadosamente por jueces profesionales e íntegros, cuyas sentencias no deberán dejar ninguna duda de su legitimidad.
Ojalá que por el bien de Nicaragua y de todos los nicaragüenses estos buenos deseos de justicia verdadera se conviertan en realidad. Y que la sociedad nicaragüense se reconcilie de manera permanente y por fin en Nicaragua haya libertad, democracia y una paz verdadera fundada en la auténtica justicia.
