Las últimas modificaciones a la política de reciprocidad arancelaria de los Estados Unidos de América (EE. UU.), anunciadas el 31 de julio, reiteran un arancel del 18 por ciento para las exportaciones de Nicaragua a ese país.
Esta política, que entró en vigor el 5 de abril de este mismo año, impuso un arancel general ad valorem del 10 por ciento a todas las importaciones, incluyendo las procedentes de América Latina y el Caribe, excepto para aquellos países que aparecían en el Anexo I de dicha ley, que eran Guyana, Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, los ajustes arancelarios del Anexo I quedaron suspendidos, con el propósito, aparentemente, de propiciar acuerdos bilaterales, que en efecto derivaron en arreglos comerciales con Japón, Reino Unido, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas e Indonesia, entre otros.
Durante este tiempo, EE. UU. también ha amenazado con imponer, o ha impuesto, aranceles punitivos a algunos países, como el reciente arancel del 50 por ciento aplicado a Brasil, en represalia por el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro, y las acciones judiciales de ese país contra empresas estadounidenses de tecnología y redes sociales.
En los aranceles recíprocos ajustados del Anexo I, que este mes entran en vigencia, aparecen varios países de América Latina y el Caribe —además de Guyana, Venezuela y Nicaragua, ahora también figuran Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Trinidad y Tobago—. En este contexto, Nicaragua fue objeto de un arancel del 18 por ciento, equivalente a la mitad del superávit comercial del país con EE. UU. sobre sus exportaciones hacia ese mercado, que ronda el 36 por ciento.
Si se examina el arancel de importación de Nicaragua —basado en la nomenclatura y los derechos arancelarios a la importación (DAI), conforme al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)— se observa que Nicaragua tiene pocos márgenes de acción para negociar, quid pro quo, la reducción del nuevo arancel, pues casi todos los productos importados desde EE. UU. ya gozan de arancel cero, salvo escasas excepciones en las secciones de Animales Vivos y Productos del Reino Animal, y Productos del Reino Vegetal.
Entre las excepciones destacan los altos aranceles impuestos a la importación de carne de pollo (muslos y piernas, incluso unidos, 82.61 por ciento), leche en polvo con más del 1.5 por ciento de materia grasa (hasta 30 por ciento), y arroz en distintas presentaciones, paddy para consumo (22.61 por ciento), descascarillado (31.10 por ciento) y semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (31.10 por ciento).
Esta situación imposibilita la negociación de una reducción del arancel recíproco, ya que son pocos los productos con aranceles altos que pudieran ser reducidos. Es evidente entonces que la nueva política arancelaria global de Estados Unidos está castigando con fuerza a la dictadura, cuya retórica antinorteamericana y abusos contra los derechos humanos de los nicaragüenses muy probablemente contribuyeron a que Nicaragua fuese el país miembro del DR-Cafta que recibió el porcentaje arancelario más alto.
Aunque la dictadura se ha venido beneficiando de precios internacionales muy favorables en sus principales productos de exportación, tal como el oro, el café y la carne, este nuevo panorama que está pintando su principal socio comercial oscurece las perspectivas económicas, al menos en el corto plazo, sobre todo si se toma en cuenta que la otra importante fuente de ingresos del país, las remesas, también están siendo afectadas por las políticas del presidente Donald Trump.
