Según los especialistas,la justicia internacional es el conjunto de normas legales, principios y mecanismos establecidos para garantizar la rendición de cuentas por delitos graves, como violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. La justicia internacional implica la existencia de tribunales debidamente autorizados para investigar, procesar y sancionar a los culpables, y para dar reparaciones o compensaciones a las víctimas.
Para el caso de Nicaragua, juristas democráticos nicaragüenses en el exilio han estudiado y presentado la ruta que se debe recorrer en busca de la justicia internacional. Esto con el objetivo de que los crímenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo —que incluyen delitos de lesa humanidad según denuncias documentadas de los organismos internacionales de derechos humanos— puedan ser juzgados y castigados como es merecido.
Esos juristas creen que es posible que los tribunales internacionales hagan justicia a las víctimas de la dictadura. Sin dejar de reconocer, sin embargo, que el camino para llegar a ella es largo, lento e incierto.
En realidad, si la justicia interna de los países es engorrosa y tardada, la justicia internacional es más complicada y lenta porque los procesos legales son muy complejos y se tienen que cumplir rigurosamente diversas normas de procedimiento procesal, para garantizar que los juicios sean creíbles y las sentencias incuestionablemente justas.
Además, la justicia internacional enfrenta dificultades adicionales como —en muchos casos— la falta de cooperación de los gobiernos, las limitaciones de presupuesto y, sobre todo, que no tiene a su disposición una fuerza coercitiva propia para hacer cumplir las resoluciones y sentencias, cuando llega a dictarlas.
Para ilustrar lo dicho podemos mencionar el caso del déspota socialista de Serbia, Slobodan Milosevic, quien fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y crímenes de guerra contra las poblaciones de los países vecinos, Bosnia, Croacia y Kosovo.
Milosevic fue derrocado en 2002 y un año después entregado al Tribunal Penal Internacional, pero murió en 2006 por un infarto cardíaco sin que dicho tribunal llegara a sentenciarlo.
Otro caso representativo es el de Omar Hasán Ahmad al Bashir, exdictador de Sudán, quien fue acusado por genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. El Tribunal Penal Internacional dictó dos órdenes de arresto contra él, una en 2009 y la otra en 2010. Estando en el poder Al-Bashir viajó por varios países sin que en ninguno se le quisiera detener, hasta que fue derrocado en 2019. Desde entonces está preso en Sudán, sin ser entregado a la justicia internacional para ser juzgado.
Desde que el Tribunal Penal Internacional comenzó a funcionar, en el año 2002, ha dictado 11 sentencias de condenas y 4 absoluciones. En ejercicio de sus funciones ha emitido alrededor de 60 órdenes de arresto, pero sólo 21 se han cumplido. Y las penas impuestas en las 11 veces que dictó sentencia, han sido sólo de 9 a 30 años de prisión, pues su Estatuto no contempla la pena de muerte para ningún caso.
En lo que se refiere a Nicaragua, la dictadura ha sido acusada penalmente en Argentina, en aplicación de la jurisdicción universal que ese país suramericano reconoce. Y en diciembre de 2024 un juez argentino dictó orden de captura contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y una docena de sus colaboradores más cercanos en la práctica criminal de la represión. Pero es evidente que esas órdenes de captura no han pasado a más.
La lentitud y hasta ahora ineficacia de la justicia internacional en el caso de Nicaragua, hace que muchas personas pierdan la esperanza en que los dictadores y sus secuaces puedan ser castigados. Sin embargo, los juristas democráticos que han estudiado a fondo el caso, aseguran que se debe seguir confiando en la justicia internacional porque, al menos por ahora, es la única a la que se puede apelar.
En realidad, en Nicaragua sólo podrá haber justicia y reparación para las víctimas cuando desaparezca la dictadura y comience la transición a la nueva república democrática.
